Vincular las pensiones mínimas al SMI supondría un alza de impuestos encubierta

Isabel Acosta, directora de ‘elEconomista Pensiones’

24 abr 2019 / 09:23 H.

    La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin concretar cómo ni en qué medida, de vincular las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI) no es bienvenida por los expertos, y no porque desdeñen en absoluto que se estipule un suelo de suficiencia que garantice una dignidad económica mínima de estas pagas, sino por la ligereza de la declaración electoralista del candidato socialista y la ocultación de su impacto en el bolsillo del contribuyente. “Los complementos a mínimos se pagan vía impuestos”, zanja una autoridad en pensiones como argumento definitivo. Así pues, el esbozo de propuesta de Sánchez derivaría, sí o sí, en un alza fiscal, que se suma a la subida de las bases de cotización que produce el mayor SMI como efecto arrastre. La situación generaría directamente una dependencia de unos ingresos ligados al dinamismo económico del país y su nivel de empleo. Una ligazón ésta, además, no correlativa con la pretensión, ya que el salario mínimo nunca evoluciona a la baja, ajeno a la marcha del ciclo económico y de las Cuentas Públicas. Lo cierto es que existe una mayoría de pensionistas en los tramos más bajos que, en verdad económica y términos de justicia social, en función de sus circunstancias personales y patrimoniales son acreedores de una mejora en sus pagas que no rompa, eso sí, los principios de la contributividad ni genere el moral hazard de la infracotización en aquellos colectivos que, pudiendo elegir una aportación mayor la hagan menor por una suerte de efecto llamada y se beneficien de un complemento a la pensión llamado a nivelar situaciones asistenciales. Por otra parte, la idea presidencial de vincular, sin decir en qué proporción, la pensión mínima al SMI adolece de otro defecto técnico inherente a nuestro sistema: no existe una definición numérica de pensión mínima como tal, lo cual pone sobre la mesa una primera necesidad: la fijación de ese baremo, cuestión nada baladí y que habría previamente que regular. Si bien el consenso de la OCDE ubica la suficiencia en el 60 por ciento del salario neto más frecuente en cada país, la determinación de esta cifra como umbral de dignidad económica habría de arbitrarse en función de circunstancias del beneficiario que no están definidas y que, de hecho, dinamitaron parte de las negociaciones del Pacto de Toledo, al entender algunos de sus miembros que la cota mínima debería ser incluso mayor a lo estipulado por el consenso internacional.