Modelos de cotización
a la Seguridad Social

Sebastián Reyna, Profesor del Instituto de Formación para el Trabajo Autónomo (IFTA) Consejero editorial de ‘elEconomista’

29 ene 2020 / 08:45 H.

    Tras el fracaso en la pasada Legislatura del cierre del proceso de negociación en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, entre otras razones por el veto impuesto por la que ahora es nueva Ministra de Trabajo, aunque no de Seguridad Social, parece que la constitución del nuevo Gobierno debería incentivar el comienzo de una nueva ronda de sesiones de trabajo de esta Comisión, dar por oídas las diferentes propuestas de agentes sociales y expertos, y comenzar la fase de Diálogo Social y análisis de propuestas en trámite de Ponencia y Comisión en el Congreso.

    La situación financiera del Sistema, y la confirmación de los factores que abocan a una situación de déficit continuado, así lo aconsejan y así fue puesto de manifiesto por el que ahora es el nuevo Ministro del ramo durante su etapa anterior como director de la AIReF.

    Efectivamente la previsión de llegar en corto plazo a un número de al menos 20 millones de cotizantes parece eternizarse con los nuevos datos de afiliación, por otra parte la media de cotización vinculada a los ingresos parece que no confirman que sea ni siquiera suficiente con esta cifra de cotizantes si los salarios medios no se incrementan. Sin duda las subidas previstas del SMI podrían mejorar la recaudación media, pero la generalización de los contratos parciales y temporales puede hacer que estas previsiones no sean suficientes y que deberíamos estar más cerca de los 21 millones de cotizantes para conseguir el objetivo de equilibrio presupuestario, lo que parece por el momento difícil en la senda actual de creación neta de empleo.

    Por ahora los débiles acuerdos parecen concentrarse tan solo en materia de prestaciones. Estamos ante un relativo consenso en mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones por encima de la mínima subida del 0,25% que preveía la última modificación legal. Incluso el Partido Popular, propulsor de esa reforma legal, acepta ya no aplicar el denominado “factor de estabilidad” que condicionaba estas subidas a la evolución demográfica y al desarrollo de nuestra economía con un modelo de actualización al menos complejo en su aplicación.

    Pero la actualización de las pensiones en términos equivalentes a la inflación efectiva, una medida sin duda justa en términos sociales y eficaz en lo económico, por el mantenimiento de la capacidad de consumo interior, no sólo no viene a solucionar el problema financiero, sino que puede agravarlo, si no se toman otras medidas, y estas sólo pueden avanzar por el capítulo de los ingresos.

    Tenemos un problema con las cotizaciones y este viene por tres ámbitos: De una parte los bajos salarios medios no permiten prever incrementos de ingresos suficientes, por otra parte el modelo de cotización en los regímenes especiales, como son los del trabajo por cuenta propia, empleados/as de hogar y sector agrario, están poniendo en déficit continuado estos sistemas particulares, y también la permanencia de un tope máximo en las bases de cotización hace que aquellos trabajadores y empresas que tienen una mayor capacidad de contribución no lo hagan y con ello el sistema resulte menos equitativo.

    Abordar este problema resulta difícil pero es necesario. Los incrementos del SMI y la mejora en la evolución salarial vinculada a la negociación colectiva puede ayudar en este objetivo, pero si tenemos en cuenta que cada vez son más los trabajadores excluidos de los Convenios Colectivos y que la parcialidad en la jornada, en muchos casos no deseada, se generaliza, la existencia de más contratos no implica necesariamente, más cotizantes efectivos.

    Por otra parte parece urgente avanzar ya en un nuevo modelo de cotización para más de tres millones de trabajadores autónomos que deberían hacerlo de acuerdo a sus ingresos reales estimados. Esta formulación puede implicar que varios cientos de miles de trabajadores independientes no estén obligados a cotizar, pero también que aproximadamente un millón y medio deban actualizar sus cotizaciones de acuerdo a unos tramos más razonables y cercanos a la realidad de las rentas medias de la tributación por rendimientos económicos.

    Algunos sistemas especiales, como el agrario, deben afrontar también unas cotizaciones más reales y proporcionales a la capacidad de renta de los cotizantes. Por otra parte será necesario aclarar el límite entre las funciones del empleo vinculadas a los servicios del hogar, con otras actividades como las relacionadas con los trabajos para la ayuda a la dependencia, que deberían cotizar en el marco del Régimen General.

    Las bases máximas de cotización deben actualizarse. Hoy ya es un número muy importante el de los profesionales vinculados a grandes empresas que tienen ingresos muy superiores a los 4.070 euros mensuales que establece el límite de cotización. Es cierto que esta decisión debería llevar también a una evolución de las pensiones máximas, pero si estas últimas cambian a un ritmo inferior que la cotización máxima, podemos estar ante un escenario de ingresos más razonable.