Las cotizaciones cubren casi la totalidad del gasto en pensiones contributivas

El avance de los ingresos por las aportaciones de empresarios y trabajadores hasta alcanzar los 123.584 millones de euros en 2019 implica un incremento de la ratio de nivel de financiación de las pagas del Estado, además de un impulso para recortar el déficit del Sistema de 18.650 millones para este ejercicio

27 mar 2019 / 09:35 H.

La contributividad del sistema público de pensiones se ha puesto en tela de juicio, a tenor de las propuestas elaboradas en los dos últimos dos años y medio en el Pacto de Toledo, como uno de los elementos en riesgo por la coyuntura de insostenibilidad financiera de las Cuentas de la Seguridad Social y el debate sobre la suficiencia de las prestaciones. Muchos expertos han puesto en el centro del debate el hecho de que las medidas que se adopten desde el Gobierno sobre el gasto y los ingresos deberán ser proporcionadas para que ningún perceptor del sistema público se vea agravado en términos de cuantía de la pensión sobre el volumen de cotizaciones aportadas.

Una de las propuestas de los grupos parlamentarios que levantó las alfombras del debate fue a raíz del incremento de las cotizaciones de los trabajadores en relación con la futura cuantía de su pensión. Cabe recordar que el Gobierno elevó en 2018 un 22 por ciento las aportaciones mínimas al sistema ligadas al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un siete por ciento las máximas, si bien en este caso, el alza de las aportaciones a la Seguridad Social sí que se vio acompañada de una subida de las pensiones públicas máximas, concretamente en unos 44 euros hasta situarse en los 2.659,41 euros.

Pero esta correspondencia no ha sido plena en los últimos ejercicios, de modo que las cotizaciones máximas han ido destopándose en una mayor medida de lo que ha experimentado la cuantía de la pensión máxima, concretamente, siete veces más. Así, entre 2012 y 2017 las cotizaciones máximas han subido un 15 por ciento, pero para no gravar al Sistema con nuevos gastos, las pensiones máximas han subido en una proporción muy inferior, tan solo un dos por ciento, lo que implica que prácticamente todo lo aportado de más por los salarios más altos durante estos últimos seis años no supondrá una mejora sustancial de las pensiones de esos trabajadores cuando se jubilen. De este modo, con las subidas del 0,25 por ciento establecidas en la reforma del PP de 2013 se han mantenido prácticamente las prestaciones congeladas, pero no las contribuciones, al menos la de los trabajadores que se han incrementado en este año hasta los 4.070,10 euros al mes o 48.841,2 anuales. Esta tendencia, da cuenta de la dificultad de los diferentes gobiernos para mantener intacto el principio de contributividad del Sistema ante la complejidad de cuadrar las deficitarias cuentas de la Seguridad Social.

En este sentido, uno de los termómetros de los que dispone el Gobierno para medir el nivel de contributividad del Sistema es la ratio de ingresos por cotizaciones sociales y gasto en pensiones contributivas, que viene a marcar la capacidad de la Seguridad Social para cubrir con aportaciones de los empresarios y trabajadores el coste estrictamente correspondiente a las pagas de carácter contributivo, es decir, aquellas cuyo derecho se genera precisamente por las aportaciones progresivas a la hucha común.

Pues bien, aquí el Gobierno socialista parece recabar una de las pocas buenas noticias que rodean al sistema de pensiones, y es que el 91 por ciento de las pagas contributivas que expide mensualmente el Estado son sufragadas con las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores. Concretamente, según se recoge en el denostado proyecto de Presupuestos Generales de 2019 del PSOE -pactado con Unidos Podemos- la partida de gasto más importante era la correspondiente a las pensiones contributivas, que se incrementa un 6,4 por ciento respecto al pasado año, hasta alcanzar los 135.267,63 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 10,8 por ciento del PIB anual. Paralelamente, la Seguridad Social prevé un aumento del 7,5 por ciento del volumen de ingresos por cotizaciones sociales en comparación al pasado ejercicio, hasta alcanzar los 123.584 millones de euros, Cabe recordar en este punto que las aportaciones de trabajadores y empresarios ya suponen el 77,14 por ciento de todos los ingresos que recibirá el Sistema en este año.

En este sentido, sobre el total del gasto previsto para el Instituto de la Seguridad Social -donde se incluyen otras partidas como los salarios de los empleados del organismo o los costes de gestión-, cerca de 151.492 millones de euros para este ejercicio, las cotizaciones sociales cubrirán el 81,5 por ciento del desembolso total. Y más allá, si se toma como referencia el presupuesto consolidado del organismo
-aquel que incluye el conjunto agregado de gastos e ingresos también del resto de organismos y centros dependientes de la Seguridad Social-, de unos 164.673,77 millones de euros, las aportaciones por rendimiento del trabajo sufragan el 75 por ciento de todos estos gastos comprometidos.

Acicate contra el déficit

Este 91 por ciento de gasto contributivo financiado de forma natural por las cotizaciones implica, de primera mano, una evolución positiva de los ingresos de la Seguridad Social, que se sostiene sobre una mejora del mercado de trabajo en términos de creación de empleo, lo que ha implicado un ensanchamiento de las bases de tributación, a pesar de que ello no haya estado acompasado por un avance de los salarios. De hecho, a medida que avanzaba el volumen de aportaciones, los salarios han tenido su propia travesía por el desierto, pasando de crecer a un ritmo del cinco por ciento antes de la crisis (5,3 por ciento en su máximo de 2008) para anotar fuertes retrocesos en los años posteriores a la Gran Recesión -tocando suelo con la contracción del 3,6 por ciento del 2012, coincidiendo con la aprobación de la reforma laboral del PP-. Todo ello, para anotar un alza general de los sueldos del 1,9 por ciento a tercer trimestre del pasado ejercicio en tasa interanual, último dato disponible en el INE.

Esta tendencia, no obstante, conviene mantenerla en medio de una coyuntura deficitaria de la Seguridad Social, que según las previsiones del propio Gobierno proyecta un desfase entre ingresos y gastos de 18.650 millones de euros para el presente 2019, lo que supone un 1,1 por ciento del
PIB. Además, los organismos internacionales aventuran un panorama de desaceleración de
la economía mundial, con especial impacto en las regiones más endeudadas, como es el caso de España dentro de Europa.