La urgente necesidad de mirar
a largo plazo

Daniel Alonso, director comercial Canal Financiero de CNP Partners

24 abr 2019 / 09:15 H.

    En una época de elecciones como las inminentes que vamos a vivir, se acentúa el debate sobre el futuro de las pensiones, una cuestión que cada vez tiene más peso en los programas electorales de los partidos políticos, que tienen que contentar al colectivo de personas que se encuentran en situación de jubilación o cercana a ella. Un grupo poblacional que, año tras año, crece exponencialmente.

    Desde los años 50, la población en España no ha dejado de crecer hasta llegar al año 2010 donde se marcó un techo. Entre ambas fechas, hemos pasado de, apenas 30 millones de habitantes, a más de 46 millones. Tras los máximos alcanzados en 2010, la población no ha dejado de disminuir y las proyecciones de expertos no invitan al optimismo, ya que, según muestran, se espera un prolongado descenso poblacional hasta finales de siglo, momento en el que seremos menos de 40 millones de habitantes en España.

    Este hecho se verá acompañado de un envejecimiento de la población, confirmándose así que el colectivo de personas de mayor edad no dejará de crecer. Si en la actualidad, la población más numerosa es la que se encuentra entre 40 y 49 años, en 2050, lo será la que se encontrará entre los 70 y los 79 años. Si añadimos a estas proyecciones, hechos como la cada vez más tardía incorporación de la población al mercado laboral, la esperanza de vida creciente y, en los últimos años, una devaluación salarial en términos generales, podemos entender por qué las cuentas públicas se desequilibran, sufriendo un incremento de los costes muy superior al de los ingresos.

    Además, este sistema, con gastos crecientes, aumenta su déficit ejercicio tras ejercicio, y va vaciando la conocida “hucha de las pensiones”, incluso en un entorno de crecimiento económico y de generación de empleo. Tanto es así que, al ritmo actual de crecimiento de la deuda, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que, para mediados de siglo, el déficit de la Seguridad Social representará alrededor de un 50 por ciento del PIB del país. Es decir, que será equivalente a la mitad de lo que España produzca a lo largo de un año.

    En este momento sería apropiado comparar nuestra situación con la de los países de nuestro entorno, contextualizándola en un ámbito más global, mientras que continuamos con el debate público sobre si es o no sostenible nuestro actual sistema de pensiones.

    En 2018 la pensión pública máxima en España era de 2.580 euros mensuales -la segunda más alta de la Unión Europea tras la luxemburguesa-. Otros países, como Bélgica (1.295 euros), Francia (1.135 euros), Dinamarca (1.036 euros) o Reino Unido (840 euros) se encontraban lejos de nuestra pensión máxima. Tanto es así, que nuestra pensión media de 1.257 euros era incluso superior a la máxima de muchos de los citados países.

    Por otro lado, no conviene olvidar que desde la Unión Europea se fija un objetivo de déficit a los países miembros y España está muy por encima de la media. También nos alertan el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), que lanza un severo correctivo a España en su informe anual correspondiente al ejercicio 2018 y avisan sobre la insostenibilidad del actual modelo de pensiones por el envejecimiento natural de la población “a medio plazo” a los estados “en los que los niveles de deuda pública son elevados”.

    Si nuestros salarios fuesen netamente superiores a los de los países de nuestro entorno, podríamos pensar que, vía aumento de impuestos, podríamos cubrir la diferencia y enjugar el déficit, manteniendo el actual sistema de pensiones. Pero la realidad es que, mientras el salario medio nacional se encontraba en 1.639 euros brutos mensuales en 2017, en Dinamarca era de 3.807, en Luxemburgo de 3.228 o en Francia de 2.356. La media en la Unión Europea era de 2.000 euros, un 18 por ciento superior a la media española.

    Ante esta situación, podemos pensar en hacer dos cosas: esperar a ver cómo se soluciona el problema o abordarlo de una manera realista, implicándonos todos. Esta segunda opción parece la más lógica. Pero para llevarla a cabo, se hacen necesarias medidas que aborden el problema desde distintos ámbitos, como retrasar la edad de jubilación, crear un entorno mejor para el emprendimiento que genere empleo y que éste esté mejor remunerado, y que los jóvenes puedan incorporarse antes y en mejores condiciones al mundo laboral.

    Al mismo tiempo, se deberán tomar medidas que permitan mejorar la renta disponible de los jubilados, bien sea a través de actividades laborales determinadas o fomentando el ahorro privado. Lo que está claro es que el sistema necesita de una estrategia clara y a largo plazo, sin miras al corto plazo.

    Mientras tanto, los ciudadanos debemos ocuparnos de invertir parte de nuestro ahorro con el objetivo de tener una jubilación más holgada, pues el futuro de las pensiones es incierto. El déficit público se hace fuerte y no debemos contar solo con la Seguridad Social para solucionar un problema que, desde hace más de 20 años, los economistas vienen subrayando. Se impone una disciplina de ahorro y la asunción de determinadas responsabilidades a nivel individual que ya no se deberían delegar enteramente en el Estado.