Más copago para los jubilados con mayor renta

La AIReF ha lanzado este mes un informe sobre el gasto público en medicamentos de dispensación en oficina de farmacia, que a día de hoy está por encima de la media de la Unión Europea en unos 3.600 millones de euros, unas tres décimas de PIB. Para rebajar esta distancia, o al menos atajarla, el ente propone una auténtica revolución del modelo farmacéutico español, para lograr eficiencias por valor de entre 1.000 millones y 2.000 millones que va a incluir subastas de medicamentos, una revisión constante de los precios de los productos y, además, una reforma del copago farmacéutico que abona la ciudadanía, de manera que sea más equitativo y progresivo, equiparando a pensionistas con trabajadores. En resumen, que los jubilados paguen más por medicamentos.

¿Por qué? La AIReF llama la atención de que los trabajadores con menos rentas, inferiores a los 12.000 euros -lo que ha venido a llamar trabajadores pobres-, abonan un copago farmacéutico superior que pensionistas en las mismas condiciones. Por ello, propone arrebatar las ventajas que hasta ahora tenían los pensionistas y crear un nuevo modelo de copago común para personas activas -trabajadoras- y pasivas, que establece seis tramos de aportación entre las menores rentas hasta las de más de 100.000 euros. Todos ellos con límites anuales de aportación efectiva por paciente, que van de 114 euros a 843 euros.

Esto inevitablemente generará un alza del gasto anual en prescripciones en oficina de farmacia de entre el 5,5 por ciento y el 7,1 por ciento, es decir, de entre 497 millones y 644 millones. Pero desde la AIReF ni se plantean la supresión del copago, como ha hecho el Gobierno en pensionistas de rentas bajas: “Es útil, pero tenemos que mejorarlo”, indican desde el ente.

Además, propone que los pacientes que lo deseen paguen un plus por encima del precio más bajo de un medicamento, que es el coste que financia el Estado, si quieren comprar un producto con el mismo principio activo, pero con un precio superior, una fórmula que la Airef ha venido a llamar “copago evitable”.

Por otro lado, en las medidas propuestas en el campo del gasto en farmacia, destaca el llevar el modelo de subasta de medicamentos de Andalucía -concurso regional por el que se da a un solo suministrador el abastecimiento de un producto farmacéutico concreto de financiación pública durante un periodo de tiempo concreto- a escala nacional. Hasta 2022, el ahorro calculado ascendería A más de 400 millones de euros. Eso sí, “no sería estrictamente el modelo andaluz”.

Para empezar, habría varios proveedores y se introduciría solo en productos farmacéuticos concretos. Según indican desde la Autoridad, la variación llevaría a que el concurso fuera muy similar a una de las subastas que se producen en el sector eléctrico.

Admiten el impacto negativo que tendría la medida en las oficinas de farmacia, puesto que su margen de beneficio se vería reducido. Sin embargo, matizan que solo se verían perjudicadas las ventas de farmacias con mayor volumen de facturación, aludiendo a que las boticas con menos ventas no sufrirán efecto alguno. Eso fue lo que ocurrió en Andalucía cuando se activaron las subastas. De esta manera, argumentan, no sufriría riesgo alguno una de las principales características del sector farmacéutico español: su capilaridad y presencia en la geografía española.

Sin embargo, No es la única medida de peso que propone la AIReF. Apuesta también por que los fármacos no compartan precio por su principio activo, sino por su indicación terapéutica, aumentando la competitividad entre ellos y reduciendo precios, con una reducción del gasto de más de 500 millones hasta 2022.

A esto hay que sumar otras apuestas, como una homogeneización de la prescripción que podría permitir eficiencias por valor de 596 millones.