Sánchez elude al Pacto de Toledo y revalorizará las pensiones un 0,9%

La subida anual de la pagas, un factor regalo en la Ley de Seguridad Social y para cuya reforma trabajan los partidos, sale del debate parlamentario por tercer año consecutivo

30 oct 2019 / 08:50 H.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez -de salir vencedor de las elecciones del 10-N- aplicará la subida de las pensiones al margen de las decisiones adoptadas por
el Pacto de Toledo, encargado de elaborar un documento de recomendaciones para la reforma del sistema público. Será, concretamente, el tercer ejercicio en el que se produce esta situación después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pergeñase una subida de pensiones en marzo de 2018 del 1,6 por ciento, sin esperar a las deliberaciones de la Comisión parlamentaria. De hecho, a la postre, los trabajos de los partidos representados en el Pacto de Toledo han dado la razón a ambas actuaciones, tanto la de socialistas como populares, después de que en septiembre de 2018 se acordase por cuasi unanimidad
la liquidación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y
la vinculación de la revalorización al IPC en el seno de dicha Comisión.

Con todo ello, el Pacto de Toledo dejó en el aire la determinación de lo que debe ser el IPC real, en lo que el Ejecutivo socialista ha terminado por aplicar la fórmula tradicional utilizada antes de la incorporación del IRP en la reforma del 2013: la de la presión de inflación para el conjunto del año, con una revisión a mes de noviembre para calcular eventuales desviaciones que desemboquen en un ajuste de la pensión mediante la conocida como paguilla. Sin embargo, en el debate del IPC real son varios los expertos que vislumbran diversas opciones para calcular la subida de las pensiones.

Hace un año, cuando los partidos alcanzaron un principio de acuerdo para la revalorización, fuentes del Pacto de Toledo aclaraban a elEconomista que aún faltaba por fijar en qué términos exactos se realizará esa revalorización. “Hablan de IPC real refiriéndose al indicador mensual del INE, concretamente al del mes de noviembre, pero sin aclarar cuál de ellos, si la tasa oficial confirmada, o la armonizada, o la subyacente”, apuntaban entonces.

En este sentido, y teniendo en cuenta las dos últimas actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, los pensionistas no perderán poder adquisitivo en el bienio 2019-2020. De hecho, la subida de las pensiones será superior al IPC previsto en el conjunto de los dos años. Con el compromiso del Gobierno, enviado a Bruselas en el marco del Plan Presupuestario para 2020, de revalorizar las pensiones un 0,9 por ciento el año que viene, además, se disipan las dudas sobre qué pasaría en 2020, cuando -en ausencia de nuevas medidas- estaba servida la vuelta del IRP (índice de revalorización de las pensiones) sellado en la reforma de 2013, que remitía a un alza del 0,25 por ciento.

Así durante este año, las pensiones se han revalorizado al 1,6 por ciento en general -las mínimas y no contributivas han subido un 3 por ciento-. Ese 1,6 por ciento se calculó como una estimación razonable de la evolución prevista a priori de los precios. La realidad ha sido que la inflación va perdiendo fuerza desde el mes de mayo hasta marcar un 0,1 por ciento el pasado septiembre. Con todo, las previsiones de los principales organismos sitúan el IPC de 2019 en el entorno del 0,7 por ciento, lo que evidencia una subida del poder adquisitivo de las pensiones superior a la de los precios, de hecho, de más del doble durante este ejercicio.

No ocurrirá lo mismo en 2020, cuando el alza estimada de los precios
es del 1 por ciento. En ese ejercicio, las pensiones subirán un 0,9 por ciento, una décima menos, pero aunando las subidas de 2019 (1,6 por ciento) y 2020 (0,9 por ciento), el alza de las pensiones bate a los precios (0,7 por ciento y 1 por ciento) en al menos nueve décimas.

Con todo, el coste de la revalorización engrosa el gasto en 1.400 millones para el próximo año, después de que este año el Gobierno ya ha pagado unos 1.000 millones más por el desvío de la previsión del 1,6 por ciento sobre la menor inflación. De este modo, vuelve a la mesa de debate el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, con unos ingresos incapaces de enjugar el mayor desembolso motivado no sólo por la revalorización, sino por el hecho de que las nuevas altas en jubilaciones deparan pensiones cada vez más altas, al tiempo que crece con fuerza el número de beneficiarios, hasta rozar los 10 millones. De hecho, como ha evidenciado AIReF el déficit de la Seguridad Social ya ha adquirido un carácter estructural, enquistado en el entorno del 1,3 por ciento del PIB.

Por ello, se torna cada vez más necesario, advierten los expertos consultados por elEconomista Pensiones, que se aborden soluciones estables y permanente en el marco del Pacto de Toledo y, como apunta el Banco de España, con un sólido consenso que no tiene por qué implicar unanimidad. Y añaden las mismas fuentes que, de cara a la actualización de las pagas, es necesario adoptar un criterio perdurable, consistente y predecible a futuro. No en vano, la citada Comisión asumió la indexación de las pensiones al IPC real sin definir este concepto.

De ahí las dudas que han surgido en los últimos meses sobre qué pasaría el 1 de enero de 2020 con los ingresos de los jubilados y sobre si el Gobierno abordaría su subida por real decreto ley en uno de los últimos Consejos de Ministros del año, como finalmente sucederá. No hay, por el momento, un mecanismo automático de revalorización ni siquiera una concreción de qué índice de precios será el que marque la subida de las pagas: si la inflación subyacente (la que elimina los elementos más volátiles); si el dato de IPC elaborado por Estadística y, en ese caso, el de qué mes; si un índice que mida el IPC del jubilado; si el armonizado con Europa. De ello depende poder elaborar unas proyecciones de subida más ajustadas a la realidad que permitan adoptar por el lado de los ingresos medidas correlativas.

Un punto, en el que la detonación descontrolada del Pacto de Toledo el pasado mes de febrero juega en contra de encontrar una solución para la cuestión recurrente de la revalorización. Cabe recordar, que fue el propio Gobierno el que señaló en el propio Real Decreto-ley de subida de las pensiones de diciembre de 2018 que fiaba las futuras actualizaciones de las pagas de jubilación a los trabajos resultantes en el documento de recomendaciones para la reforma.

“En la norma se recoge la voluntad del Gobierno de que en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, se diseñará un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social”, recogía el texto aprobado por el Consejo de Ministros.

Ahora, los siguientes pasos en este terreno parecen encaminados a fijar
si en la subido sólo debe computar la evolución del IPC o también de otros factores como los salarios o el PIB, tal y como piden algunos partidos.