Suecia, un ejemplo de consensos en pensiones

España vivió una experiencia de acuerdo político, el Pacto de Toledo, pero no para reformar el sistema público de pensiones sino para retocarlo

29 may 2019 / 08:51 H.

En el último medio siglo, son numerosas las experiencias de reforma de los sistemas públicos de pensiones. En todas ellas, la motivación del cambio de modelo ha sido la misma: la rigidez al alza de un elevado gasto en pensiones sobre PIB y sobre el total del presupuesto público causado por una inversión gradual de la pirámide poblacional y escasa flexibilidad de los mercados internos para conseguir mayores crecimientos de la productividad y los salarios que compensaran el gasto en pensiones a corto plazo por la vía de los ingresos.

Cuestión diferente es la forma en que se ha abordado la reforma en cada país, siendo cada una cualitativamente diferente.

El caso chileno

En casos como el de Chile, la reforma se hizo top-down (de arriba abajo) usando el poder absoluto del que en ese momento gozaba el Gobierno Pinochet, el cual forjó unas instituciones económicas que han permitido al país vivir la mayor época de prosperidad económica de su historia. Sin embargo, en otros casos de democracias consolidadas como la sueca, el procedimiento fue completamente diferente, exigiendo de un consenso general de la mayoría social para transformar radicalmente el sistema haciéndolo más sostenible a largo plazo.

Si bien es cierto que España tuvo a mediados de los años noventa una experiencia parecida de acuerdo general de partidos políticos, empresarios y sindicatos en materia de pensiones -lo que se denominó y constituyó como el Pacto de Toledo-, este acuerdo no se hizo para transformar el sistema público de reparto sino para retocarlo a través de ajustes paramétricos como la edad de jubilación, número de años de cómputo para el cálculo de la pensión, la creación posterior del Fondo de Reserva de la Seguridad Social...

Diferencias de enfoque

No se consiguió, por tanto, un acuerdo político para transformar radicalmente el sistema sino para salvar los problemas que a corto plazo registraba -principalmente el déficit de la caja de la Seguridad Social, el cual desembocó en 1996 en un rescate encubierto por parte del Gobierno popular de José María Aznar para poder pagar la extra de Navidad de aquel año- haciendo caso omiso a los numerosos informes de expertos de la época que aconsejaban o bien seguir la vía chilena o bien la vía sueca.

Precisamente, un cuarto de siglo después de que en junio de 1994 el Parlamento sueco aprobara por una mayoría del 85 por ciento la reforma del Sistema que se estaba preparando desde 1990, la citada vía sueca sigue constituyendo una de las alternativas más realistas y más eficaces a la hora de hacer viable un sistema público de pensiones complementado con ahorro privado y, sobre todo, introduciendo incentivos adecuados para la responsabilidad de cotizantes y pensionistas balanceando el sistema a largo plazo.

Este es el objetivo principal de las denominadas cuentas nocionales: un control a largo plazo de los compromisos por pensiones y de la introducción de mecanismos de responsabilidad de los trabajadores en cada momento para tener una pensión adecuada al nivel de vida que se quiere tener cuando se jubilan.

Puntos estratégicos

Siguiendo la vía sueca, los puntos en los que se exige un consenso son los siguientes: primero, el cambio de un sistema público de prestación definida -como es el actual- a un sistema de contribución definida, lo cual involucra al cotizante a lo largo de su vida laboral para hacer todo lo posible para conseguir una pensión elevada. Segundo, una reducción drástica del tipo de cotización hasta el entorno del 20 por ciento. En el caso sueco, del 18,5 por ciento dividido en un 16 por ciento que va a la cuenta nocional y un 2,5 por ciento al sistema de reparto. Este punto segundo da lugar a un tercer punto de acuerdo que es la generación sistemática y abundante de ahorro público para cubrir el desfase de ingresos que ocasionará la transición hacia el nuevo sistema.

Este consenso es, quizá, de los más difíciles, dado que los políticos desean gastar en todo, con lo cual una restricción presupuestaria más rígida sería de difícil aceptación en España. Y, por último, la constitución de un sistema de segundo pilar de gestión privada obligatorio y vinculante, cosa que hasta la fecha tampoco ha sido posible. Estos últimos dos puntos es donde es más necesario perseverar a medio plazo para lograr una implantación plena de la vía sueca.