La ralentización, una amenaza más para las futuras pensiones

El menor crecimiento engrosará el peso del gasto en pensiones sobre el PIB, reforzando la senda ascendente del déficit, en el entorno de los 17.000 millones de euros anuales, lo que engrosará la deuda pública, ya cerca del 100% del PIB

25 sep 2019 / 09:33 H.

Nuestros responsables políticos suelen suavizar sus mensajes sobre el preocupante reto que supone la debilidad financiera de nuestro sistema de pensiones mientras que para la mayor parte de los economistas la salud de nuestra Seguridad Social podría tildarse de complicada. Lo cierto es que la evolución del déficit de la Seguridad Social en los últimos cinco años -en millones de euros- ha sido la siguiente: 18.812 en 2015; 18.876 en 2016; 18.701 en 2017; 18.286 en 2018; y, para este año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) espera que el déficit supere los 16.000 millones. Así, el agujero de la Seguridad Social en materia de pensiones alcanza un peso relativo entre el 1,6 y el 1,7 por ciento del PIB en estos años.

Y con esta premisa, el entorno de desaceleración de la economía se presenta como un acicate para el gasto en pensiones en términos de su peso sobre el conjunto de la economía. La ecuación es sencilla: ante un crecimiento menor del Producto Interior Bruto (PIB) pero con avance sostenido del desembolso anual efectuado por el Estado en la partida de pensiones -tras las últimas medidas se espera que crezca, al menos, al mismo ritmo que la inflación-, el peso que este tendrá sobre el PIB irá creciendo de manera progresiva en los próximos años, e incluso de años anteriores que según la última revisión del INE que apunta a una sobrestimación en anteriores lecturas del PIB. De hecho, el incremento del gasto en consonancia con la evolución del IPC y el efecto del crecimiento más moderado que en los años de la recuperación, son los determinantes que llevan a la AIReF a pronosticar un incremento de la presión sobre el gasto hasta alcanzar en 2050 la cota del 17 por ciento del PIB, un volumen que solo sería inferior, del 13,3 por ciento para dicha fecha, en un escenario de elevada inmigración.

Una presión que se trasladaría automáticamente a la deuda pública del Estado, que en su relación sobre el PIB cerraría este año, de mantenerse la senda actual, en el 98,7 por ciento del PIB, batiendo con holgura los niveles del 97,1 por ciento registrados en el cierre del pasado ejercicio y tras haberse llevado a cabo una revalorización de las pensiones con el IPC.

“En este contexto político solo cabe esperar incrementos del gasto en pensiones muy superiores al crecimiento de la economía y una ampliación del déficit estructural en materia de pensiones”, apunta al respecto el profesor de Economía de la UAH, Juan de Lucio.

No es de extrañar por tanto que desde la UE y hasta la propia OCDE se preocupen por nuestro Sistema público y nos recomienden, de forma cada vez más encarecida, una reforma. La última data del año 2013, con Mariano Rajoy al mando del Gobierno, y la situación demanda abordar una nueva, máxime cuando la economía se desacelera de forma pronunciada, algo que se traducirá inmediatamente al empleo, lastrando los ingresos por cotizaciones y por tanto acrecentando la inestabilidad del Sistema.

El pasado agosto fue el peor desde 2010, en plena crisis, con un aumento de 54.371 personas paradas. Es el tercer año que seguimos una senda de crecimiento del número de personas que pierden trabajo en agosto, afirmación que avalan los siguientes datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo: en los últimos agostos la cifra de parados registrados ha sido de 47.047 en 2018, 46.400 en 2017 y 14.435 en 2016, lo cual revela un agravamiento de la situación. Atendiendo a los datos de desempleo de la UE referentes a julio, España era el segundo país del club comunitario, con una tasa del 13,9 por ciento. La superaba tan solo Grecia con un 17 por ciento.

Cuando el actual Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, compareció recientemente para comentar el dato de agosto reseñó que se tuvo el mayor número de afiliados desde que existe registro, 19.320.217 afiliados. Pero el dato tiene una lectura negativa. En agosto de este año la cifra de bajas en la afiliación a la Seguridad Social fue de 212.984, frente a 202.999 el año pasado, y 179.485 en 2017. El mercado laboral está entrando en una atonía, en una falta de fuerza: la tendencia en creación de empleo es decreciente. Dos preguntas surgen a raíz de analizar estadísticas. La primera: ¿Cuándo se puede empezar a crear desempleo, es decir pérdidas de cotizantes? La segunda: ¿Al haber menos cotizantes cómo evolucionará el déficit de nuestro sistema?

Pues bien, ante esta realidad nuestros políticos no han llevado a cabo ninguna reforma desde 2013. En febrero de este año Podemos reventó la reforma de pensiones que se quería llevar a cabo, una reforma muy controvertida para los economistas. Cómo sería la postura sorpresiva de Podemos que Ignaci Candela, portavoz de Compromís, hizo la siguiente declaración: “No puedo entender el papel de cierta izquierda que dificulta un acuerdo que beneficia a tantas personas”. Este era el apunte que realizaba este miembro presente en las negociaciones ante una situación que parecía inverosímil pero que a la postre se comprende consecuente con los procesos políticos que estaban por venir.

Se refería Candela entonces a la voladura descontrolada que realizó el pasado mes de febrero Unidas Podemos del borrador de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones que habían logrado cerrar los partidos con casi total unanimidad después de dos años y medio de negociaciones y sesiones de trabajo en las que también se contó con la presencia de expertos en la materia para llevar a cabo las líneas argumentales. Este es el caso, al menos, de los aspectos centrales de la reforma que se pretendía impulsar y que contaban con el apoyo de todas las fuerzas a excepción de ERC: la vuelta a la revalorización de las pensiones en base a la inflación y la puesta en marcha de una separación de fuentes de financiación del Sistema que llevase a un ahorro en los gastos de la Seguridad Social. Aquí se habló de derivar a Presupuestos Generales partidas como la de los costes de gestión y de personal o la desvinculación de las políticas activas de empleo, hasta hoy con cargo a las cotizaciones sociales de los trabajadores.

¿Son altas las pensiones en España?

Pero, para ver cómo están las pensiones es necesario fijarnos en el mercado laboral, concretamente en los salarios. La relación salario y pensión la medimos por la llamada tasa de sustitución, o porcentaje del último salario frente a la pensión en el momento de su jubilación. Dicha tasa es del 46,3 por ciento en la UE y del 49,9 por ciento en la eurozona y los países con el coeficiente más alto son España (78,7), Luxemburgo (72,9), Grecia (68,4), estando entre las menores Croacia, con el 30,8 por ciento; Suecia (32,6), Finlandia (32,6). Por su parte, en las tres mayores economías del euro los datos son: Alemania (37,8 por ciento), Francia (45,4) e Italia (64,4), según la Comisión Europea.