Quién es quién en la comisión del Pacto de Toledo

Un grupo de representantes de las distintas formaciones políticas se reúne periódicamente desde el mes de septiembre de 2016 en el Congreso de los Diputados para reformar el sistema de pensiones

27 jun 2018 / 17:34 H.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo es un organismo que reúne a los grupos parlamentarios recurrentemente desde su creación en el año 1995 para analizar los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social español y las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.

Entonces, en la primera reunión de esta Comisión parlamentaria, que tiene una vigencia de cinco años y es de carácter permanente y no legislativo, acordó en sus recomendaciones una serie de medidas para ajustar los desequilibrios del sistema. Así, en 1997, ya se aplicó una reforma de la Seguridad Social que incluía en sus términos el aumento de ocho a 15 el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión, se establece la edad de jubilación en 65 años, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista del IPC y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Un escenario que volvería a repetirse en 2011 y 2013, cuando la crisis económica de 2008 sacudió los cimientos de la cuentas del sistema por la sangría de empleos, cotizaciones y, por lo tanto, de ingresos. De este modo, en la primera de las reformas, llevada a cabo por el PSOE con el consenso del Pacto de Toledo y los agentes sociales, se aprueba un retraso progresivo de la edad de jubilación, que pasa de estar situada en los 65 a los 67 años, con carácter general; aumenta progresivamente de los 35 a los 37 años el periodo de cotización del trabajador para poder percibir el 100 por ciento de la pensión, y el cálculo de la cuantía que pasa de ser los 15 últimos años de salario a estar calculada sobre un periodo de 25 años, en un proceso transitorio que va de 2013 a 2027.

Ya en 2013, el PP se lanzó a apuntalar la sostenibilidad del sistema e incluyó en una reforma que aprobó sin el consenso de todos los actores sociales donde se introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por primera vez desvincula el crecimiento de las pensiones del IPC, y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2023 y liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en cada momento.

Sin embargo, la historia parece repetirse en la suerte de esta Comisión, que a finales de septiembre de 2016, volvió a ser llamada a filas por el ministerio de Fátima Báñez para llevar a cabo una nueva reforma que fije un consenso de todas las fuerzas sobre elementos de discusión como la revalorización de las pensiones dirigida a mantener el poder adquisitivo de quienes las perciben o la separación de fuentes de financiación para reducir las cargas soportadas por las cotizaciones de los trabajadores al sistema.