Cambios en el régimen de
la Seguridad Social de autónomos

Sebastián Reyna, Profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo

27 feb 2019 / 08:05 H.

    El pasado 29 de diciembre, el BOE publicó el Real Decreto-ley número 28 de 2018, cuyo objeto es la introducción de determinadas medidas en materia de pensiones y la actualización de bases de cotización en diversos regímenes. El objeto de la norma es hacer posible que estas medidas puedan aplicarse en este 2019, por lo que parece que esté justificada en este caso la utilización, excesiva por otra parte, de la figura del real decreto-ley. Casi todas las novedades tienen que ver con revalorizaciones o actualizaciones, pero en el caso de los cotizantes al Reta, las modificaciones introducidas tienen mayor calado y son resultado de una compleja pero positiva negociación con las entidades representativas.

    Por mandato legal, las bases mínimas de cotización en cualquier régimen no pueden ser menores que el SMI establecido. La subida del SMI en un 22 por ciento, implicaba indirectamente una subida difícilmente asumible en la base mínima de los trabajadores por cuenta propia. Para evitar este efecto, el acuerdo establece una subida en exclusiva del 1,25 por ciento en estas bases, con una cotización fija para 2019 del 30 por ciento, frente a la variable actual. Este tipo evolucionará al alza en los siguientes años según una senda ya establecida.

    Con esta cotización, que no supone en la práctica más que un aumento real en el entorno de seis euros mensuales para cada autónomo, el decreto establece la inclusión de nuevas prestaciones sociales o, más bien, se universalizan algunas de las actuales, como el accidente de trabajo o la protección por el cese de actividad que ya cubrirá a todos los autónomos y no sólo a aquellos que opten por ellas. En algunos casos, la medida significa una reducción de la cuota, en particular para los que ya cotizaban voluntaria u obligatoriamente por estas prestaciones, que tenían antes tipos superiores a los ahora establecidos. Por otra parte, el decreto incluye algunos cambios en el sistema para acceder a la protección por cese de actividad que deberá permitir a este sistema ser más eficaz.

    También resaltar la consecución de una vieja aspiración: a partir del segundo mes de la baja por Incapacidad Transitoria ordinaria, el autónomo no deberá pagar su cuota habitual: será el propio sistema el que haga frente a este coste, con cargo a las reservas producidas por las cotizaciones para el cese de actividad. Parecen en general buenas medidas. Con un sobrecoste asumible, los autónomos accederán a más protección, mejorará la recaudación y, por el momento, no se espera que las prestaciones puedan superar a las cotizaciones, por lo que el proceso de evolución puede ser controlado.