Se acabó la subida con el IPC: ¿vuelta al 0,25% en 2020?

El adelanto electoral, la precipitada ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo y el revés del Gobierno socialista, incapaz de aunar consensos para rescatar en un Real Decreto-ley los principales acuerdos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones, han instalado la incertidumbre de cara a la revalorización de las pensiones prevista para el próximo año. De hecho, a día de hoy y ante la falta de una norma que así lo regle, la ley vigente para la revisión de las cuantías de las pagas es la reforma del Partido Popular de 2013, por lo que la subida en 2020 volvería a ser del 0,25 por ciento, después de dos años con alzas del 1,7 por ciento (2018) y del 1,6 por ciento (2019). Esto provocaría de facto la pérdida de un 50 por ciento del poder adquisitivo conservado en los dos últimos ejercicios a partir del 1 de enero del próximo año.

Esta pérdida solo se produciría en el escenario actual, ante la falta de aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan la revalorización para el próximo año -tal y como se incluía en el defenestrado proyecto de Cuentas del PSOE- y la caída de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su segundo punto propone reformar la ley de la Seguridad Social para vincular la subida anual de las pensiones a la evolución de la inflación (IPC) y que ante la falta de acuerdo no será votada en el Congreso. De hecho, cabe recordar que las subidas de 2018 y 2019 solo se han producido por el acuerdo presupuestario del PP y el PNV de abril del pasado ejercicio, que recogía esta partida de gasto con carácter bianual. Un gasto, que una vez consolidado en la Tesorería de la Seguridad Social asciende a los 1.500 millones de euros en 2018 y 2.591 millones este año. Es decir, un aumento acumulado de los costes cercano a los 4.100 millones de euros. Cifra similar al coste del mantenimiento del poder adquisitivo de todo el colectivo de los pensionistas en dos años.

Ahora bien, este mantenimiento del poder adquisitivo requeriría para el próximo año 2020 un incremento de las cuantías de las pensiones en la misma medida que el avance del índice de precios de consumo (IPC), que los organismos oficiales públicos y privados -Banco de España, BBVA Research, Fondo Monetario Internacional- sitúan en el 1,7 por ciento. Esto quiere decir que ante una nómina anual de las pensiones contributivas que alcanza este ejercicio los 135.267 millones de euros, implicaría un incremento de la misma de 2.300 millones, hasta alcanzar los 137.567 millones. Sin embargo, ante la falta de medidas que así lo reviertan, como se ha explicado, el próximo año se aplicaría el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) estipulado en la norma de 2013, que ajusta las subidas al mínimo del 0,25 por ciento en caso de déficit en la Seguridad Social, que en 2019 está previsto alcance los 18.650 millones de euros. En este sentido, la nómina se incrementaría en 338 millones de euros, por lo que el Estado ahorraría casi 2.000 millones (1,5 por ciento) en comparación a si elevase las cuantías con el IPC, lo que implicaría además una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en la misma cuantía. Es decir, casi un 50 por ciento del incremento de 4.100 millones experimentado en los dos últimos ejercicios.

Dentro de este ejercicio de proyección, cabe destacar la diferencia de las subidas en los últimos años y las previsiones para el siguiente. De este modo y sobre la misma lógica de un incremento del 0,25 en lugar del 1,7 por ciento que correspondería, las pensiones de jubilación, de 1.131,86 euros de media, se verían revalorizadas en 2,8 euros el próximo año, en lugar de los 19 euros que aumentarían si la subida estuviese vinculada a la inflación, lo que refiere una pérdida de poder adquisitivo de 16 euros mensuales, es decir, 224 euros al año.

Caso similar es el que ocurre con las pensiones de viudedad, que se encuentran de media en los 708,26 euros mensuales, de modo que la subida que rige en estos momentos la dejaría en los 709,96 euros (+1,7 euros) en lugar de los 12 euros que se elevaría en consonancia con el IPC para solo mantener el poder adquisitivo, por lo que la pérdida de poder de compra es cercana a los diez euros.

La misma situación se reproduce en los incrementos de la pensión de orfandad, que en el marco actual sería de un euro al mes, hasta los 403,8 euros, en lugar de los 6,8 euros que corresponderían de ligar el alza al IPC. También la pensión de favor de familiares, que se sitúa de media en los 572,86 euros, se elevaría un 0,25 por ciento hasta los 574,2 euros (+1,4 euros) a no ser que se produzca el segundo escenario en el que alguna norma modifique este aumento, donde llegaría a los 9,7 euros, situándose en los 582,5 euros.

Por último, las pagas relativas a la incapacidad permanente, que se sitúan de media en los 970,8 euros, se elevarán 16,5 euros -hasta 987,3 euros- si se aplica el alza del 1,7 por ciento, o solo 2,4 euros si de otro modo se aplica el IRP, el índice que introdujo la reforma de las pensiones de 2013 para contener el gasto en pensiones.

El debate de las pensiones permanece vigente sobre tres ejes: suficiencia, equidad entre generaciones y sostenibilidad financiera. Y sobre este último aspecto se vislumbran algunas previsiones poco halagüeñas a tenor de las proyecciones demográficas y de la actual configuración de los factores paramétricos que determinan la cuantía del gasto en pensiones a clases pasivas. En este sentido, el investigador asociado de Fedea y profesor colaborador de Economía Aplicada de la URJC, Miguel Ángel García, explica que ante una vinculación perpetua de las pensiones al avance de la inflación, con una revalorización media anual del 1,6 por ciento, el gasto extraordinario se traduciría en un coste de 1.500 euros al año para cada español.

El momento clave en el que se gestó la incertidumbre que hoy existe en torno a la revalorización de las pensiones del 2020 fue el de la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre del pasado año, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En el borrador de este texto, el Gobierno socialista incluyó que la vinculación de las pensiones a la evolución de la inflación se haría de forma permanente, modificando de pleno la actual ley de la Seguridad Social. Sin embargo, en el texto aprobado finalmente se retiró esta cláusula y se cambió por otra que reflejaba la excepcionalidad de las subidas de las pensiones aplicadas para este año, en lo que se instaba a los partidos políticos a encontrar y consensuar una fórmula de revalorización en los foros previstos, como el Pacto de Toledo. Un hecho, que provocó las críticas de Podemos al considerar que el consenso se alcanzó en septiembre en la Comisión para la reforma de las pensiones