¿Hacemos planes?

27 nov 2019 / 09:16 H.

Este es un buen momento para plantearse si conviene empezar o seguir aportando a un plan de pensiones o cuánto se aporta. Y es así porque, primero, algunas voces plantean la modificación de la fiscalidad de este sistema de ahorro previsión, segundo, tradicionalmente es a final de año cuando nos planteamos si nos interesa agotar límites -ya se encargan las entidades bancarias de recodarlo- y, por último, algunos jubilados han de decidir si rescatan en forma de capital y qué parte.

Si empezamos por los que piden -ahora se lleva más exigir- la reforma de la fiscalidad de estos productos, habría dos corrientes contrapuestas: la de aquellos que consideran que su tratamiento es excesivamente beneficioso para los contribuyentes con rentas altas; y la de los que entienden que no tienen suficiente atractivo fiscal porque a la salida, cuando se cobran las prestaciones, tributar por estas como rentas del trabajo es demasiado gravoso.

Ya de entrada, y con esas dos posturas contrapuestas, siento la tentación de inclinarme por opinar que lo correcto sería dejar la cosa quieta. No obstante, intento matizar.

Es cierto que para rentas altas son más atractivos, ya que un contribuyente con una base imponible general suficientemente elevada, aportando el máximo de 8.000 euros, puede conseguir un ahorro de entre 3.480 y 3.840 euros, dependiendo de que viva en Madrid o en una de las Comunidades con un marginal máximo del 48 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la existencia del tope absoluto de 8.000 euros de aportación máxima creo que atempera el posible carácter regresivo de este incentivo.

En cuanto a los detractores porque se tribute plenamente -excepto con la reducción transitoria del 40 por ciento para rescates en forma de capital- a la salida, se propone la vuelta al sistema anterior, esto es, aplicar la reducción también para aportaciones posteriores a 2006 incrementando el importe de las cuantías máximas que se puedan aportar y, simultánea o alternativamente, que la recuperación de lo aportado siga tributando como una renta del trabajo, pero la rentabilidad obtenida se grave al 19-21-23 por ciento, como el resto de rentas del ahorro -por ejemplo, intereses o dividendos-. Respecto a la reducción, solo recordar que, cuando se podía elegir rescatar en forma de capital con reducción, el cobro de prestaciones se decidía al recibir la primera y, a partir de entonces, no se podía cambiar el calendario, pero en la actualidad existe una flexibilidad total para decidir cuándo u cuánto se cobra, lo que permite ir planificando a voluntad el coste fiscal de las prestaciones.

Lo de que la rentabilidad tribute dentro de la renta del ahorro tiene sentido, aunque actualmente, con el escaso rendimiento que se puede obtener de estos productos -y de otros-, debido a los bajos tipos de interés en los mercados, la repercusión efectiva sería muy limitada.

Pasando al análisis que ha de hacer cada contribuyente en concreto, es evidente, como adelantábamos, que aquellos que aún no hayan aportado hasta su máximo relativo o absoluto -se aplica el menor de los dos- del 30 por ciento de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, o de 8.000 euros, respectivamente, pueden reducir lo que les saldrá a pagar en junio del 2020, por el IRPF de este año, tanto más cuanto mayor sea su renta y, por lo tanto, el marginal máximo a ella aplicado.

Otro grupo que tiene que pensar, antes de fin de año, es el de los partícipes cuya contingencia acaeció en 2011 o en 2017. Si aportaron antes de 2007 y se jubilaron en dichos años, la última oportunidad de reducir el 40 por ciento del rescate en forma de capital de las prestaciones anteriores a ese ejercicio la tienen en lo que queda de este. Por ello, tienen que echar cuentas de cuánto más les supondrá a pagar por eso que cobren, aunque lo integren con la reducción. La alternativa es cobrar todo en forma de renta, sin reducción, pero irlo distribuyendo a lo largo de varios años y cuando menos coste fiscal les suponga.

En definitiva, el hecho es que solo uno de cada cinco españoles, al terminar 2018, era partícipe de un plan de pensiones, en el que acumulan, de media, algo menos de 10.000 euros, sumando en conjunto 72.246 millones, lo cual parece que es mucho menos de la media de los países de la OCDE.

Por último, cabría preguntarse las razones por las que no tienen demasiado éxito, que puede que no sean fiscales, sino otras como las siguientes: la poca rentabilidad de estos productos; la falta de liquidez -aunque, a partir de 2025, se podrá solicitar el rescate de aportaciones con antigüedad mínima de diez años-; la falta de cultura de ahorrar para la jubilación, entre otras cosas, porque hasta ahora el sistema de pensiones ha funcionado razonablemente bien; la existencia de salarios muy bajos que no dejan margen para este tipo de ahorro provisional; y que no existen muchas empresas con planes de empleo que siempre animan a los trabajadores a efectuar aportaciones voluntarias.