Los incentivos fiscales fracturan el Pacto de Toledo

El rechazo de Podemos y ERC a avanzar en fórmulas de estímulo fiscal para el impulso de sistemas complementarios impiden el amplio consenso de cara a la futura reforma de las pensiones

31 oct 2018 / 15:57 H.

El Pacto de Toledo volvió este mes a sus reuniones periódicas para tratar las recomendaciones 15 y 16, que hacen referencia a la suficiencia de las prestaciones que reciben los pensionistas españoles y a los sistemas complementarios de ahorro privado para la jubilación, respectivamente. El resultado, como viene ocurriendo en las primeras aproximaciones a la mayoría de los puntos de la futura reforma, fue la clara fractura entre los partidos; en este caso, por el rechazo de Podemos y ERC a avanzar en las ventajas fiscales a los planes de pensiones individuales.

En la reunión celebrada a puerta cerrada no trascendieron los extremos de la negociación sobre estas dos cuestiones, pero sí la división de opiniones sobre hacia qué dirección avanzar. La postura de Podemos no es nueva, y ya en la negociación de Presupuestos con el PSOE planteó al presidente del Gobierno acabar con las exenciones en el IRPF a los planes de pensiones en las rentas más altas, “una postura lógica con la línea ideológica del partido”, como explican fuentes cercanas a la negociación. Es más, la postura de Podemos cuenta con el respaldo tanto de ERC como de Compromís, otros dos actores principales en el actual juego de sumas parlamentarias con el PSOE.

Así, los socios del partido de Gobierno buscan en el marco del Pacto de Toledo sumar fuerzas para tratar de recoger lo que el sindicato Gestha ha cifrado en beneficios fiscales al ahorro privado por valor de 2.000 millones de euros de vuelta a la Tesorería de la Seguridad Social.

Del otro lado, el PP, Ciudadanos, PDeCat y PNV abogan por avanzar en la línea de los incentivos para impulsar el ahorro privado de las personas, que suponga un flotador para mantener el poder adquisitivo durante la jubilación. “En España solo se ahorra en inmuebles o en planes de ahorro, habrá que impulsar este pilar [de previsión]”, señalan miembros cercanos a la Comisión a elEconomista Pensiones.

En este sentido, los miembros de la Comisión parecen decididos a avanzar en esta materia desde la recomendación establecida en la reforma del sistema aprobada en 2011. Aquí, se pone especial atención a “potenciar los sistemas complementarios -en particular los planes de pensiones de la modalidad de empleo- en el marco de la negociación colectiva”. Una línea en la que el PNV sería muy favorable a avanzar -se trata de un modelo muy arraigado en el País Vasco-, pero que los expertos ven poco exportable al resto del tejido productivo debido al predominio de la pequeña y mediana empresa -cerca de un millón de autónomos solo tienen un empleado-.

Con todo ello, la expectativa no es del todo negativa. En anteriores disensiones las formaciones han terminado por llegar a consensos en un esfuerzo de cesión desde ambos extremos del arco ideológico. En este caso, parece que el futuro de la recomendación 16 se dirimirá en la propia fiscalidad, aunque cabe recordar que Podemos ya planteó que estas exenciones solo benefician a las rentas más altas, con capacidad de ahorro a fin de mes. De hecho, el enconamiento de las posiciones podría llevar a las formaciones discordantes en la materia a elevar un voto particular, como ocurrió con ERC en el acuerdo para la subida de las pensiones con IPC.

De otro lado, se debatió sobre la suficiencia de las cuantías que se perciben en la pensión de jubilación, donde se dirime la futura suerte de los complementos a mínimos, y donde parece existir un mayor terreno de consenso. En este punto, la recomendación 15 está cerrada a falta de concretar cuál será el índice que se va a utilizar para medir el concepto de suficiencia, que se entiende como la cuantía mínima que debe percibir una persona, en este caso pensionista, para que no se encuentre en una situación de riesgo de pobreza.

Los partidos están trabajando para que los complementos a mínimos, que se pagan con los Presupuestos, sean garantía del mantenimiento de un nivel de vida digno. De hecho, algunos de los políticos explican que en la actualidad estos complementos no cumplen su función final, toda vez que existen casos en los que la suma de la pensión y del complemento deja al perceptor en una situación de riesgo de pobreza de igual modo.

La ‘tasa Tobin’ gravará el ahorro

Relacionado con los sistemas complementarios de ahorro se encuentra la futura aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin, no solo tiene implicaciones para los inversores profesionales que operan en el mercado mediante la compraventa de acciones de grandes empresas. Los ahorradores de planes de pensiones también sufrirán las consecuencias de un decisión que, en teoría, debería servir para financiar el sistema público de pensiones.

Según los cálculos realizados por Inverco, la asociación que agrupa a las gestoras de instituciones de inversión colectiva en España, los fondos de pensiones verían mermada su rentabilidad a largo plazo en casi un 6 por ciento por el impacto de la medida. En concreto, sus análisis reflejan que los fondos de pensiones sufrirían un impacto negativo del 5,6 por ciento a 25 años.

Un porcentaje que puede parecer poco en un período tan amplio de tiempo, pero hay que tener en cuenta que la rentabilidad media anual ponderada de los planes del sistema individual se situó en el 2,16 por ciento, en el caso de los planes de renta variable, muchos de los cuales invierten en bolsa española. Esta aplicación de una tasa sobre la compraventa de acciones de grandes compañías también tendría implicaciones sobre el rendimiento de los fondos de inversión, que experimentarían un impacto negativo del 7,4 por ciento en el mismo período de tiempo.

Estos cálculos resultan de las proyecciones realizadas por Inverco con los datos patrimoniales de 2015. Si se hubiera aplicado una tasa del 0,1 por ciento sobre las operaciones al contado y del 0,01 por ciento sobre las operaciones con derivados -que tuvieron un volumen de 360.000 millones de euros en ambos casos-, el resultado hubiera sido una merma del 0,25 por ciento del patrimonio, por valor de unos 630 millones, solo en el caso de los fondos de inversión y sicav.

Si se multiplicara este porcentaje durante los siguientes 25 años, asumiendo la reinversión de los rendimientos, con una rentabilidad media anual esperada del 1,5 por ciento, la merma final de rentabilidad en ese período arrojaría las cifras de pérdida de rendimiento calculadas por Inverco.