En 30 años puede haber una pensión pública universal

25 sep 2019 / 09:52 H.

    En 30 años, en lugar de una pensión pública máxima como actualmente, puede haber una pensión pública universal, equivalente al salario mínimo. De hecho, la pensión pública media en España no está tan lejos.

    Hay que tener en cuenta que el gasto público en pensiones marca nuevo récord. Ya en 2018 el déficit de la Seguridad Social fue de 18.286 millones de euros y su deuda con el Estado alcanza casi 45.000 millones. El gasto en protección social se está acercando al 20 por ciento del PIB, en términos absolutos casi como el PIB de Chile y España cerró 2017 con 2,2 cotizantes por pensionista. Al respecto podemos hacer varios supuestos, incluyendo que cuando la generación de baby- boomers se jubile haya un trabajador por jubilado -en los años 50 cinco o seis por jubilado-. De manera que es evidente que, con las variables actuales, faltan recursos en este sistema de suma cero, donde los que trabajan pagan a los que no. Por su parte la tasa de reemplazo de la pensión, es decir porcentaje que supone sobre el último sueldo percibido era el 78,7 por ciento en 2016 en España frente a 46,3 por ciento de la UE.

    Además, la Comisión Europea estima que el número de pensionistas en España aumente de los 9,6 millones actuales a 15 millones a mediados de siglo. Claramente no da para todo.

    Por nuestra parte, en la industria de inversión trabajamos en dar soluciones y alternativas sobre cómo planificar los ahorros a largo plazo, tratando de promover la formación financiera y que los ciudadanos se conciencien. Ahora bien, el 80 por ciento de los inversores en España son conservadores e invierten el 80 por ciento en renta fija. Sin embargo, en un entorno de bajos tipos de interés, la renta fija no proporciona rentabilidad. Entonces, ¿cómo planificarse?

    Pues bien, actualmente el inversor conservador tiene a su disposición numerosas herramientas y un asesoramiento inicial que no cuesta. Todas las entidades financieras cuentan con soluciones de inversión muy completas para todos los perfiles de riesgo y hay más de 60.000 asesores financieros certificados, homologados y formados. De manera que es responsabilidad del ahorrador asesorarse respecto al nivel de riesgo y rentabilidad razonable para planificarse a largo plazo. Para ello las cosas tienen que ser muy simples. En primer lugar, sabemos que va a haber pensión pública, lo que no sabemos es cuánto. Desde Inverco presionamos para conseguir que el Estado informe a los ciudadanos sobre la pensión de la que van a disponer. Hay que tener en cuenta que planificar a largo plazo de la forma más conveniente es muy difícil sin saber cuánto vamos a recibir de la pensión de reparto pública. De manera que, independientemente de que el Gobierno informe o no, es posible pensar que al menos habrá una pensión universal, igual a salario mínimo, que quizá pueda mejorar por demografía o aumento de trabajadores, que en cualquier caso sirve para proyectar. A partir de ahí, el correspondiente ejercicio, realizado con el asesor, puede proporcionar pistas, sea cual sea la edad. Debería ser obligatorio.

    Ahora bien, para complementar de manera privada la pensión en 100 euros al mes de forma vitalicia hay que ahorrar 20.000 euros. Para rentas más bajas la pensión pública, aunque sea la mínima universal, puede cubrir el 50 por ciento del gasto. Así que hay que ahorrar todos los meses. Incluso el millennial, el joven de 25 años que empieza a ahorrar 30 euros al mes de forma sistemática puede acumular para jubilación 9.000 euros, lo que con rentabilidad compuesta del 3 por ciento anual se convertiría en 30.000 y con un 4 por ciento de rentabilidad en 50.000 euros. Al mismo tiempo, hay estudios que indican que la etapa de desacumulación de riqueza -es decir, de la jubilación- es ya en duración casi igual a la de acumulación, hasta el punto de que puede llegar a durar tanto como la vida activa, 30 años o más. De manera que resulta ser aún más necesario planificar los ahorros e ingresos con antelación suficiente.

    Además, huyendo de asuntos ideológicos, hay soluciones. Así, en Inglaterra se reunieron los políticos en el año 2000 para determinar qué tasa de sustitución del último salario era posible con el sistema de reparto, lo que resultó en el 29 por ciento del mismo. Fue un ejercicio de transparencia con los ciudadanos. Así que en 2012 llegaron a un acuerdo para crear el sistema de empleo, que obliga a todas las pymes a ofrecer a su plantilla un plan de adscripción no obligatoria, con afiliación automática de los trabajadores por defecto, mediante cuentas individuales y aportación de 10 por ciento del salario por el trabajador, igual contribución de la empresa y complemento del Estado. Ya hay 9,5 millones de trabajadores incluidos.

    En cualquier caso, el ahorro complementario al sistema de pensiones debería ser obligatorio y fiscalmente deducible para trabajador y empresa. En este sentido es significativo el modelo de Chile, donde el 10 por ciento del salario bruto del trabajador va a una cuenta individual de pensión. Como no alcanza, están trabajando en el primer pilar solidario del Estado, equivalente al salario mínimo interprofesional, cubriendo a personas más desfavorecidas que no han podido cotizar. La reforma que están proponiendo incluye varias mejoras, además de un 4 por ciento de cotización adicional, entre otras, beneficios para aquellos que decidan alargar la edad de jubilación, incentivos para el ahorro de la clase media y mujeres y un régimen de inversión más permisivo.