La pensión del empleado
en Reino Unido, en el aire

A día de hoy existe un reconocimiento automático de las cotizaciones realizadas en el país o países donde el trabajador haya estado ejerciendo su puesto de trabajo. Agunos países de la UE ya han fimado el convenio de reconocimiento de condiciones laborales

24 dic 2019 / 09:08 H.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea que, a la luz de los resultados electorales del pasado 13 de diciembre, se efectuará con casi seguridad el próximo 31 de enero de 2020, deja numerosas incertidumbres en las relaciones económicas entre Reino Unido y el resto de los Estados que quedan dentro de la Unión. Uno de los casos más evidentes es el de la Seguridad Social, sobre la cual pesa el riesgo de que existan problemas de medio plazo en el reconocimiento de cotizaciones para el cobro de pensiones una vez que el trabajador vuelve a su lugar de origen después de haber trabajado y aportado cotizaciones en Reino Unido, o viceversa.

Ante esta incertidumbre, sería necesario renovar los acuerdos existentes tanto a nivel europeo como a nivel español con Reino Unido -tal como algunos Estados miembros ya han hecho en los últimos meses- para reconfirmar las condiciones y los procedimientos en términos laborales
-contratos, residencia o estatus de carrera laboral-, de cotizaciones y, por ende, de pensiones. A día de hoy, antes de que se produzca el Brexit, el marco es claro: existe un reconocimiento automático de las cotizaciones realizadas en el país o países donde el trabajador haya estado ejerciendo su puesto de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador español ha residido en Reino Unido 20 años, y desea volver a España a continuar su carrera laboral, las cotizaciones pagadas al sistema público en los 20 años que ha estado en Reino Unido
se reconocen automáticamente por parte de la Seguridad Social, de manera que este trabajador cuando se jubile no sufrirá merma alguna ni perderá años de cotización.

Sin embargo, la cuestión central actual es ver cuál será el régimen de residencia de los trabajadores europeos en Reino Unido y, por consiguiente, su derecho a cotizar en el sistema británico. Dado que partir de la fecha de retirada, el Reino Unido perderá su condición de Estado miembro de la Unión Europea y será considerado un tercer país, las reglas a aplicar son en teoría las de un tercer país. Pero dada la circunstancia excepcional de ser el primer país que sale de una Unión de mercado, las consecuencias no son las mismas que la relación que se puede tener con Marruecos, Turquía o Rusia -por poner casos de países fronterizos que son terceros Estados-. Es, en última instancia, una definición de posición que Reino Unido aún no ha hecho y probablemente tarde en hacer mientras se aprueba en el nuevo Parlamento el acuerdo de salida pactado con Bruselas.

Quien sí lo ha hecho es la Unión Europea, aunque sólo sobre cotizaciones y prestaciones devengadas antes de la fecha de salida -aquel que haya estado trabajando en Reino Unido o territorio británico dentro de Europa-. Las autoridades comunitarias tras el último Acuerdo de Salida pactado con Reino Unido volvieron a confirmar que tras el Brexit se respetarán los derechos adquiridos de aquellas personas que estén trabajando en territorio británico o europeo que o bien se hayan ido voluntariamente o que hayan sido desplazados por sus empresas. Al mismo tiempo, igualmente, se garantizan los futuros derechos que puedan adquirirse en base a los trabajos realizados con anterioridad a dicha fecha, es decir, el reconocimiento de pensiones por parte del Estado donde el trabajador quiera retirarse.

Cabos sueltos por atar

Pero tampoco está claro cuál será el papel de Bruselas post-Brexit y menos aún si en un horizonte de medio plazo se desarrollan reformas clave como el seguro de desempleo único en Europa o políticas laborales comunes que afecten a los ingresos por cotizaciones de los Estados miembros. Al menos los dos próximos años de “período transitorio”, los trabajadores británicos en suelo europeo serán una cuestión incómoda para las autoridades, al igual que será un motivo de preocupación para los sistemas públicos de pensiones el reconocimiento de cotizaciones de nacionales que vuelven a su país para jubilarse en cuanto las autoridades británicas quieran colaborar en el intercambio de información.

Cuantitativamente para España éste es el principal problema: la cuestión relativa a los derechos laborales de los ciudadanos españoles residentes en Reino Unido, dado que un número importante de españoles han trabajado o trabajan en la actualidad en el Reino Unido, y una comunidad especialmente afectada sería la de los trabajadores fronterizos que realizan su actividad en Gibraltar. Son entre 170.000 y 200.000 los que se verían afectados, de los cuales la mayor parte son trabajadores que marcharon voluntariamente para Reino Unido, lo cual les deja más desprotegidos que si fueran expatriados. Al fin y al cabo, un trabajador desplazado por su empresa a Reino Unido conserva durante cinco años el régimen de trabajo y fiscal como si siguiera residiendo en España. A partir de los cinco años es cuando tiene la obligación de darse de alta en la Seguridad Social británica y empezar a cotizar allí.

Sin embargo, para los españoles que marcharon por voluntad propia, desde el primer momento deben cotizar en el sistema británico, el cual además adscribe por defecto al personal laboral al sistema de pensiones privado de empleo. A falta de un acuerdo explícito que continúe con el mismo régimen de reconocimiento automático actual, surge un doble problema cuando dichos trabajadores vuelven a España a jubilarse: por un lado, el intercambio de información necesario para realizar los cálculos de la pensión que corresponde -qué parte de la pensión será española y qué parte será inglesa- y, por otro lado, las particularidades fiscales de rescatar lo aportado en el fondo de pensiones al que estuviera adscrita la persona y la repercusión que tendrá esto sobre la declaración fiscal del contribuyente.

Medidas de protección al trabajador

Mientras que se aprueba un Convenio Bilateral, es necesario tomar medidas que protejan la situación de los españoles residentes en Reino Unido. Al menos, si el trabajador cotiza en el sistema británico, tendrá derecho a futuro a percibir una pensión del sistema británico, pero no del español. Éste es el matiz: lo que se contribuya a partir del 30 de enero en Reino Unido generará una pensión británica; mientras que antes lo que se cotizaba en Reino Unido generaba una pensión española. Ser residente permanente -llevar más de cinco años en Reino Unido- puede ser una buena herramienta de protección de la persona, aunque tenga que depender exclusivamente del sistema británico a la hora de jubilarse.

En cierta manera, lo que queda sobre todo en el aire es el estatus de los europeos que trabajan y residen en Gran Bretaña, cosa que al revés es poco significativo. De hecho, la masa más importante de británicos residentes en Europa -y, en particular, en España- son jubilados, los cuales pueden ver mermado su nivel de vida no por problemas en el cobro de las pensiones sino por la caída del poder adquisitivo de la libra frente al euro o las revalorizaciones de sus pensiones privadas en función de la evolución de los mercados financieros.

En suma, aunque se haya ahuyentado el principal fantasma como era la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin ratificar el Acuerdo de Retirada, la cuestión laboral y de pensiones no está resuelta, por mucho que el Gobierno de España pusiera en marzo en marcha un Real Decreto que “ofrecía la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos que han trabajado en Reino Unido antes de su salida, para que en materia de Seguridad Social se les garanticen todos sus derechos”. Dado que la contraparte británica aún no se ha pronunciado, el Decreto no sirve para mantener las condiciones que aún hoy siguen vigentes para los trabajadores, incluso para una materia espinosa como es Gibraltar, al cual se está dando implícitamente el mismo trato que a Irlanda del Norte pero sin especificar ni cómo ni de qué forma se va a permitir un estatus de “cuasi-libertad de movimiento” que en principio choca con la literalidad del acuerdo de salida al que llegaron Londres y Bruselas.