Jubilación y despido: una encrucijada actual

Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer (Miembro de Ocopen)

24 abr 2019 / 12:56 H.

    No todo el mundo sabe que la jubilación, en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho del trabajador, no una obligación. Quitando el caso de la función pública, en la que sí existe la separación forzosa del cargo por retiro a una edad establecida, así como la posibilidad legal, en el ámbito de las relaciones laborales, de la jubilación obligatoria pactada e impuesta en los convenios colectivos -anulada con la reforma laboral de 2012 y sólo muy recientemente recuperada por el Real Decreto-ley 28/2018-, la decisión de jubilarse o no llegada la edad que da derecho a percibir pensión de jubilación de la Seguridad Social es una opción de cada cual enteramente libre. En torno a esta cuestión surgen una serie de conflictos que están demandando la atención del legislador y reclamando soluciones.

    Puesto que no existe la obligación legal de jubilarse una vez alcanzada la edad requerida para ello, y configurándose la mayoría de los contratos de trabajo como contratos por tiempo indefinido y no de duración determinada, con carácter general el empresario no puede imponer al trabajador el cese por retiro. El resultado de esta situación, unida al hecho de las buenas condiciones de salud y energía con las que hoy en día se suelen alcanzar las edades de jubilación, es que numerosos empleados, siempre y cuando el trabajo no les resulte penoso, se resisten a abandonar las empresas, particularmente cuando ello les puede suponer una merma importante de ingresos por la diferencia existente entre el salario que perciben en activo y el importe de la pensión máxima de la Seguridad Social.

    Como consecuencia de la situación descrita, la empresa que precisa prescindir de los empleados más mayores, ya sea por obsolescencia de éstos, para dar paso a la promoción de los más jóvenes o por otros motivos similares, se ve obligada a acudir a incentivos económicos que propicien la desvinculación del empleado o, en última instancia, a proceder al despido del mismo. Esta situación podrá verse mitigada en el caso de que la empresa disponga de un sistema de previsión social complementario de la Seguridad Social, tal como un plan de pensiones o un seguro de jubilación para el empleado, que, en mayor o menor medida, aminore el problema, pero en principio nada le garantiza el poder contar con la voluntad del trabajador para cesar en su empleo sin que éste le pida algo a cambio.

    Una solución posible a este problema, dentro de las empresas que cuentan con los referidos sistemas de previsión social complementarios, es condicionar el percibo de la prestación de dichos sistemas al ejercicio efectivo de la jubilación al alcanzar la edad para ello, pero tal solución no es posible en los planes de pensiones, en los que el partícipe consolida derechos por ley sobre los fondos constituidos, y se encuentra cuestionada en los seguros de jubilación, donde se va conformando una tendencia hacia la consolidación legal de derechos.

    El problema se enreda, tomando proporciones de cuestión social, si se tienen en cuenta las dificultades que atraviesa el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, que quizás aconsejen la prolongación de la vida laboral como una de sus posibles soluciones. En este sentido, la reintroducción de la posibilidad legal de la jubilación forzosa por convenio colectivo adopta el carácter de contramedida frente al retraso de las edades legales de jubilación.

    Por otro lado, la autoridad tributaria viene aplicando desde hace tiempo la política de denegar en numerosos casos la exención de la indemnización por despido en el IRPF cuando dicho despido se produce a una edad cercana o coincidente con la de jubilación, bajo la presunción de que, debajo de tales despidos, se esconde por lo general una salida pactada vestida de despido para acceder a la ventaja de la exención fiscal.

    ¿Qué se puede hacer, entonces, cuando la legislación laboral obliga a despedir al empleado renuente a la jubilación mientras que la interpretación administrativa de la legislación fiscal le deniega el carácter exento de la indemnización percibida?

    De todo lo expuesto se colige el carácter errático y disperso de toda la legislación existente en la materia y la ausencia de una política clara y consistente detrás de dicha legislación, por una ausencia de coherencia derivada de cosas tales como, desde la falta de previsión del legislador, hasta las marchas y contramarchas propiciadas por la alternancia política.

    Conviene recordar aquí que un buen ordenamiento jurídico no sólo requiere de normas basadas en criterios de justicia y equidad, promoción y protección de intereses generales y legítimos y coherencia interna, sino también de coordinación y armonía entre las distintas disposiciones que lo conforman, sobre la base de políticas consistentes y en aras de un buen funcionamiento del sistema en su conjunto.