COP25 y previsión social complementaria: es la hora

Manuel Álvarez Rodríguez, Secretario general de Ocopen

24 dic 2019 / 09:07 H.

    Durante la primera quincena de este mes de diciembre todas las miradas del mundo se han dirigido a la conferencia COP25 en Madrid. Resulta especialmente relevante puesto que es la última oportunidad para lanzar el Acuerdo de París, que tiene que entrar en vigor en enero de 2020. En 2015 en el COP21 se estableció un plan para limitar el calentamiento global con el objetivo de que éste no supere 1,5 grados.

    Asumiendo que es prioritario tan ambicioso objetivo, ¿cómo financiar la transición energética del modelo productivo?, ¿Quién pondrá los recursos económicos que para Europa se estiman en 1,3 billones de euros hasta 2030, de los que aproximadamente una décima parte le corresponden a España?

    Hay que recordar que, a nivel mundial, partimos de una situación desfavorable de generación de energía en la que el 37 por ciento se genera por carbón, mientras que solo el 7 por ciento se produce por eólica y solar.

    Transformar e invertir este mix implica multiplicar por cinco el volumen de energías renovables. ¿Cómo financiar esto? Solo resultará posible si se implica a la inversión privada.

    En Europa la capacidad de financiar la transición hacia una economía de bajo carbono desde los estados es limitada. En efecto, los estados miembros de la Eurozona son conscientes que su objetivo primordial es reducir la deuda pública sobre PIB para regresar a la situación estable precrisis del 60 por ciento de deuda sobre PIB por lo que existe poco margen de actuación. En España, con deuda rozando el cien por cien del PIB, existe menos margen aún.

    Por consiguiente, habrá que movilizar masiva y necesariamente recursos privados de inversión hacia inversiones sostenibles. A primeros de este siglo, hubiera sido imposible puesto que la inversión que tiene en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) se veía como una utopía remota y académica en España.

    Hace diez años se creó el Foro de Inversión Social de España, Spainsif, que agrupa a bancos, gestoras de activos, proveedores de servicio, ONG y sindicatos dispuestos a fomentar la Inversión Socialmente Responsable (ISR). En la actualidad, una buena parte de los gestores de activos más importantes de España se han implicado en impulsar la ISR de forma notoria.

    Ocopen, como asociación de consultores de pensiones, se adhirió a esta asociación de forma natural ya que nuestros asociados desarrollan un papel fundamental asesorando y concienciando a empresas y comisiones de control de fondos de pensiones sobre la necesidad de invertir sabiendo el impacto de Ambiental, Social y de Buen Gobierno. Y no es casual que en España haya prosperado la ISR especialmente en el ámbito de los fondos de empleo y, en parte, se debe a el asesoramiento de consultores de pensiones.

    Ahora bien, cabe preguntarse si este crecimiento sostenido de la ISR de la última década perderá impulso.

    En mi opinión, no solo mantendrá su vigor, sino que debe crecer y fortalecerse por dos razones:

    1. A corto plazo existe una oportunidad evidente. En España, actualmente, los planes de pensiones solo representan el cinco por ciento de los activos financieros de las familias mientras que los depósitos suponen un 36 por ciento. Y los depósitos pierden fuelle, en un entorno de tipos de interés cero y comisiones bancarias crecientes. Solo una pequeña alteración del mix entre depósitos (a la baja) y fondos de inversión y de pensiones (19 por ciento conjuntamente y al alza) podrían hacer crecer un 20-25 por ciento los activos financieros de las familias con criterios ASG.

    2. Pensando a largo plazo, ISR y fondos de pensiones van de la mano. Sabemos que necesitamos afrontar el reto del envejecimiento. Los fondos de pensiones de los países de la OCDE en media suponen un 50 por ciento de su PIB mientras que en España apenas un 12,5 por ciento. Por tanto, en la medida en que se impulse la previsión social complementaria especialmente a través de empresas y para situarnos en la media OCDE, deberíamos multiplicar por cuatro los activos en fondos de pensiones y, consiguientemente, multiplicar la ISR
    y con ello contribuir a financiar la transición energética a una economía de bajo carbono.

    Además, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea plantea como ineludible la necesaria implicación de la inversión privada, además de la pública, en infraestructuras para ayudar a la transición hacia una economía baja en carbono. Especialmente los fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten pensando en el largo plazo, de forma recurrente y sin ánimo especulativo.

    ¿Qué se requiere para activar la inversión privada? Recomiendo leer detenidamente el documento de septiembre de este año (2019) del Climate Finance Leadership Initiative sobre la financiación de la economía en bajo carbono.

    El documento extrae varias recomendaciones:

    1. Se requieren estándares de medición del impacto de la inversión en el clima y que haya incentivos claros y estables para dirigir la inversión hacia la consecución de los mismos.

    2. Los Gobiernos pueden ayudar las finanzas sostenibles dando avales, manteniendo marcos estables fiscales y garantizando un suelo de rentabilidad que haga atractivo invertir en nuevos proyectos a largo plazo

    3. Habrá que proteger a las personas, a los sectores y a las regiones que actualmente viven de trabajar en sectores con alta intensidad de carbono para que modifiquen su actividad, de forma gradual y no traumática.

    Bajo estas premisas, no solo lograremos un futuro mejor sino también pensiones complementarias más adecuadas.
    It´s time for action.