Más de 100.000 millones de deuda asfixian
al sistema

El Tribunal de Cuentas elabora un informe que advierte de la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social y pide que se lleven a término medidas estructurales para garantizar el pago de los compromisos adoptados en materia de pago de prestaciones

26 jun 2019 / 09:15 H.

El sistema público de pensiones se encuentra en un momento decisivo en el que la eventual reforma que se sustancie durante la legislatura entrante, procedente del seno del Pacto de Toledo, será crucial para el futuro desempeño financiero de la Seguridad Social. Y sobre este aspecto, el Tribunal de Cuentas ha exigido recientemente a los poderes públicos que lleven a cabo medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera del organismo encargado de pagar las prestaciones a clases pasivas, sustentada en la recopilación de datos de la ejecución presupuestaria de los últimos años.

“Hasta el momento, para las situaciones de crisis, no se han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de que adolece el sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, esta situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado, todo lo cual bien podría abordarse, en su caso, en el marco del denominado Pacto de Toledo”, concluye el informe del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, el documento enviado por el organismo al Congreso de los Diputados durante este mes de junio sustancia que entre los años 2010 y 2017 el patrimonio neto ejecutado de la Seguridad Social es negativo, es decir, implica una acumulación de deuda, y asciende casi a los 100.000 millones de euros (99.503,2 millones, concretamente). Tales resultados, según explica el Tribunal de Cuentas, derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de las entidades de la Seguridad Social, ya que los recursos de esta naturaleza -mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado- resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen -prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas-, “provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”, explica el informe. Aquí, el organismo alude al desfase entre ingresos y gastos del que adolece el Sistema.

Dicho de otro modo, el Sistema encargado de abonar las pensiones a los españoles suma una década registrando déficits anuales en sus cuentas, y desde 2016 se encuentran estabilizados en torno a los 18.000 millones de euros. Esto, al margen de las ayudas que el Estado viene concediendo al organismo público para poder hacer frente a los esfuerzos del Estado para con los jubilados en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, y que duplican el desembolso de la nómina mensual en esos meses. Concretamente, estas transferencias alcanzaron los 17.168 millones de euros entre 1992 y 1999, de 10.192 millones de euros en 2017, y otros 13.839 millones para 2018 y 2019.

Sin embargo, este tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que según el Tribunal de Cuentas “son de naturaleza estructural, y ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”. En este sentido, el organismo apunta a un efecto contrario, ya que “más bien dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia.

Un fondo infravalorado

Otro de los desequilibrios generados señalados por el Tribunal de Cuentas está en el saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, con origen en la TGSS, que según el informe presentado se encuentra infravalorado en 111,5 millones de euros, “debido a que este servicio común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las pérdidas por enajenaciones generadas hasta diciembre de 2012 por las inversiones realizadas con cargo al Fondo, pero no los implícitos positivos que figuran en la cuenta de resultados a favor de los fines generales”. Así, el Tribunal pide que se subsanen estas deficiencias para que “se refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades” estudiadas.

El sistema público de pensiones se encuentra en un momento decisivo en el que la eventual reforma que se sustancie durante la legislatura entrante, procedente del seno del Pacto de Toledo, será crucial para el futuro desempeño financiero de la Seguridad Social. Y sobre este aspecto, el Tribunal de Cuentas ha exigido recientemente a los poderes públicos que lleven a cabo medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera del organismo encargado de pagar las prestaciones a clases pasivas, sustentada en la recopilación de datos de la ejecución presupuestaria de los últimos años.

“Hasta el momento, para las situaciones de crisis, no se han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de que adolece el sistema de la Seguridad Social, por lo que resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, esta situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado, todo lo cual bien podría abordarse, en su caso, en el marco del denominado Pacto de Toledo”, concluye el informe del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, el documento enviado por el organismo al Congreso de los Diputados durante este mes de junio sustancia que entre los años 2010 y 2017 el patrimonio neto ejecutado de la Seguridad Social es negativo, es decir, implica una acumulación de deuda, y asciende casi a los 100.000 millones de euros (99.503,2 millones, concretamente). Tales resultados, según explica el Tribunal de Cuentas, derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de las entidades de la Seguridad Social, ya que los recursos de esta naturaleza -mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado- resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen -prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas-, “provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”, explica el informe. Aquí, el organismo alude al desfase entre ingresos y gastos del que adolece el Sistema.

Dicho de otro modo, el Sistema encargado de abonar las pensiones a los españoles suma una década registrando déficits anuales en sus cuentas, y desde 2016 se encuentran estabilizados en torno a los 18.000 millones de euros. Esto, al margen de las ayudas que el Estado viene concediendo al organismo público para poder hacer frente a los esfuerzos del Estado para con los jubilados en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, y que duplican el desembolso de la nómina mensual en esos meses. Concretamente, estas transferencias alcanzaron los 17.168 millones de euros entre 1992 y 1999, de 10.192 millones de euros en 2017, y otros 13.839 millones para 2018 y 2019.

Sin embargo, este tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que según el Tribunal de Cuentas “son de naturaleza estructural, y ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”. En este sentido, el organismo apunta a un efecto contrario, ya que “más bien dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia.

Un fondo infravalorado

Otro de los desequilibrios generados señalados por el Tribunal de Cuentas está en el saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, con origen en la TGSS, que según el informe presentado se encuentra infravalorado en 111,5 millones de euros, “debido a que este servicio común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las pérdidas por enajenaciones generadas hasta diciembre de 2012 por las inversiones realizadas con cargo al Fondo, pero no los implícitos positivos que figuran en la cuenta de resultados a favor de los fines generales”. Así, el Tribunal pide que se subsanen estas deficiencias para que “se refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades” estudiadas.