Ni la ‘tasa google’ ni el impuesto
a la banca salvarán las cuentas

La preocupante escasez de ingresos de la Seguridad Social ha abierto en el seno del Gobierno la posibilidad de incorporar nuevas figuras tributarias para que el Estado pueda abonar la nómina mensual

30 may 2018 / 19:15 H.

El Gobierno anunció recientemente su voluntad de imponer un nuevo gravamen a las empresas tecnológicas para sufragar parte del aumento del gasto en pensiones pactado con el PNV para salvar los Presupuestos Generales de 2018. Sin embargo, el éxito de la varita mágica que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propondrá a la Comisión del Pacto de Toledo ya ha sido cuestionado. La primera de las reticencias es de carácter técnico, si bien la nueva figura tributaria serviría para recaudar cerca de 2.100 millones de euros entre 2018 y 2019, mientras que el coste planteado por la subida supone un incremento de 1.600 millones en cada uno de estos años, además de la subida del 3 por ciento de las pensiones mínimas, sumando un monto cercano a los 4.800 millones. En este sentido, aún existiría un desajuste de 2.700 millones para el solo pago del incremento en la retribución de los pensionistas. Sin embargo, el déficit estructural de la Seguridad Social, en 18.800 millones al cierre de 2017, escapa de la previsión recaudatoria a través de esta nueva figura tributaria, y más allá, plantea la necesidad de abordar el problema de los ingresos desde una perspectiva recaudatoria más amplia, que palie todo el déficit del Sistema.

Sobre este escenario, la aparición de nuevas figuras tributarias destinadas al pago de las pensiones supone, como explica el profesor del FEF, Miguel Ángel Bernal, un paso contrario a la naturaleza de la solidaridad intergeneracional que plantea el pago de las actuales prestaciones con las cotizaciones de los actuales trabajadores, además de transponer un coste que debería ir a cargo de la Seguridad Social a todos los ciudadanos, mediante los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, Bernal recuerda que esto ya se está produciendo con los préstamos del Gobierno a la Seguridad Social a interés cero, y explica que este aumento de la cuantía de las pensiones solo conllevará un mayor aumento del déficit de la caja única.

La otra discrepancia hacia la tasa tecnológica del Gobierno es la posible incurrencia en una duplicidad impositiva. Desde Europa ya se planteó una tasa Google, similar a la que pretende acometer España, con un gravamen del 3 por ciento a los ingresos de las grandes firmas digitales que contemplaba una recaudación aproximada de 5.000 millones de euros al año. Entonces, el comisario de Presupuestos europeo, Günter Oettinger, señaló que este tipo impositivo “no está lo suficientemente madurado”, por lo que se aplazó su entrada en vigor. Mismo mensaje que se repitió acerca de la medida planteada por el Gobierno, ya que pese a no demoler el articulado del Ejecutivo Español, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, aboga por una fórmula única para todos los países de la UE.

Sin embargo, el experto en tributación del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, explica que es una de las medidas que más pronto llegará, toda vez que “algunos países de Europa ya la aplican” y es un debate longevo. No obstante, de frente estará la posición de Estados Unidos, ya que acapara la nacionalidad de las grandes compañías tecnológicas y que se halla en pleno rifirrafe comercial con China por el control del comercio global. A esta incertidumbre, el investigador de Essex, Javier Santacruz, recuerda el “peligro” de generar una nueva base imponible, ya que “no sabes cómo va a reaccionar”, y puede ser que la previsión inicial de ingresos difiera ante la fuga de potenciales afectados por las medidas.

Además, hay que añadir que de fondo aún suenan los tambores de batalla que atizó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al plantear un impuesto a la banca para garantizar la subida anual de las pensiones acorde a los precios. Aquí, al igual que ocurre con la tasa tecnológica, los número no dan para sufragar las expectativas de los pensionistas. La recaudación sería de 1.600 millones al año, lo que daría para la revalorización ligada al IPC -siempre en un escenario de inflación por debajo del 2 por ciento-, aunque como ocurre en el caso anterior, no atiende a la falta de ingresos para revertir el déficit estructural del Sistema.

Sin embargo, esta medida parece más difícil ya que, según explica Bernal, acarrearía una pérdida de competitividad de un sector crucial para la gestión del ahorro de los consumidores. Y más allá, este movimiento podría ser contraproducente en su meta si se traduce en un mayor coste de los servicios bancarios para los consumidores.

Así, parece que la vía impositiva finalista para el pago de las pensiones no es la única que debe ser abordada, ya que presenta soluciones transitorias y no aborda el desfase entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Un cambio en el modelo de reparto supondría reformas más profundas que no solo se centre en cuánto paga el Estado por la factura de las pensiones, sino que atienda otros factores paramétricos como la ampliación de la edad de jubilación o los años de vida laboral computable para la pensión inicial.