Los grandes consensos del Pacto de Toledo

La vinculación de las pensiones en función al IPC, que prevé una subida del 1,6% en 2019, y la separación de fuentes de financiación del Sistema, los éxitos de la Comisión en este 2018

26 dic 2018 / 18:00 H.

El Pacto de Toledo se ha caracterizado en su última encomienda de reformar el sistema público de pensiones español por la división entre los partidos en la cuestiones de mayor calado en primer lugar, y por la concesión de espacios y consecución de consensos en segunda instancia. Así, entre tiras y aflojas se ha perfilado el trabajo de los grupos durante el último año, pero con el resultado de dos victorias de sonado éxito: los acuerdos sobre la recomendación 1, referente a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, y la recomendación 2, sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados en términos de cuantía de las pagas.

En este sentido, el pasado 26 de septiembre saltó la noticia sobre el primer gran consenso alcanzado por unas fuerzas políticas que en algunos casos se encuentran en las antípodas ideológicas, por lo que el alcance de los acuerdos es de una envergadura mayor, sobre la revalorización de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo cerró hoy un acuerdo mayoritario, ya que nunca contó con la aprobación de ERC, para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC “real” y sin supeditar esta subida a ningún otro parámetro -eliminando referencias a la evolución de los salarios o del empleo, como proponían PP y Ciudadanos-, siguiendo así la recomendación aprobada en 2011.

“La comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social”, en referencia al indicador aprobado por el Gobierno del PP que subía las pensiones el 0,25 por ciento anualmente mientras la Seguridad Social estuviera en déficit. Cabe recordar que cuando Mariano Rajoy aún era presidente del Gobierno, PP y PNV habían acordado que durante este ejercicio las pensiones subieran un 1,6 por ciento, mientras que en 2019 quedarían vinculadas al IPC previsiblemente en la misma cuantía.

“La Comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la Recomendación del Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en el año 2011 en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo”, puntualiza la recomendación. Una recomendación, que más allá, aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su Consejo de Ministros asumirá, tal y como se plasmó posteriormente en el proyecto de Presupuestos para 2019 acordado con Unidos Podemos.

Un ‘desvío’ de 10.500 millones en gastos

El Pacto de Toledo cerró poco después, allá por la segunda semana de octubre, la redacción de la Recomendación 1 dedicada a la “consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero” que apremia a que los Presupuestos Generales de cada año se hagan cargo de determinadas partidas, hoy asumidas por los Presupuestos de la Seguridad Social. No obstante, insisten en que esta recomendación, como la número 2 que establece la revalorización con el IPC, a pesar de estar acordadas, podrían sufrir variaciones en las rondas de negociación de enero. Aunque la redacción número 1 no explicita el coste que puede suponer para los Presupuestos Generales, las partidas que proponen sacar de la Seguridad Social, como mínimo suman 10.500 millones de euros.

De este modo, el texto consensuado, con una mayoría más amplia que en el caso de la recomendación segunda, apunta que “en el momento presente resulta urgente” recuperar el equilibrio en las cuentas, para lo cual considera “preciso” habilitar fórmulas que alivien el déficit de las pensiones, ya sea “desplazando costes” o “allegando recursos distintos a las cotizaciones”.

Según el texto de la Recomendación 1, el Pacto se expresó en términos muy duros y recriminó a los anteriores Gobiernos su tardanza en acometer la separación de fuentes de financiación. El texto establece que “es necesario que, de una vez por todas, sea aplicada de manera inflexible la regla de que las reducciones en las cotizaciones sociales, así como cualquier tipo de políticas de fomento del empleo, sean financiadas con cargo a recursos provenientes de la fiscalidad general, evitándose de manera definitiva su pago con cargo a las cotizaciones, dado que, por bienintencionada que sea una política de empleo, su financiación con cargo a las cotizaciones sociales pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

De hecho, los expertos apuntan a que este proceso es necesario para aclarar la situación presupuestaria de la Seguridad Social, ajustar el déficit a los términos estrictamente contributivos, para llevar a cabo una evaluación de necesidades de financiación del Sistema de cara a eventuales tensiones.