La brecha de género en
las pensiones públicas

Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer (Miembro de Ocopen)

27 mar 2019 / 10:23 H.

    Al hilo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y de las subsiguientes huelga y manifestaciones feministas, no está mal recordar aquí que, en nuestro país, el salario promedio de las mujeres es 5.941 euros inferior al salario promedio de los hombres según la última encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del año 2015, encuesta que sitúa el salario medio de los hombres en 25.992,76 euros y el de las mujeres en 20.051,58. Según otras fuentes, se habla también de que la brecha salarial entre hombres y mujeres crece hasta el 37,5 por ciento al tener éstas hijos.

    Paralelamente a lo anterior, y como no podía ser menos, en España, según las estadísticas, la pensión promedio pagada a mujeres se sitúa entre un 37 y un 40 por ciento por debajo de la de los hombres. Tal parece como si la brecha de las percepciones en activo encontrara su reflejo y correlato exacto en las percepciones en pasivo. Si bien se piensa, esto no podía ser menos. Era ésta una situación perfectamente esperable. Como señala el reciente trabajo La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor española, de Estefanía Alaminos, del Departamento de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un sistema público de pensiones en que factores como el historial de cotización -especialmente el número de años cotizados y las bases de cotización- determinan tanto las condiciones de acceso a una pensión de jubilación como su importe inicial, las mujeres parten, sin lugar a dudas, de una situación más desfavorecida en lo que se refiere a las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

    Entre los problemas más comunes en las carreras laborales femeninas que inciden negativamente sobre el acceso y el importe que las mujeres perciben en concepto de pensión de jubilación señala el referido trabajo la mayor presencia femenina en trabajos a tiempo parcial en comparación con la de los hombres, su menor dedicación de tiempo a trabajos remunerados por desempeñar labores de organización doméstica y crianza de hijos, la percepción de salarios más bajos y las discontinuidades en sus carreras laborales por cuidados a hijos y familiares. Teniendo en cuenta que, como señala Alaminos, las prestaciones públicas constituyen la principal fuente de ingresos de las personas mayores en España (un 72 por ciento del total de los ingresos en 2015, porcentaje 13 puntos por encima de la media de los países de la OCDE), esto puede darnos una idea de la incidencia y las proporciones sociales de la cuestión que nos ocupa.

    Muy lejos quedan los tiempos en que, con otra concepción y otra estructura sociales, sucedían cosas tales como que la pensión de viudedad de la Seguridad Social era principalmente para beneficiarias mujeres, situación que tuvo que ser reparada por el Tribunal Constitucional, poniendo en evidencia la discriminación que suponía desconsiderar a estos efectos el trabajo y las cotizaciones de las mujeres trabajadoras afiliadas y contribuyentes al sistema cuando fallecían y actualizando la concepción normativa a las nuevas realidades sociales.

    Hoy en día, en cambio, se impone incluso una cierta discriminación positiva que venga a reparar tanto la desventaja históricamente arrastrada por la mujer en su incorporación al mercado de trabajo como los condicionantes biológicos que conlleva la maternidad. Dentro de esta línea se inscriben medidas tales como el nuevo complemento a las pensiones para las mujeres con hijos que se jubilen en vigor desde 2016, establecido sobre la base de objetivos que van desde reconocer, mediante una prestación social pública, la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad hasta, quien sabe, puede que una medida de promoción o incentivación de la natalidad.

    Pero no podemos quedarnos en eso. En una cuestión de naturaleza y de interés públicos como son las pensiones públicas de las mujeres trabajadoras, hace falta una cierta política específica sobre la cuestión, y dicha política hace falta no menos que la revisión a fondo de la estructura, las bases y la viabilidad del sistema de Seguridad Social en general, dentro de cuya revisión debe naturalmente inscribirse. A una edad como la que ya alcanza quien esto escribe es esta una demanda y una preocupación que atañe no sólo a los que estamos hoy en la liza, sino también al mundo que queremos dejar a nuestros hijos.