La vejez compromete el 40% de gasto social
en la UE

De media, el desembolso de los Estados miembros de la UE en pensiones ronda el 25% del total del gasto público, mientras que la partida de Sanidad se lleva de media un 15% de los recursos

30 oct 2019 / 08:18 H.

La longevidad es un problema que está castigando desde hace algunos años la capacidad de las arcas públicas de los principales países desarrollados. Sin embargo, más allá del evidente impacto en el gasto destinado a las prestaciones de protección a las clases pasivas, esta dinámica vertiginosa que azuza el progresivo envejecimiento demográfico también tendrá su efecto
en el desembolso que el Estado destina a Sanidad. Un aspecto que incorpora la necesidad de previsión financiera por parte de los principales países desarrollados de cara a poder mantener la suficiencia y adecuación de estas prestaciones públicas.

Concretamente, el gasto social representa el mayor componente de gasto público en todos los países de la zona euro y los pagos en pensiones constituyen la mayor parte. Desde el paso de la crisis económica de 2008
y durante los años de la recuperación, el gasto social ha experimentado un incremento progresivo llegando a representar en 2017 el 70 por ciento del total del gasto público de los Estados miembros. Un volumen que es equivalente al 31 por ciento del PIB, y cerca de 3,5 billones de euros de media entre los vecinos comunitarios. Y dentro de esta partida, la protección es el componente más importante del gasto social en los países más importante del euro, representando de media el 42 por ciento del gasto que cada años efectúa el Estado y alrededor del 20 por ciento del PIB.

De este modo, el principal componente es el gasto en pensiones, que se encuentra en torno al 12,4 por ciento del PIB en el área del euro, o lo que es lo mismo, copa el 25 por ciento del gasto público que efectúa el Gobierno en el conjunto del año. La segunda partida de gasto social de mayor peso es la de Sanidad, mientras que en tercer puesto estaría la Educación con el 9,6 por ciento del gasto público (4,5 por ciento del PIB).

En el caso del gasto sanitario, este representa de media el 15 por ciento del gasto público total, lo que se traduce en un 7,1 por ciento del PIB. Y junto con el desembolso en pensiones componen las dos partidas del gasto social más sensibles a los cambios en la estructura demográfica -envejecimiento de la población- lo que compromete, entre las dos partidas, un 40 por ciento del gasto público anual de media por parte de los gobiernos comunitarios. En términos de euros, el mayor gasto per cápita en 2016 en Sanidad -más de 4.000 euros- se registró en Luxemburgo, Alemania, Austria, los Países Bajos e Irlanda, mientras que en Letonia y Lituania fue inferior a 1.000 euros.

En 2016, la financiación pública directa y el seguro obligatorio de enfermedad representaban más del 50 por ciento del gasto sanitario total en todos los países de la zona del euro, excepto Chipre (42 por ciento). En aproximadamente la mitad de los países de la zona del euro, la principal financiación del gasto sanitario se realizó a través del seguro obligatorio de enfermedad (Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Eslovaquia, Bélgica, Estonia, Austria, Eslovenia y Lituania). Sin embargo, en Finlandia, Italia, Irlanda, España, Portugal, Malta y Letonia, la financiación pública directa representó la mayor parte del gasto sanitario. En Grecia, la financiación de la salud se divide en términos generales entre la financiación pública, el seguro obligatorio y los gastos de bolsillo de los hogares, mientras que en Chipre se divide casi a partes iguales entre la financiación pública directa y los gastos de bolsillo de los hogares. En cuatro países -Malta, Grecia, Letonia y Chipre- los gastos de bolsillo de los hogares cubren más de un tercio del gasto sanitario. En Eslovenia e Irlanda, el seguro voluntario de enfermedad financia más del 10 por ciento del gasto sanitario total.

En los países en los que el gasto sanitario está financiado principalmente directamente por las administraciones públicas (Irlanda, España, Italia, Chipre, Letonia, Malta, Portugal y Finlandia), la proporción de la remuneración de los asalariados en el gasto sanitario total es bastante elevada, y oscila entre el 30 y el 55 por ciento. Al mismo tiempo, la proporción del gasto en consumos intermedios, es decir, el gasto relacionado con la compra de bienes y servicios utilizados en la producción de servicios sanitarios finales, es también significativa (20-37 por ciento).