Las pensiones vascas, las más altas
por delante de Madrid

La preponderancia del sector industrial, la alta cualificación y las vidas laborales más largas hacen de los 550.000 pensionistas de Euskadi los mejor pagados del país: son un vivero de votos para el PNV

30 may 2018 / 18:46 H.

El País Vasco es la comunidad autónoma donde se perciben las pensiones más altas de España. Pese a ello, Euskadi fue en las últimas semanas previas al acuerdo presupuestario el epicentro de las movilizaciones callejeras más intensas de la última oleada de descontento y reclamaciones al Gobierno para lograr que la actualización de estas pagas no se mantuviera en un exiguo 0,25 por ciento. Unas manifestaciones que el PNV no echó en saco roto, sino que identificó como una palanca que hacer valer en sus negociaciones presupuestarias con el Ejecutivo popular.

No en vano, los casi 550.000 pensionistas de Euskadi representan el 22 por ciento de la población de la autonomía, y constituyen, por tanto, uno de los principales viveros de votos de la formación jeltzale. Con estos mimbres, el PNV logró doblegar la voluntad del Gobierno, lo que se tradujo en un sonoro carpetazo a la reforma de las pensiones de 2013 y un cambio de discurso en el llamamiento a la prudencia anteriormente manifestada por los miembros del Ejecutivo respecto de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social española.

El Gobierno popular, urgido por las fechas -la necesidad de aprobar las Cuentas dentro del primer semestre del ejercicio- y la situación en Cataluña, precisaba sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, lo que hacía necesario sumar los cinco avales del PNV al proyecto ya respaldado por PP, Ciudadanos, Nueva Canaria y Coalición Canaria. De lo contrario, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ingresaría en una situación de mayor debilidad política, cuando no sólo encaraba los frentes domésticos, sino también la vigilancia de Bruselas. El PNV, por su parte, necesitaba un argumento para justificar su apoyo final a los PGE, tras haberlo condicionado a la normalización de la situación en Cataluña y una consiguiente y ulterior retirada del artículo 155. El retorno a la actualización de las pensiones vinculada al IPC se convirtió, pues, en una baza política de preciado valor que serenaba los ánimos de la calle en plena oleada de movilizaciones, así como los de la oposición, que venía afeando al Gobierno la insuficiente subida de las pensiones. Una jugada redonda de los nacionalistas vascos que además ha contribuido a desbloquear algunos aspectos de la discusión en el seno del Pacto de Toledo.

El tejido productivo, determinante

Las pensiones son altas en el País Vasco por el mayor peso del sector industrial en su tejido productivo, lo que conlleva trabajadores más cualificados y con retribuciones más altas que en el sector servicios o la agricultura, explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, quien puntualiza que el desempleo en el País Vasco ha sido sensiblemente menor que en el resto del territorio nacional, con vidas laborales más largas y con cotizaciones más altas durante más tiempo para el conjunto de trabajadores.

El País Vasco cuenta con cerca de un millón de ocupados frente a los casi 550.000 pensionistas, y arroja un déficit de 3.999 millones de euros a cierre de 2017, lo que complicaría la consecución de otra de las demandas vascas que bordeó la negociación con el Gobierno: la demanda de cogestión de las cuentas de la Seguridad Social como un paso previo a la ruptura de la caja única. Como explica el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, si el sistema de pensiones estuviese transferido a las comunidades autómomas como ocurre con el resto del sistema de prestaciones del Estado de Bienestar, con sus recursos y sus gastos, 12 autonomías tendrían déficit en sus cuentas y cinco de ellas de carácter severo, incluso hasta el punto de poder hacer frente al pago de pensiones ni de otras prestaciones vinculadas a la caja de la Seguridad Social. “Además del tercio norte peninsular y Extremadura, el País Vasco tampoco se salvaría de esta situación”, concluye Santacruz, quien razona que, “por ello, los pensionistas que se manifiestan conocedores, en el fondo, de esta situación, defienden cobrar ahora lo que probablemente no podrán percibir sus hijos ni tampoco ellos mismos si llegara a trocearse la caja única”.

La pretensión de trocear la caja única

El profesor Robles puntualiza que el PNV buscaba asumir la gestión de las pensiones -abonárselas a los pensionistas y gestionarlas-, pero no su financiación, que descansaría en el actual Sistema. Sin embargo, el profesor del CEF considera que esta pretensión, que rechazaba Ciudadanos, de asumir la gestión equivale a trocear la caja pues la Seguridad Social tendría que transferir los fondos en bruto para que luego la Administración vasca los distribuyera, perdiendo el contacto con el perceptor final y no participando en la concesión de prestaciones. En un sistema deficitario, esto podría no ser equitativo porque los criterios de concesión de prestaciones podrían aplicarse con más laxitud, ya que pagaría alguien distinto a quien recauda que además obtendría los fondos del déficit en otras regiones. “Esa pretensión no debería admitirse para no aumentar las disfunciones del sistema”, zanja Robles.

La forma más gráfica de plasmar el grave problema de sostenibilidad que todas las regiones tienen es calculando la relación entre cotizantes y pensionistas. Dentro de la lógica del sistema de reparto vigente en España, el balance entre ingresos y gastos del Sistema depende de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensiones, así como de los cambios normativos y los parámetros de cálculo de cotizaciones y prestaciones, que es justo donde actuaban las reformas que ahora se postergan. Así, en el cálculo por regiones se identifica una diferencia astronómica entre las autonomías con menor ratio de cotizantes por pensiones -Asturias, con 1,19- y la de mayor ratio -Madrid, con 2,7-. Ello supone un permanente y abultado déficit en la caja regional de Asturias, Galicia (1,29), Castilla y León (1,47), Cantabria (1,52) y Extremadura (1,71). Sólo cinco autonomías rebasan el umbral de dos cotizantes por pensionista que anula los desajustes severos entre ingresos y gastos: Madrid y Baleares (con 2,7), Canarias (2,5), Murcia (2,35) y Navarra (2,06). Teniendo en cuenta la media nacional (1,94), Andalucía y Cataluña se sitúan por encima del promedio pero sin llegar a 2, y por debajo de la media están Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón. Todas ellas oscilan entre el superávit y el déficit desde el punto de vista territorial.

La situación podría ir a peor, explica Santacruz, si observamos la evolución de la ratio de envejecimiento regional. El porcentaje de mayores de 65 años sobre la población total es superior al 25 por ciento en Asturias, Castilla y León y Galicia. Detrás justo viene el País Vasco, frente a un menor peso en Murcia y los dos archipiélagos.