La formación de gobierno decidirá 2.300 millones de gasto

Los dos bloques que podrían formar gobierno después de las elecciones cuentan
con diferentes propuestas en materia de Seguridad Social. Estas incluyen disparidades
a cerca de cómo abordar la revalorización de las pensiones en base a los indicadores
de referencia que se adopten

24 abr 2019 / 09:05 H.

La formación de un nuevo Gobierno tras la votación de las elecciones generales del 28 de abril abre un panorama de incertidumbre a cuenta de la formación de coaliciones que, más allá, sentará las bases del rumbo de las políticas a llevar a cabo por parte del Ejecutivo entrante. Una de las áreas donde existe un mayor volumen de divergencia es en materia de Seguridad Social y sistema público de pensiones. De hecho, aquí la victoria de unos u otros partidos podría suponer hasta una diferencia de 2.300 millones de euros de gasto en pensiones solo de cara al primer año de la nueva legislatura.

Partiendo de la base de que las dos únicas posibilidades de Gobierno sitúan por un lado un bloque de izquierdas liderado por el PSOE y por otro uno de derechas con el PP como referencia de mayor apoyo, ya que Ciudadanos ha descartado en numerosas ocasiones un acuerdo de legislatura con los socialistas, parece evidente echando un vistazo a los programas electorales de las formaciones que podría concurrir en cada uno de los bloques, que la futura política de revalorización de las pensiones solo puede ir en dos direcciones. Por un lado, si logra formar un Ejecutivo el bloque de las izquierdas el incremento anual de las cuantías, que junto con el mayor número de jubilados conforman el binomio que desde hace años constriñe las cuentas de la Seguridad Social -con un déficit anual de 18.000 millones de euros-, las intenciones plasmadas en los programas electorales de partidos como PSOE o Podemos proponen una senda de incremento de las pagas en función de la evolución anual de la inflación. Es decir, en este caso la vinculación de las pensiones al IPC sería el punto de referencia y eso implicaría solo para el primer año de la próxima legislatura -el 2020, ya que el gasto para este 2019 se ha sustanciado en la revalorización de las cuantías vía Real Decreto-ley con su contrapartida monetaria en la prórroga del Presupuesto de 2018- un desembolso extra de 2.300 millones de euros si se atiende a la previsión de la inflación de entre el 1,6 y el 1,7 por ciento que reflejan los organismos internacionales como FMI y OCDE para 2020.

“Eliminaremos el actual Índice de Revalorización. Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, y reformaremos la actual regulación del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los interlocutores sociales”, revela el PSOE en el punto 62 de su documento de los 110 compromisos con la España que quieres.

Además, los eventuales socios de Gobierno del PSOE en una coalición de izquierdas se dirigen hacia la misma dirección. “Garantía de revalorización de las pensiones. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa”, apunta por otro lado Unidas Podemos en su programa.

Pero más allá, incluso si la fórmula de la coalición de izquierda incluyese a los demás partidos de la moción de censura que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa
-PDeCAT, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y Nueva Canarias- también el Gobierno socialista tendría espacio para recorrer la senda de la revalorización de las pensiones con el IPC, ya que en el caso de las dos formaciones de corte económico-liberal, PNV y PDeCAT, estas ya constataron en la negociaciones llevadas a cabo en la Comisión del Pacto de Toledo su aprobación a la reforma de lo que en la reforma del sistema de 2013 se dio a conocer como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y que había instaurado el 0,25 por ciento de subida de manera perpetua hasta revertirse la situación financiera de la Seguridad Social y que se sustanció con el acuerdo de septiembre de 2018 de vinculación al IPC.

Sin embargo, este acuerdo cayó en saco roto el pasado mes de febrero con la ruptura de las negociaciones en la comisión encargada de emitir unas recomendaciones para la reforma de las pensiones, y con la formación de un nuevo Gobierno este trabajo puede volver al punto de partida, más con la concurrencia de nuevas fuerzas parlamentarias en el seno del Pacto de Toledo. En este escenario, de conseguir el Gobierno una coalición de derechas y atendiendo a la literalidad de las medidas propuestas no parece garantizada esa senda de revalorización anual de las pensiones. Y aquí sí cabría una vuelta a la revalorización de las pensiones por debajo del IPC.

Si bien el PP, que capitanearía la colación a la que se sumaría tanto Vox como Ciudadanos marca en su programa Valor Seguro la necesidad de que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, deja abierta la puerta a que, en efecto, la subida de la cuantía sea inferior que la inflación. “La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad”, señala ahondando en una fórmula que ya se puso encima de la mesa de negociaciones del Pacto de Toledo y que moderaba el incremento de las pensiones con el IPC al tener en cuenta otras referencias como el aumento de la productividad, de los salarios y el propio crecimiento de la economía.

En la misma línea, se sitúa Ciudadanos que, si bien no ha reflejado sus intenciones sobre la revalorización negro sobre blanco, en numerosas ocasiones ha defendido en el Pacto de Toledo una revalorización en la línea del IPC, pero con otros factores. E incluso en un posicionamiento político defiende el blindaje de las prestaciones mínimas para transitar hacia un modelo de cuentas nocionales en el que la pensión no estaría indicada sino que sería el resultado de las sucesivas aportaciones a una mochila individual que genere un remanente para la jubilación, lo que se conoce como la mochila austriaca, una propuesta recurrente de su líder Albert Rivera.

En el caso de Vox, el recorte del gasto en pensiones aparece reflejado de manera explícita. Por un lado se propone que el Estado asuma “la obligación de completar con recursos tributarios generales la pensión de cualquier trabajador que no logre obtener un nivel que la sociedad defina como pensión mínima”, al tiempo que asegura que el actual sistema “está quebrado” y la alternativa es ir hacia un modelo de previsión social en la empresa de carácter obligatorio para generar una hucha de ahorro priva a través de la compañía, sin tener tampoco en cuenta en este ahorro la evolución de la inflación con el coste de la vida.