Las pensiones, una cuestión de Estado

Miguel Carrero, Presidente del Grupo PSN

25 sep 2019 / 10:04 H.

    El sistema público de pensiones, es evidente, necesita afrontar una serie de retos fundamentales para su supervivencia, y debe hacerlo de manera inmediata. A día de hoy, no hay soluciones sobre la mesa. ¿A qué se debe este letargo, si no parálisis, perpetuado a través de las sucesivas legislaturas? Se han sucedido las promesas que mostraban buena fe, finalmente incumplidas, de modo que llega a parecer que nos enfrentamos a un comportamiento premeditado por parte de quienes nos dirigen, cuyo objetivo sería eludir el abordaje de un problema para cuya solución se percibe una incapacidad manifiesta.

    Un claro ejemplo es el Pacto de Toledo: 25 años
    sin propuestas, exceptuando la referente al índice de desvalorización; 25 años de ausencia de soluciones, de absoluta ineficiencia; un cuarto de siglo en el que no se ha aportado nada que sirva para paliar el problema. Pero esta falta de utilidad, y la derivada pérdida de tiempo de años, nunca produce sonrojo a los responsables ni ha sido motivo de disculpa alguna ante la ciudadanía. ¿De verdad hablamos de incapacidad de tantas personas? ¿Tantos esfuerzos inútiles se han llevado a cabo? Parece imposible. Incluso se podría llegar a pensar que estamos ante un engaño a la población, quizá perpetrado con premeditación y alevosía; una cortina de humo de una clase política sin soluciones ni compromiso, incapaz para decir en voz alta la realidad que la sociedad española merece: “El sistema es inviable. No tenemos alternativas”.

    Un informe de Willis Towers Watson afirma que, si se aplicase en 2020 el índice de revalorización de las pensiones, su valor caería un 1,87 por ciento. Y aun así, este índice, paralizado por el anterior Gobierno, persigue descargar el déficit del sistema. Resulta más que chocante que no se halle ninguna solución definitiva para los pensionistas, y los que en el futuro lo serán, que van perdiendo poder adquisitivo. Mientras, paradójicamente, aumenta la recaudación de impuestos y se desorbita el gasto público. Los jubilados no importan.

    Es una cuestión grave, de sucesivos compromisos y responsabilidades incumplidas ante la que los responsables pasan de puntillas. Si nuestros dirigentes no son capaces de administrar nuestros impuestos ofreciendo los servicios y prestaciones a la altura del esfuerzo que hacen los ciudadanos, debe de plantearse si tal vez ese dinero no deba de salir del bolsillo de los contribuyentes, sirviendo para que, bajo su propia responsabilidad, gestionen su jubilación.