La subida de pensiones se come la recaudación de 2020

El Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, cuya formación ya es un hecho una vez se ha confirmado la abstención de ERC en la votación de investidura de Pedro Sánchez, ya ha puesto las cartas sobre la mesa a través del programa de Gobierno que se presentó recientemente, un documento que incluye una ambiciosa reforma fiscal... que no lo es lo suficiente. La programada alza de salarios públicos y de pensiones se comerá la cifra que se obtenga por las subidas tributarias, lo cual sumado a los compromisos de cumplimiento del déficit bloquea la financiación de las medidas ya programadas por el nuevo Ejecutivo en el campo social.

La clave está en los números. A falta de que se actualicen las cifras, el pronóstico es que el Gobierno saque unos 5.654 millones de euros de sus medidas tributarias, dando por hecho que se activen iniciativas para aumentar la imposición a las grandes fortunas y que las estimaciones del Ejecutivo se cumplan. Cabe recordar que tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertían de que estos pronósticos no eran realistas. En particular, el ente que preside Cristina Herrero vaticinó que los susodichos ingresos se podrían quedar en aproximadamente la mitad.

Pero ni siquiera la cifra oficial mencionada permitiría al nuevo Gobierno disfrutar de flexibilidad en el gasto, y la culpa la tienen importes ya comprometidos por el Estado. Aunque todavía no se han aprobado

los correspondientes reales decretos-ley, en 2020 se subirán las pensiones y los salarios de los empleados públicos. Ambas medidas van a significar un impacto de hasta 4.575 millones y 1.263 millones, respectivamente. En total, 5.838 millones, por encima de las previsiones de ingresos adicionales de Moncloa.

El grueso del impacto de esta recaudación descansa en la reforma del impuesto sobre Sociedades, de manera que se crearía un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas -en el caso de las pymes, su aportación se reduciría- y del 18% para las entidades de los sectores financiero y de los hidrocarburos. Le siguen la creación de las tasas Tobin y Google, es decir, los impuestos a las transacciones financieras y a las operaciones digitales.

Ni rastro queda del ambicionado impuesto a la banca, que venían reclamando los de Pablo Iglesias, futuro vicepresidente tercero del Gobierno, para recuperar el rescate bancario de 2012. Probablemente, esta fue de una de las renuncias que tuvieron que afrontar los morados en el campo fiscal para poder cerrar el acuerdo de coalición.

Aunque está previsto que mejore la recaudación en un escenario inercial en 2020, el Gobierno tendrá que dedicar buena parte de esta cantidad a la comprometida corrección del déficit y de la deuda pública, que ordena la Comisión Europea.

Cabe recordar que, como informó este periódico, ya está en vigor el apartado de la Constitución que obliga a que todo proyecto presupuestario nacional tenga que cumplir con el mandato de Bruselas en materia económica.

“El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, reza el artículo que se activó el pasado 1 de enero y por el que se convierten en ley nacional las cifras de cumplimiento europeas. Lo que antes era externo al ordenamiento jurídico español, ahora es interno.

Concretando: la UE exigió en diciembre a España que cumpla con el esfuerzo estructural del 0,65% del PIB para cumplir con sus metas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que representa un ajuste de unos 7.800 millones para este año, que debería llegar en las nuevas Cuentas que tendrá que enviar el nuevo Ejecutivo de coalición a las autoridades europeas.

Además, expertos consultados por elEconomista alertan de la litigiosidad que provoca esta situación. La elevada deuda pública de España -se espera que a cierre de 2019 haya supuesto un 96% de PIB- está muy encima de los límites decretados por Bruselas para países en la situación de España, fuera del brazo corrector, que marcan un máximo del 60% del PIB. De ahí que se alerte de que cualquier gasto incluido en unos futuros Presupuestos Generales del Estado podría ser recurrible en los tribunales.

A pesar de ello, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye varias medidas para aumentar el gasto social, sobre todo en los campos de la educación y la sanidad, áreas cuya financiación se pretenden aumentar en al menos un punto de PIB cada una. En estos ámbitos se ubicarían la universalización de la educación infantil de cero a tres años y la supresión paulatina del copago farmacéutico.

Cabe recordar que se mantienen apuestas como recortar las listas de espera de dependencia -en el proyecto presupuestario fallido de 2019 estaba previsto dotar a esta área con 831 millones adicionales- y la creación del ingreso mínimo vital, una suerte de renta mínima, que costaría hasta 9.800 millones anuales, según las estimaciones de proyectadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El doble de gasto en sueldos públicos

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda constatan un incremento del gasto público en salarios en este 2019 muy por encima del año pasado. Hasta septiembre, esta partida supuso unos 78.535 millones de euros, un 5,7% más que en 2018, año en el que el crecimiento de este gasto fue de menos de la mitad en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que las Administraciones Públicas multiplicaron por dos el incremento de sus partidas destinadas a pagar su masa salarial, aunque el que se lleva la palma es el Gobierno central.