El dedo en la llaga: el informe sobre pensiones de la OCDE

Miguel Ángel Bernal, Consejo editorial de ‘elEconomista Pensiones’

24 dic 2019 / 08:53 H.

    El pasado noviembre la OCDE, como es costumbre cada dos años, sacaba su informe denominado Las pensiones de un vistazo en su edición de 2019. El documento comienza con un breve sumario con una serie de llamadas o avisos.
    El primer punto en el que incide es en el envejecimiento de
    la población, y aporta un dato para entender la gravedad del problema: en 1980, había en la OCDE dos mayores de 65 años por cada 10 personas en edad de trabajar. Esa cifra habrá aumentado a algo más de tres en 2020, y se prevé que alcance casi seis para 2060. También se prevé que la población en edad de trabajar, medida utilizando umbrales de edad fijos, se haya reducido más de un tercio para 2060 en varios países. La combinación de ambas variables, envejecimiento y caída de la población activa, es una auténtica bomba que dinamita a futuro tanto la financiación como el sostenimiento de los regímenes de previsión social basados en sistemas de reparto o caja.

    Se realiza, posteriormente, una crítica velada a las acciones tomadas por los Gobiernos una vez que la situación económica y financiera ha entrado en una fase menos critica, y el informe manifiesta que “con la mejora de las condiciones económicas,
    se ha relajado la presión financiera para reformar los sistemas de pensiones y es comprensible que algunos países deseen suavizar las medidas impopulares introducidas en un contexto de crisis. Sin embargo, mientras que las presiones financieras sobre los sistemas de pensiones se vieron exacerbadas por la crisis, a menudo, también reflejaban debilidades estructurales. El retroceso en las reformas que abordan las necesidades a largo plazo puede ocasionar que los sistemas de pensiones sean menos resilientes a las perturbaciones económicas en el futuro
    y no estén debidamente preparados para hacer frente al envejecimiento de la población”. Nada que no sepamos, pero la mayor parte de los políticos miran a las urnas, no al futuro de los países que dirigen, como en su momento diferenciaba el canciller Bismarck: políticos frente a estadistas.

    Se alerta también de la reducción de las tasas de sustitución (porcentaje entre la pensión al jubilarse y el último salario en activo). El informe lo deja claro: “Se prevé que, en la mayoría de los países de la OCDE van a reducirse las tasas de sustitución basadas en carreras completas de cotización en las próximas décadas”.

    Por último el informe entra en un aspecto fundamental: el nuevo esquema del trabajo no convencional. La crisis en todo el mundo, España no es un caso aislado, ha propiciado una sustitución de empleo dependiente a tiempo completo –si se prefiere, no precario– por contrataciones a tiempo parcial, temporales y autónomos. Esta nueva situación es importante pues en la mayor parte de los países los autónomos no cotizan realmente por sus rentas dado que la mayor parte de los regímenes públicos contemplan la posibilidad de que el autónomo escoja sus base de cotización, la cual suele ser la más baja. Esta situación, la contribución por debajo de las rentas reales de esos trabajadores pone en peligro a corto plazo la financiación de los sistemas públicos, y a la larga deja en situación precaria a estos autónomos. Según la OCDE, “los trabajadores autónomos van a recibir una pensión de vejez un 20 por ciento inferior a la pensión de los antiguos trabajadores por cuenta ajena teniendo los mismos ingresos imponibles durante su vida laboral”. En cuanto a España, el informe ha levantado especial revuelo en materia de autónomos.

    El envejecimiento de la población es hoy por hoy una realidad incuestionable. El INE prevé un aumento de la llegada de inmigrantes a nuestro país que compensarían el mayor número de defunciones que nacimientos. Según estas proyecciones “en los 15 próximos años España ganaría 2.356.789 habitantes (un 5,1 por ciento), hasta superar los 49 millones de personas en 2033. Sin embargo no se puede quedar uno en esta única previsión, hay que prestar atención a que “la población de 65 y más años supondría el 25,2 por ciento del total en el año 2033”. Un envejecimiento que se ve todavía más acuciado si tenemos en cuenta que “la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2033 los 82,9 años en los hombres y los 87,7 en las mujeres, con una ganancia de 2,5 y de 1,9 años, respectivamente”.

    Así, la realidad a futuro es una España muy envejecida al estilo de Japón, una afirmación avalada por la siguiente frase: “La tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 54,2 por ciento actual hasta el 62,4 por ciento en 2033. En cuanto al índice de sustitución, tan solo señalar que el informe de la OCDE señala que en España se sitúa entre el 79-83 por ciento frente al 59-68 por ciento de los países de la OCDE. Por otra parte, el informe denuncia el retroceso que supone haber anulado el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, sustituyéndose por la medida de vincular las pensiones al IPC real, algo que la mayor parte de economistas manifestamos una y otra vez que va en contra no de la salud, sino de la vida de la Seguridad Social tal y como la entendemos hoy.

    Por último, en cuanto a la precariedad, destaca el tema de los autónomos. En España, el 70 por ciento de los autónomos se acogen a la cotización mínima. Debe tenerse en cuenta que la renta de los autónomos españoles es del 69 por ciento de los trabajadores dependientes, siendo la ratio del 84 por ciento en la OCDE. Aquí la OCDE debería entrar en la tremenda economía sumergida (de más del 20 por ciento) y la casuística española. Además, el problema de España es que nuestros salarios, son inferiores a la de los países de nuestro entorno. En España la picaresca está en nuestro ADN y la sustitución de un trabajo sostenible por uno precario es una realidad incuestionable. La economía sumergida es una lacra en todos los ámbitos, por supuesto también en la Seguridad Social. No solo es envejecimiento, sino también salarios y economía sumergida.