Contra la ‘Teoría del Tomador Impropio’

25 sep 2019 / 09:49 H.

    En el ámbito de los seguros colectivos de jubilación, vida, accidentes y salud, existe el caso en el que el tomador es una empresa para sus empleados como asegurados, por libre adhesión de éstos y con las primas a cargo de los mismos, al exclusivo fin de proporcionar a tales empleados el beneficio, sin coste para la empresa, de obtener las ventajas de la contratación colectiva en cuanto a tarifas y otras condiciones tales como reconocimientos médicos, exclusiones, etc. Lo mismo se da en el caso de colegios y asociaciones profesionales respecto de sus miembros. A resultas de esta práctica, la doctrina ha acuñado la figura del “tomador impropio”, referida a la empresa o asociación firmante de la póliza, en el sentido de que una parte fundamental del contenido obligacional habitual para el tomador según la Ley de Contrato de Seguro, como es el pago de la prima, corresponde en este caso al asegurado. En principio, nada tenemos que objetar a esta figura y su funcionalidad en aspectos tales como, entre otros, la necesaria adhesión individualizada al seguro por parte de los asegurados, pero existe un aspecto particular del modo en que a menudo tal figura es entendida del cual, a la vista de sus efectos prácticos, tenemos que discrepar enérgicamente. En efecto, al amparo de esta Teoría de la Figura del Tomador Impropio, numerosas compañías aseguradoras requieren que la denuncia del contrato con un preaviso mínimo de un mes a la terminación para evitar su renovación según prevé la Ley de Contrato de Seguro se deba hacer, en este caso, no sólo por el tomador, sino también por todos y cada uno de los asegurados adheridos. Creemos que esta exigencia resulta injustificada e inapropiada por las razones que seguidamente se exponen.

    Interdicción de las vinculaciones personales en el caso del tomador

    Volviendo a los siempre necesarios y no siempre atendidos hoy en día principios generales del derecho, cabe recordar aquí que nuestro ordenamiento jurídico no consiente vinculaciones personales, recusadas por el derecho moderno como un vestigio feudal. Si, en efecto, el tomador ha firmado la póliza, pero no desea seguir manteniendo la condición de contratante de la misma a la terminación de ésta, no se le puede imponer que mantenga tal condición contra su voluntad en tanto que todos y cada uno de los asegurados no concurran asimismo a la denuncia del contrato, pues ello coarta gravemente su libertad de continuar vinculado o no por un contrato en el que es parte. Manifestada la voluntad de no renovar el contrato por el tomador como parte contratante en tiempo y forma, aquellos de los asegurados que deseen seguir cubiertos en posteriores periodos por la misma aseguradora lo que pueden hacer es contratar ellos mismos el seguro, ya sea individual o colectivamente, pero nunca imponer la continuidad de la póliza al tomador contra la voluntad de éste, ni por activa ni por pasiva. Además, la gran dificultad en la práctica de reunir la adhesión a la denuncia de todos y cada uno de los asegurados, particularmente en colectivos de gran tamaño, condenaría al tomador a sucesivas renovaciones indefinidas, constituyendo una de esas vinculaciones personales no consentidas por nuestro derecho del que hemos hablado. Nuestra tesis no afecta en ningún caso al derecho de cada asegurado de darse de alta y de baja individualmente en la póliza colectiva vigente en cada momento en las condiciones estipuladas, que es la auténtica solución para respetar en todo caso los derechos individuales del asegurado.

    Interdicción de las vinculaciones personales en el caso de los asegurados

    Por otro lado, de ser cierta la teoría de tantas aseguradoras de que la denuncia del contrato requiere de la participación, además del tomador, de todos y cada uno de los asegurados, se daría la intolerable paradoja de que la no suscripción de tal denuncia por una parte de los asegurados -incluso, “in extremis”, por uno sólo de ellos- conduciría a la renovación de la póliza para todos y a la imposición a éstos por parte de la aseguradora de la cobertura del seguro y de su coste -prima- por una anualidad o periodo más, y ello pudiendo haberse contratado un nuevo seguro con otra entidad que hiciera innecesaria la cobertura del precedente. Y esto tampoco puede resolverse en ningún caso con expedientes tales como una votación vinculante dentro el colectivo, pues la pertenencia de cada asegurado al contrato de seguro de grupo es una cuestión personal de cada uno de ellos.

    Irrelevancia del hecho de contratación o no de una nueva póliza colectiva por el mismo tomador

    A todo lo dicho podría objetársenos -y se ha hecho- que debe tenerse en cuenta la libertad de los individuos para adherirse a un nuevo seguro del tomador al cancelarse el precedente. A esto debe responderse, en primer lugar, que ello es una cuestión independiente de la anterior, como lo demuestra el hecho de que la cancelación de la primera póliza por el tomador no siempre ni necesariamente conlleva la contratación de una segunda, sino que la empresa o asociación puede simplemente haber decidido dejar de continuar como tomadora de una póliza colectiva, sea con la misma o con otra aseguradora. En segundo lugar, que las soluciones a dicho problema, en todo caso independientes de la cuestión de la cancelación de la póliza anterior, pueden ser muchas: que el empleado haya manifestado su adhesión al seguro de la empresa o asociación en general sea cual sea la aseguradora en cada momento, que efectivamente se recaben nuevas adhesiones a la nueva póliza, que el asegurado pueda en todo caso darse de baja, etc. Con todo lo dicho queremos romper una lanza en favor de acabar con un mercado artificialmente cautivo de las aseguradoras al amparo de una interpretación de la normativa que nos parece enteramente desacertada.