Subir con el IPC elevará costes
en 37.500 millones hasta 2023

El Ministerio de Empleo calcula que cada cuarto de punto porcentual de subida en las pensiones tiene un coste de 5.100 millones hasta 2022. La inflación actual multiplicaría la cifra por siete

30 may 2018 / 18:50 H.

La pregunta del millón es cuánto puede costar a la Seguridad Social que las pensiones se revaloricen de nuevo con el IPC, como se hacía antes de 2011 y como se está debatiendo ahora en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Según los datos que se recogen en un documento confidencial, al que ha tenido acceso elEconomista Pensiones, elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para poner orden sobre las cifras en el debate de sus señorías, cada nuevo cuarto de punto de subida en las pensiones supondrá 5.110 millones de euros entre 2018 y 2022 sobre el conjunto de los 9,5 millones de beneficiarios, incluyendo las mínimas y las de viudedad. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada del próximo quinquenio podría sumar 9 puntos porcentuales, revalorizar las pensiones con el IPC supondría 37.680 millones de euros en ese periodo, justo el lustro previo a un año clave para el Sistema, 2023, cuando está prevista la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y comienza a jubilarse la generación de los baby boomers. De todas formas, hay que tener en cuenta que, en ausencia de nuevas medidas, como mínimo deben subir las jubilaciones el 0,25 por ciento legal del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), es decir esos 5.110 millones. Por tanto, la decisión del Gobierno de volver a actualizar con la inflación libera 32.570 millones adicionales hasta 2023 para el bolsillo de los pensionistas, de mantenerse, como así parece, la vinculación al IPC.

Pero lo interesante del análisis aportado por el Ministerio a los diputados del Pacto de Toledo es la evolución del coste, pues cada año varía al alza. Se debe tener en cuenta que los cálculos elaborados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tienen en cuenta información muy detallada del número de nuevos pensionistas que van a ir incorporándose cada año al sistema y el coste medio de esas incorporaciones -siempre superiores a las pensiones que se dan de baja-. En los últimos diez años, la nómina de pensiones netas -altas menos bajas- se ha incrementado de media anual en 120.000 nuevas, pasando de 8,46 millones de pensiones en 2008 a 9,59 millones en abril del presente año. En estos diez años, el volumen ha aumentado en 1,12 millones. Las previsiones para los próximos cinco años incluso son algo superiores. Según la Seguridad Social, entre este año y 2022, el sistema crecerá en 583.0000 pensiones, con una media de 116.000 nuevas pensiones al año de media, hasta sumar 10,17 millones. La AIReF consideró que las previsiones del Gobierno se han quedado cortas, pues sus cálculos se elevan a 713.000, con una media de 142.000 pensiones nuevas cada año, hasta alcanzar los 10,3 millones.

Y un elemento a tener en cuenta: que las subidas en porcentaje se van acumulando cada año. Es decir, sobre una pensión de 1.000 euros al mes, una subida del 1,6 por ciento da como resultado 16 euros de alza, lo que lleva a 1.016 euros al mes. Pero al año siguiente, esa misma subida del 1,6 por ciento ya se aplica sobre 1.016 euros, lo que eleva la pensión a 1.032,25 euros. Esas subidas, aplicadas a 9,5 millones de pensiones suponen muchos millones para las arcas públicas.

Como consecuencia de todo ello, la Seguridad Social determina que incrementar un 0,5 por ciento todas las pensiones por igual en vez del 0,25 por ciento que se ha venido subiendo los últimos años, en 2018 habría costado 315 millones. Sin embargo, en 2019, aplicando los factores antes reseñados, la Seguridad Social debería soportar 648 millones más; en 2020 el incremento se eleva a 1.001 millones, al año siguiente se alcanzan los 1.375 millones y en 2022 supera los 1.770 millones. Es decir, la misma subida del cuarto de punto acarreará al sistema cinco veces más sobrecoste en 2022 que en 2018.

Unas cuentas que se deben analizar con detalle antes de decidir el modelo de revalorización por el que se debería regir el sistema de pensiones. Por de pronto, el Gobierno -tras cerrar pactos con Ciudadanos y el PNV- ha incrementado la nómina de las pensiones este año en 2.500 millones -1.000 millones por la subida del 3 por ciento en el caso de las mínimas y las de viudedad y otros 1.500 millones por el 1,6 por ciento al resto-. Para el siguiente, de momento ya se ha aprobado que se suba un 1,6 por ciento al conjunto, lo que supondría unos 4.100 millones extrapolando los cálculos de la Seguridad Social. Más si se repite una subida superior para las personas que cobran pensiones mínimas y de viudedad.

Pero la nómina tendría en los próximos tres años una subida casi exponencial. Así, teniendo en cuenta que el Gobierno en el Programa de Estabilidad calcula una inflación del 1,9 por ciento para 2020 y 2021, revalorizar a los pensionistas en esos porcentajes tendría un sobrecoste sobre el 0,25 por ciento de Índice de Revalorización de 7.600 millones el primer año y de 10.500 millones el segundo. Para 2022, último año del análisis realizado por el Ministerio de Empleo, para un IPC similar al de los dos años anteriores, el aumento se elevaría a 13.460 millones. En conjunto, los 37.680 millones de euros apuntados más arriba para el conjunto del quinquenio.

Los acuerdos cerrados entre el PNV y el Partido Popular para salvar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han dejado en suspenso para este año y el próximo el sistema de revalorización aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, dejando la actualización en 1,6 por ciento en el citado bienio.

¿Y en 2020, qué?

Sin embargo, nada se ha dicho sobre la subida que se aplicará en el año 2020. Para entonces ya se habrán celebrado las nuevas elecciones generales y está por ver quién se hará cargo del nuevo Gobierno y tendrá que lidiar con el déficit de la Seguridad Social.

Miembros de la Comisión del Pacto de Toledo consideran que estos dos años de plazo han dado un respiro para poder negociar con tranquilidad la fórmula que se aplicará para subir cada año las pensiones.

En cualquier caso, la presión que sobre las arcas públicas ejerce el gasto en pensiones obliga no sólo a buscar con más intensidad que nunca cerrar medidas que salgan de firmes consensos en el seno del Pacto de Toledo, como explican los expertos consultados por elEconomista Pensiones, sino del mismo modo a una reflexión seria de la clase política en aras de la viabilidad que permita adoptar reformas valientes para salvar las prestaciones futuras.