Pensiones y privatizaciones marcan el primer año de Bolsonaro

El primer año de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil está jalonado por los esfuerzos en reequilibrar las cuentas públicas del país y por el sorteo de los efectos de la guerra comercial

29 ene 2020 / 07:45 H.

El 1 de enero de 2019 Jair Bolsonaro juraba el cargo como presidente de Brasil bajo la promesa de “liberar” al país sudamericano “del yugo de la corrupción, de la violencia, de la sumisión ideológica”. El discurso del líder conservador marcaba el inicio de un año en el que Brasil ha dado un giro de 180 grados tras 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores. La apertura económica del país al exterior, la reducción del enorme déficit público y la lucha contra la criminalidad han acaparado la mayor parte de los esfuerzos de Bolsonaro durante sus primeros 365 días de Gobierno.

La joya de la corona de la agenda reformista del Ejecutivo ha sido la nueva ley de pensiones, un recorte de las prestaciones por jubilación que va a suponer un ahorro de 870.000 millones de reales -unos 193.000 millones de euros- en diez años para las arcas del Estado. Hasta ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, pues el sistema permitía hacerlo tras contribuir durante al menos tres décadas. Sin embargo, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

A pesar de la imposición de una edad mínima, el proyecto cuenta con algunos casos especiales. Por ejemplo, la edad mínima de jubilación para los trabajadores de zonas rurales se mantuvo en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años. Algunas categorías profesionales, como los profesores, seguirán con reglas diferenciadas. Para los nuevos docentes, la edad mínima para tener acceso a los beneficios será de 60 años para hombres y 57 para mujeres, con 25 años de contribución. Los miembros de organismos de seguridad federales, amparados por normas propias, tendrán un régimen especial, debido al riesgo y restricciones de su trabajo, que entre otras cosas les niega el derecho a huelga.

Además, introduce un sistema de capitalización individual que insta a cada trabajador a descontar una parte de su salario para transferirlo a una especie de plan de pensiones que rescatará en su jubilación. Y finalmente, también se ha fijado un mínimo de 40 años de contribución para recibir la pensión íntegra y se ha limitado el cobro de varias pensiones de forma simultánea.

Privatizaciones

Otra de las grandes promesas de Jair Bolsonaro fue el de privatizar Brasil casi al completo para reducir a mínimos la presencia del Estado en la economía. Hasta el mes de septiembre, el Gobierno brasileño recaudó 96.200 millones de reales -unos 21.100 millones de euros- con la venta de activos y privatizaciones, superando así el objetivo marcado para este año, que era de 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros). Entre las empresas incluidas en su plan de privatizaciones se encuentran Correos, la Casa de la Moneda, Telebras, compañías del área de infraestructuras y Eletrobras, una de las joyas del Estado, considerada la mayor empresa de generación y transmisión de energía eléctrica de América Latina, que se encuentra abierta a la incorporación de inversores privados desde hace más de un año, cuando se calculó su valor en 6.500 millones de dólares (5.860 millones de euros).

También hay muchos rumores sobre la privatización de las dos mayores entidades financieras públicas del país, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, sin embargo, el propio Bolsonaro salió al paso de las informaciones para desmentir que este hecho esté en la agenda del Gobierno. “Por mi parte no existe ninguna intención de pensar eso”, aseguró. No obstante, estas privatizaciones no se realizarían en el corto plazo, pero podrían suceder antes del 2023.

El Gobierno brasileño también anunció que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con los que espera atraer más de 101.000 millones de reales (unos 22.200 millones de euros). Según el Ministerio de Infraestructura son concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos y vías de tren. En el caso de lograrse esta recaudación, supondrá más de 11 veces todo lo que el Gobierno recaudó este año con las concesiones y el 43% de todas las que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 231.000 millones de reales (50.800 millones de euros).

Las cifras del primer año de Bolsonaro en el Gobierno

21.100
Hasta el mes de septiembre del pasado año, el Ejecutivo brasileño había recaudado unos 21.100 millones de euros (96.200 millones de reales) con la venta de activos y privatizaciones de empresas estatales incluidas en el plan nacional para elevar los ingresos públicos, superando así el objetivo marcado para este año, que era de 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) en operaciones de este tipo.

22.200
Para este ejercicio 2020, el Gobierno carioca espera recaudar hasta 22.200 millones de euros con la licitación de 44 proyectos de infraestructuras por todo el territorio a través de concesiones de aeropuertos, además de carreteras, puertos y vías de tren.

50.800
Además, el presidente Bolsonaro pretende recaudar 50.800 millones de euros (231.000 millones de reales) con la concesión de infraestructuras hasta el final de su mandato, a finales de 2022.

50.000
Paulo Guedes señaló que el Ejecutivo estudia un nuevo proyecto de privatizaciones de empresas públicas, que ampliaría las ya acometidas, y que daría más de 50.000 millones para las arcas del Estado en una suerte de ampliación de una de las principales

vías de recaudación del nuevo Ejecutivo.

193.000
La nueva ley de pensiones supondrá un ahorro de 193.000 millones de euros para las arcas públicas en los próximos diez años. Además, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente, agravando así los supuestos en el que el beneficiario recibe la totalidad de la paga del Estado.