Última bola de partido para la reforma
de las pensiones

El tiempo apremia a los partidos políticos a poner en marcha cambios en el sistema
de pensiones español en su tercer año de trabajo, ante una coyuntura de parálisis institucional, tras el fracaso de las negociaciones del Pacto de Toledo en febrero

25 sep 2019 / 10:00 H.

Este mes de septiembre se cumplen tres años desde que el Pacto de Toledo echase a andar en busca de una nueva reforma del sistema de pensiones que logre sentar las bases de un modelo financieramente sostenible y compatible con el progresivo incremento de la esperanza de vida en nuestro país, el segundo más longevo del mundo después de Japón. Y tras el fracaso de las negociaciones para emitir un documento de recomendaciones unánime el pasado mes de febrero, después de dos años y medio de trabajos y reuniones, parece que la consecución del acuerdo necesario entre partidos previo a la reforma será tan complejo como urgente en esta segunda bola de partido que jugarán los miembros de la Comisión.

En este sentido, la coyuntura financiera del Sistema exige medidas tempranas antes de que un eventual revés macroeconómico pueda afectar a la creación de empleo y la producción empresarial merme la capacidad recaudatoria del Estado por cotizaciones sociales, ante un gasto que según las estimaciones y las medidas adoptadas por el Gobierno del PP y del PSOE en los últimos dos años, con revalorizaciones vinculadas al avance de los precios de consumo, apuntalen incrementos anuales del desembolso del Estado destinado a las clases pasivas.

Así, la Seguridad Social ingresó hasta julio 71.745 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7,87 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, una tasa que en 2014 era del 0,57 por ciento. A 31 de julio, las cuentas de la Seguridad Social presentan, en términos homogéneos un saldo negativo de 5.043,57 por ciento millones de euros, resultado que es la diferencia entre unos derechos reconocidos netos por operaciones no financieras de 85.782,65 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 90.826,22 millones de euros.

Las cotizaciones sociales han ascendido a 71.745,41 millones de euros lo que representa, respecto al mismo período del año anterior, un aumento superior a 5.200 millones de euros en términos absolutos y de 7,87 puntos porcentuales en términos relativos, que viene originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 7,62 por ciento, mientras que la cotización de desempleados registra un aumento del 12,19 por ciento, tal y como se muestra en los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Tres pilares de la reforma

Con todo ello, y con el rubor parlamentario para los miembros de los partidos incapaces de llegar a puerto tras dos años y medio de negociaciones, cabe recordar que la mayoría de los grupos llegó a acordar cambios en tres de los pilares de la reforma: la revalorización de las pensiones, la separación de fuentes de financiación y el impulso de los planes colectivos de previsión social complementaria en la empresa, además de cuestiones como la reordenación de los gastos imputados a la Tesorería del INSS y cambios en algunas prestaciones, con especial atención a las pagas de viudedad, que la Comisión considera necesarias reformar y adaptar a la nueva realidad de las familias y de las personas beneficiarias, en muchos casos y a diferencia del momento de su concepción con carreras de cotización que generan derechos suficientes para mantener el nivel de vida ante la pérdida del cónyuge.

De este modo, si bien con el voto negativo de ERC por la fórmula planteada, los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo acordaron en septiembre del pasado 2018 liquidar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) instaurado en la reforma del PP de 2013, y que venía calculando subidas anuales de las pagas del 0,25 por ciento, para volver a la subida de las prestaciones vinculada a la evolución del IPC, con el consecuente incremento del gasto y del déficit del Sistema.

En el lado de los ingresos, otro de los pactos alcanzados que saltó por los aires en febrero era el de la separación de fuentes de financiación para establecer mecanismos que aseguren una mayor entrada de ingresos, en lo que se conoce como recomendación 1. El acuerdo al respecto suponía que determinados conceptos que hoy son financiados por la Seguridad Social se sustenten con los Presupuestos. La Comisión barajaba un cálculo aportado por ERC que fija en 23.730 millones lo que implican estas partidas al año, el 17 por ciento del gasto anual en pensiones, cercano a los 140.000 millones de euros. En este caso, fue el Partido Popular quien se mostró reacio a traspasar a los Presupuestos unas cifras que equivalen a 2,3 puntos del PIB.

Por su parte, si bien aquí con la oposición de la mayor parte de los grupos del espectro de la izquierda a excepción del PSOE, también se acordó la recomendación de dar un impulso al ahorro complementario. Concretamente, se abogaba en la recomendación 16 por exportar al resto de España el modelo implementado en el País Vasco, conocido como Geroa, centrado en el segundo pilar de ahorro para la pensión, a través de la empresa. Estos planes de pensiones funcionan de modo que empresa y trabajadores de los sectores adheridos a la entidad gestora aportan mensualmente un porcentaje de su salario a favor de cada trabajador y siempre para cubrir su propia jubilación, frente al sistema de reparto de la Seguridad Social, donde los trabajadores en activo aportan para cubrir las pensiones de los pasivos actuales. Esta entidad de ahorro vasca es ajena a un grupo financiero u organismo público, pero gestiona e invierte en activos con el objetivo de conseguir mayores prestaciones y generan una hucha de ahorros individuales para cada empleado participante. Una medida que serviría para aflojar la presión sobre la Seguridad Social ante una eventual caída de la generosidad de las pagas por parte del Estado que sería suplida o complementada desde el sistema privado.

No obstante, todos los acercamientos a las modificaciones de estos pilares de la reforma, además de haber caído en saco roto, ahora se presupone que deberán ser revisados con la nueva composición de la Comisión, donde parece cada vez más imposible conservar el espíritu de unanimidad e independencia de los ciclos políticos con los que se concibió el Pacto de Toledo. Por ello, se presupone que la futura reforma se sustentará sobre una mayoría lo suficientemente cualificada para sacar adelante uno de los cambios más importantes de las últimas décadas para la sociedad española, si bien reconociendo la gran dificultad de embarcar en el mismo bote a partidos tan distantes como Unidas Podemos o ERC con otros como el PP o Vox, en las antípodas ideológicas.