Fiscalidad de los seguros para premios de permanencia

Antonio Méndez Baiges, Abogado en Mercer (miembro de Ocopen)

29 ene 2020 / 08:40 H.

    Sostiene el filósofo británico Bertrand Russell que partiendo de una premisa errónea se puede llegar a cualquier resultado equivocado. En román paladino, y conforme a nuestra fecunda tradición refranera, podría también decirse: cuando las aguas no discurren por su cauce natural, todo se tuerce. Tal es el caso, como veremos a continuación, de una de las numerosas interpretaciones de la normativa fiscal llevadas a cabo por la Dirección General de Tributos en su línea de desconocer o reducir sistemáticamente beneficios fiscales y maximizar la recaudación.

    Conforme a la Ley del IRPF, los premios de vinculación, permanencia o antigüedad ofrecidos por las empresas a sus empleados generados en más de dos años son rendimientos del trabajo, de los conocidos como irregulares, que atraen una reducción del 30% en la base imponible del impuesto con ciertos límites. Sucede que dichos premios pueden en la práctica instrumentarse mediante su pago directo por la empresa al llegar su vencimiento o bien asegurarse a través de un seguro diferido de ahorro que la empresa dota en el tiempo hasta el vencimiento del premio. Es evidente que, tanto en un caso como en otro, el premio se ha generado en el tiempo -la antigüedad exigida para su percibo- y que su aseguramiento externo no es más que un mero medio de instrumentar el mismo.

    Pese a ello, la Dirección General de Tributos sostiene la peregrina tesis de que, como durante la fase de constitución de la prestación asegurada la empresa conserva el derecho de rescate del seguro para el caso de que el empleado no alcance la antigüedad requerida a fin de percibir el premio -¿cómo podría ser de otra manera?-, entonces dicho premio se devenga en el mismo momento en que se cobra y no se genera durante el periodo de servicio, no reuniendo nunca, por tanto, los dos años de generación requeridos para su tratamiento como rendimiento irregular.

    Nos preguntamos: ¿qué tendrá que ver la instrumentación del premio con la generación del derecho al mismo? ¿Estamos, acaso, ante el sinsentido de un premio de antigüedad que no se genera por la duración de los servicios prestados? Esta interpretación de la DGT no deja de ser, como mínimo, curiosa y, haciendo honor a la sentencia de Russell, conlleva varias consecuencias perniciosas.

    En primer lugar, el resultado en la práctica de esta doctrina administrativa ha sido que las empresas, o bien no aseguran externamente los premios de antigüedad con una compañía aseguradora, limitándose a provisionarlos en balance, o bien, asegurándolos, se designan beneficiarias de la póliza para ser ellas quienes finalmente satisfagan el premio al trabajador, a fin de seguir facilitando a éste el que pueda practicarse la reducción del 30%. Así, el único resultado práctico de la referida doctrina administrativa es cegar, innecesariamente, una de las vías posibles de financiación del premio.

    En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se están promoviendo las vías de financiación de los premios que no ofrecen al trabajador la garantía externa de un tercero frente a las que sí lo hacen -como sería el seguro con el empleado como beneficiario-. Resulta cuando menos llamativo que la interpretación administrativa adjudique un mejor tratamiento fiscal a las fórmulas que sitúan al empleado en una posición de peor derecho, condenando al desuso a las que no.

    En tercer lugar, llama poderosamente la atención el hecho de que la DGT, con ésta y otras muchas interpretaciones, que, tal como nos hemos ocupado de señalar en este y otros artículos, vienen a reducir sistemáticamente beneficios fiscales, se consagre fundamentalmente a hacer pagar de más al que ya paga en lugar de ocuparse de perseguir con más empeño el fraude y la evasión fiscal. Un ejemplo palmario de justos pagando por pecadores, hasta un punto insospechado.

    Insistimos en nuestra idea de que ya va siendo hora de abandonar el “estado de excepción fiscal” en que hace tiempo vivimos -como mínimo desde el comprometido año 2012-, manifestado en una reinterpretación sistemática de las normas por parte de la Administración Tributaria, siempre con el mismo propósito definido e hilo conductor que a nadie se le escapa, y hora de que, poniéndonos a salvo de esa inercia adquirida, retornemos al cauce de la Constitución y las leyes. Si el esquema vigente de exenciones y beneficios fiscales no se considera adecuado o conveniente, cámbiese donde ello debe hacerse, es decir, en el Parlamento y por ley, pero no se deforme por la mera vía interpretativa a nivel administrativo hasta dejarlo totalmente irreconocible.