Los partidos corrigen el acuerdo
del Pacto de Toledo

Las medidas para transformar el sistema público de pensiones recogidas en el programa electoral de los partidos difiere del consenso previo adoptado por las formaciones en el maltrecho Pacto de Toledo

29 may 2019 / 10:26 H.

La ruptura sin acuerdo de las negociaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones supuso un jarro de agua fría para los representantes de los partidos políticos, que habían estado dos años y medio trabajando en un documento de recomendaciones, y para el propio colectivo de los pensionistas y jubilados que veían cerca una reforma que garantizase las reivindicaciones expuestas en las protestas del pasado 2018, aún vigentes. Sin embargo, a tenor de las líneas de actuación al respecto expuestas en los programas electorales de las principales fuerzas políticas parece que la fractura del Pacto de Toledo se ha visto más bien como una puerta abierta para enmendar los aspectos menos consensuados durante las negociaciones. Es decir, las propuestas de las formaciones que se presentan a las elecciones y que contribuyeron a la elaboración del borrador de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones perfilan ahora modificaciones a lo entonces acordado.

En este sentido, una vez examinadas las propuestas de las formaciones en materia de pensiones se aprecia un elevado nivel de consenso, incluso tras la ruptura de las negociaciones, en torno a dos aspectos de la futura reforma del sistema: la separación de las fuentes de financiación y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. Todo ello, partiendo de la premisa de que las negociaciones que deberán continuar en el seno de la Comisión parlamentaria parten desde un punto de incertidumbre sobre lo ya acordado por la incorporación de nuevas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, como es el caso de Vox, donde se permanece a la espera de su postura sobre aspectos como los anteriormente mencionados, toda vez que la formación de Santiago Abascal propone la entera desmantelación de la actual estructura de protección a clases pasivas.

En el primero de los casos, la separación de fuentes, se trata de desviar hacia los Presupuestos Generales parte de los gastos del Sistema impropios por su carácter no contributivo, un punto en el que se ha llegado a plantear que el Estado costee los gastos de gestión de la Seguridad Social. Pero en el grueso de la medida, se trataría de pagar a través de impuestos líneas de crédito destinadas a políticas activas de empleo, además de la revisión del sistema de reducciones en las cotizaciones sociales. Las únicas puntualizaciones sobre este aspecto aparecen en los programas de Unidas Podemos y ERC, que se muestran tibios en la profundidad de la medida limitándola a una “revisión”, además de Vox y Ciudadanos que no hacen si quiera mención en el documento programático. Un documento interno de trabajo de la Comisión al cual ha tenido acceso elEconomista Pensiones calcula que la partida a desviar supondría algo más de 4.000 millones al año.

En cuanto a la revalorización de las pensiones en función al IPC, el otro elemento central de la futura reforma que aparece recogido en la recomendación segunda del borrador del Pacto de Toledo y que fue embridada en el pasado mes de septiembre, el consenso parece vigente aunque con los matices ya presentados durante la negociación de la medida. Esto es, como apunta el programa del PP y el postulado oficial de Ciudadanos una revalorización que tome como referencia el IPC pero que también tenga en cuenta ciertos atenuantes como la evolución de la economía, el aumento de la productividad y de los salarios.

Los grandes cambios

Sin embargo, existen notables diferencias en otros puntos que a priori se encontraban resueltos en el borrador de las 20 recomendaciones de la Comisión parlamentaria y que se han visto rebatidos en la literalidad de los programas electorales.

El mayor exponente de este fenómeno es el de la recomendación número 12 sobre la edad de jubilación donde el borrador recoge que “la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo”, es decir, se aboga por el progresivo retraso de la edad efectiva de retiro. Si bien, en toda la redacción del texto no se hace referencia a un eventual retraso más allá de los 67 años, entre otros motivos debido a que este punto no se alcanzará hasta el próximo 2027 en virtud de lo reglamentado en la reforma del Sistema de 2011 impulsada por el PSOE.

En este sentido, las propuestas de los partidos sobrepasan claramente las líneas marcadas en el preacuerdo del Pacto de Toledo, especialmente en el caso de Vox que aboga por un retraso de la edad legal de jubilación sin paliativos, justificado por la mayor esperanza de vida. Un punto que también enmienda Unidas Podemos, que lejos de las fórmulas para elevar la edad efectiva de jubilación como reclama el Pacto de Toledo aboga por la vuelta a los 65 años, y más allá, adjuntan una opción de jubilación anticipada a los 61 años para los trabajadores de los sectores más duros, como por ejemplo el de la minería.

Por su parte, desde Junts per Catalunya defienden abiertamente en su amplio listado de medidas para reformar el sistema de pensiones un progresivo retraso de la edad de jubilación mediante la introducción del factor de sostenibilidad que al implicar una menor cuantía de la pensión puede incentivar la permanencia de los perfiles senior en el mercado de trabajo descargando la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, este de la edad de retiro se entiende como un asunto espinoso de la futura negociación tanto en cuanto ni PP, ni PSOE, ni PNV, ni ERC hacen mención alguna en sus programas.

El otro gran punto de disensión que había sido embridado en la comisión es el impulso a los sistemas de previsión social complementaria para la jubilación, con especial atención a los planes de pensiones de empresa. En este aspecto, resulta llamativo que las fuerzas de izquierda o no mencionan tal objetivo, caso del PSOE, o lejos del impulso abogan por liquidar las ventajas fiscales para el ahorro individual a través de instrumentos financieros. Y más allá, en el caso de Vox supera este objetivo con creces y propone la directa privatización del sistema de pensiones transformándolo en uno mixto.

Todo ello, dibuja un escenario de elevada incertidumbre de cara a la nueva legislatura y la entrada de nuevas fuerzas parlamentarias en el Pacto de Toledo, que podría –tal y como temen los actuales miembros de la Comisión según ha podido saber elEconomista Pensiones– dar al traste con el trabajo y los acuerdos de los dos últimos años y medio, y comenzar las negociaciones desde cero para buscar un nuevo arreglo.