Sánchez inicia una senda de gasto inviable
en pensiones

Solo durante esta legislatura el nuevo Gobierno elevará las pensiones por valor de casi 8.000 millones de euros. El ministro de Seguridad Social se compromete a cerrar el déficit del Sistema pese a la revalorización con IPC

29 ene 2020 / 09:54 H.

Lo confirmó este mismo lunes el ya ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el intercambio de carteras: el Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC durante este mandato. Una medida que ya se conocía por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que confirmó el que será el máximo mandatario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el reto se abre para Escrivá en su intención de cerrar por completo el déficit del Sistema ya que esta senda de revalorización implica un incremento del coste de las pensiones de 7.650 millones de euros en los cuatro años que está previsto dure la legislatura.

El gasto en pensiones se situaba a finales de este año 2019 en 131.506 millones de euros, una cifra que se verá incrementada un 0,9% en el presente ejercicio tal y como aprobó el Ejecutivo en el primer Consejo de Ministros del presente ejercicio -primera ocasión para el Gobierno en plenitud de funciones- con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Un incremento que, cuando se lleve a cabo, comportará un gasto extra en esta partida de 1.400 millones de euros para el ejercicio 2020, el primer año de la legislatura.

Cabe recordar que son varios los expertos e instituciones que dudan de la viabilidad de vincular la actualización de las pagas conforme al IPC, una senda que actualmente redunda un desfase anual entre ingresos y gastos de la Seguridad Social que ronda los 18.000 millones de euros al año. Tanto el FMI, como la Comisión Europea y la OCDE han puesto el foco en el modelo español y coinciden en apuntar al sistema de actualizaciones de las pagas como uno de los principales factores de desequilibrio de las cuentas, así como su elevada generosidad (80% de tasa de sustitución sobre el último salario).

Más allá, según cálculos del Instituto de Actuarios esta tendencia de elevar las pensiones conforme la inflación llevaría al sistema de pensiones a contar con un déficit anual que rondaría los 100.000 millones de euros, es decir, casi un 5% del PIB, contra el 1,7% de desfase en la partida de pagas contributivas que registra en el actualidad -cerca de 20.000 millones de euros-.

Para 2021, y asumiendo el compromiso de Escrivá de mantener la senda de revalorización de las pagas conforme a la inflación, las pensiones subirían un 1,4% -previsiones de IPC del Banco de España- con lo que, el gasto sobre la anterior nómina ya elevada sería de 1.857 millones de euros. En esta misma línea, el incremento de los precios de consumo para el año posterior, el 2022, sería del 1,6%, lo que supone un incremento del coste de esta partida de 2.152 millones de euros solo para ese año.

Para el último ejercicio de la legislatura, el del 2023, se prevé que la inflación alcance el 1,8% lo que implicaría una presión de 2.460 millones de euros de gasto extra sobre la partida del año anterior. En suma, las cuatro revalorizaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno de coalición para esta legislatura suponen un incremento del gasto de 7.652 millones de euros. Ello también implica que una nómina anual que arrancó este 2020 en 131.506 millones de euros en pensiones contributivas, terminaría el mandato socialista en el entorno rozando los 140.000 millones de euros.

Más tensión para la caja

De este modo, parece evidente que esta senda de gasto que dibuja el Ejecutivo en el marco de las pensiones necesitará de medidas complementarias por el lado de los ingresos que equilibren las cuentas y cierren el millonario agujero que compromete el futuro del Sistema.

Esta es uno de los compromisos del nuevo ministro Escrivá y parece que la vía para incrementar el remanente de la tesorería del Sistema será la de elevar las bases de cotización de los trabajadores, que ya sufrieron modificaciones al alza en el pasado ejercicio cuando las mínimas se incrementaron un 22% en consonancia con la subida del SMI y las máximas hicieron lo propio en siete puntos porcentuales.

Cabe recordar en este punto que finalmente, Pedro Sánchez cumple su promesa de incrementar las pensiones un 0,9% en 2020 después de que las congelase de manera cautelar a finales del pasado mes de diciembre hasta que se culminase la formación del Gobierno de coalición. Así, el primer Consejo de Ministros de la legislatura ha alumbrado este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, en lo que ha sido la carta de presentación del Ejecutivo de coalición de clara vocación social.

De este modo el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cumple con su compromiso electoral de subir las pensiones un 0,9% este año, cuestión que por mecánica de gestión de la Seguridad Social no se hará efectiva hasta la nómina del mes de febrero. De modo que en la nómina del próximo mes se verá efectuada la subida en cuestión más la cuantía correspondiente al mes de enero.

En este sentido, las pensiones de jubilación (1.143,5 euros) se incrementarán una media de diez euros al mes, mientras que las pagas de viudedad (714,5 euros) se verán revalorizadas en 6,5 euros al mes de media. La pensión media (995,7 euros) del sistema aumentará así en 9 euros al mes. En suma, el coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020.

La subida beneficiará a más de 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, ha explicado en una nota de prensa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De este modo, la subida de las pensiones de hoy queda a expensas de una segunda entrega en la que se tomen medidas sobre los ingresos, y en la que además se aplique una subida mayor del 0,9% para las pensiones mínimas tal y como ocurrió el pasado año (3% contra 1,6% de las demás), que el Gobierno pretende incrementar en mayor medida.

Las recetas de Escrivá

En este sentido, José Luis Escrivá será durante la próxima legislatura el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por lo tanto será uno de los elementos centrales de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo desde hace ahora más de tres años. Sin embargo, el futuro ministro viene con el librillo aprendido por su experiencia al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Son varios los frentes sobre los que pretende incidir el nuevo ministro Escrivá, si bien todos ellos están dirigidos a reducir el déficit del sistema que acumula desequilibrios anuales por valor de 18.000 millones de euros, más de un punto porcentual del PIB. “Que se cierre el déficit estructural existente en la Seguridad Social, a través del traspaso de responsabilidades de gasto desde el Sistema de la Seguridad Social al Estado”, reza el documento presentado en enero del pasado año por la Autoridad Fiscal donde se plantean algunas de las medidas necesarias para reflotar las finanzas.

Así, Escrivá plantea la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes -pago de pensiones- a costa de las asignadas al SEPE -pago por desempleo-, lo que se conoce como el trasvase de cotizaciones que se calcula en una cuantía máxima de 9.000 millones de euros. Organismo que se encuentra bajo la dirección del Ministerio de Trabajo que liderará Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social.

Otro punto conflictivo está en su decidida intención de profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.

José Luis Escrivá

Entre 2014 y 2019, el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, fue el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con premio extraordinario de licenciatura y cuenta con estudios de posgrado en Análisis Económico en la UCM y en Econometría en el Banco de España. Escrivá, de 60 años, inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios. Continuó en Europa como asesor del Instituto Monetario Europeo, jefe de la División de Política Monetaria del BCE y director para las Américas del Banco Internacional de Pagos. Entre los años 2004 y 2012 trabajó en BBVA.

Israel Arroyo

Hasta ahora, ejercía como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Sociología, y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Economía Pública, Arroyo es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. Anteriormente ejerció como subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y subdirector de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva en la Tesorería General de la Seguridad Social. Previamente, Arroyo fue jefe de Área de Estudios Económicos y Análisis de Coyuntura en esa misma institución. Sustituirá en el cargo al histórico Octavio Granado.