Los autónomos y su convergencia con Europa

La homologación de los trabajadores por cuenta propia españoles con los de otros países del Viejo Continente requiere un cambio de la estructura productiva no exenta de costes

27 feb 2019 / 09:53 H.

Una de las aspiraciones más recurrentes en el mercado español es la de parecerse al modelo social nórdico en sus ventajas, prestaciones y condiciones de vida. Pero no siempre estamos dispuestos a asumir los costes -individuales y sociales- que el modelo conlleva, especialmente a la hora de planificar la jubilación. Entre los sectores en que se da esta actitud, está el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) con reivindicaciones permanentes en materia de derechos laborales y sociales, dado que se sienten desprotegidos con respecto al marco regulatorio del trabajo autónomo en los países europeos. Para poder homologar por completo el modelo de autónomos al existente en los países centroeuropeos o incluso hacia un modelo nórdico representativo como el danés, primero hay que establecer las mismas reglas para todos los trabajadores, con independencia de que trabajen por cuenta propia -autónomos- o por cuenta ajena -Régimen General-, algo a lo que los autónomos en España son extraordinariamente reacios. En segundo lugar, sería necesaria una reforma en profundidad de la estructura productiva para conseguir una economía lo suficientemente flexible como para generar un marco de protección social comparable con los nórdicos. Implementar un marco similar en España supondría un aumento exponencial del gasto público, dado que un porcentaje elevado de los autónomos se encuentra en condiciones precarias de forma estructural con independencia de factores coyunturales o el ciclo económico-.

El trabajo autónomo en Europa está fuertemente concentrado en los países del sur, con cuotas bastante superiores a las de la media de la UE. La razón es el alto porcentaje de trabajo autónomo en el sector primario y cómo éste se ha ido sustituyendo por trabajadores por cuenta propia en el sector servicios. Mientras que la media de la UE-28 permanece constante en torno al 14,9 por ciento de la fuerza laboral -entre 16 y 64 años según la Encuesta Laboral de la UE y Eurostat-, los países del sur como Grecia, Italia o España han llevado a cabo un cambio de composición del trabajo autónomo desde la agricultura hacia los servicios, manteniendo altos pesos de trabajo autónomo sobre la población en edad de trabajar, de entre el 18 y el 34 por ciento. La única excepción es Portugal, donde la reducción de los autónomos en el sector agrícola no se ha compensado con más trabajo por cuenta propia en servicios o industria.

Uno de los aspectos esenciales, si de verdad se busca la convergencia, es la voluntariedad a la hora de hacerse autónomo -es decir, si una persona es autónoma por decisión propia o le han empujado sus circunstancias- y el esfuerzo en la previsión de los bienes más importantes de largo plazo como la sanidad o la pensión de jubilación. En este sentido, es especialmente revelador un informe publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound) en el que subraya que uno de cada cinco autónomos encuestados en Europa lo es no por deseo propio, sino a causa de una mala situación económica o laboral.

Comparar un autónomo nórdico con un español es un ejercicio complejo debido a que la estructura de su trabajo es completamente diferente y también el propio perfil de la persona. De los cinco perfiles que confecciona Eurofound, los autónomos más frecuentes en las regiones del centro y norte europeo son aquellos que por voluntad propia trabajan así. Concretamente, cuatro quintas partes de los encuestados en Finlandia, Suecia o Reino Unido. Sin embargo, el perfil mayoritario en el sur de Europa es el del autónomo dependiente o incluso el falso autónomo, para quienes su situación no es voluntaria y cuya vulnerabilidad financiera y social es extraordinariamente alta como ocurre en Portugal o Rumanía, con porcentajes cercanos al 40 por ciento de la muestra.

El caso español es particularmente significativo. Por un lado, el porcentaje de autónomos que lo son por iniciativa y convencimiento individual es cinco puntos menor que la media de la UE-28 -del 54 frente al 59 por ciento- y 32 puntos menos que en Suecia. Ello revela hasta qué punto una buena parte del crecimiento del trabajo autónomo en España viene forzado por las condiciones económicas y sin una transición adecuada en términos de seguros sociales, protección ante enfermedad o incapacidad temporal o permanente. No es un problema de falta de mecanismos de apoyo público, sino de un cambio radical del perfil profesional del trabajador habiendo consumido la cobertura del desempleo o incluso teniendo que depender de la ayuda de 426 euros sin que previamente tuviera un colchón de seguridad suficiente.

Por otro lado, en los países del norte y centro de Europa, la mayor parte del trabajo autónomo está concentrado en sectores de alta capacidad -el 74 por ciento en el biosanitario y el 67 por ciento en educación-, con mano de obra en edad laboral adulta y cuyo paso a cuenta propia ha sido por iniciativa personal. En esta situación se encuentra más del 40 por ciento de los autónomos en estos territorios -donde predominan profesiones como directores generales, CEO, juristas, corredores de seguros, gerentes o productores tecnológicos-, mientras que España está 10 puntos por debajo en términos promedio.

En virtud de este escenario, establecer una equivalencia entre contribución y prestación entre España y los nórdicos o los centroeuropeos, a día de hoy y con la estructura productiva actual, supondría un enorme coste difícil de asumir tanto para el sector público como el privado. La vía, sin duda, es seguir con el proceso de reconversión del tejido productivo español, que ha permitido una mayor generación de riqueza, aumento de la facturación de los autónomos y mayores ingresos por impuestos y cotizaciones sociales.

Mientras tanto, es razonable equilibrar progresivamente las exigencias para los autónomos equiparando las cargas sociales a las de los asalariados. No quiere decir que sus cotizaciones tengan que subir, no tiene por qué. Igualar se puede hacer tanto al alza como a la baja y cuando a impuestos al trabajo se refiere, es mejor para la economía igualar a la baja en cargas sociales que al alza que es hacia donde se encaminaría la reforma de la cotización de autónomos por un concepto que a día de hoy no se ha aclarado suficientemente como es el de ingresos reales. Por tanto, buscar una convergencia entre los autónomos españoles -representativos del sur de Europa- y los europeos, incluso los nórdicos, exige de un cambio estructural completo empezando por la propia estructura productiva para mejorar las condiciones económicas, laborales y sociales. De esta forma se podrán mejorar las prestaciones que ya de por sí son bastante generosas en comparación con las europeas, tal como muestra el Dictamen del profesor Herce sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales.