La edad del electorado ‘secuestra’ las reformas

El Banco de España advierte de que el envejecimiento del votante mediano, parejo
al aumento de la longevidad, hará “políticamente” más difícil abordar los cambios
para apuntalar el Sistema

26 jun 2019 / 09:43 H.

El Banco de España advierte de que el envejecimiento del votante mediano, parejo al incremento de la edad media de la población española, hará “políticamente más difícil” que se acometa una reforma que garantice financieramente el sistema de pensiones sin cargar su coste únicamente a las generaciones futuras. En su Informe Anual de 2018 publicado recientemente, la entidad vuelve a poner de manifiesto la urgencia de acometer una reforma del sistema de pensiones que actúe sobre ingresos y gastos, retomando propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del PIB -factor de sostenibilidad-.

Fuentes del supervisor han señalado que hay factores que pueden dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de que se hace mayor el votante mediano -valor medio en un conjunto de datos ordenado-, lo que incrementará el apoyo social a medidas destinadas a mantener o incrementar el nivel de renta de la población de mayor edad -los ya jubilados o que están cerca de retirarse-. Esta situación se puede ejemplificar con las recientes presiones de ciertos colectivos para mantener la indexación de las pensiones al IPC o por la reversión de ciertas medidas que buscaban la sostenibilidad del sistema.

A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados.

Asimismo, el organismo ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un “consenso absoluto”, cuando uno “razonablemente amplio” podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.

En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años.

Por ello, cree que se debe “reconsiderar” la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.

Así, el Banco de España reclama una reforma que garantice la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, construida desde “consensos amplios y sin demoras injustificadas” tras el fracaso del Pacto de Toledo en la anterior legislatura. Según el supervisor, para garantizar las pensiones se necesitarán medidas adicionales tanto sobre los ingresos como sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer “un mayor alineamiento” entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC.

“La trascendencia de esta cuestión subraya la necesidad de construir consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones”, sostiene la cúpula del organismo, que aboga por acometer medidas aunque no se alcance la unanimidad, pero sí un consenso bastante holgado.

En su informe anual, la institución analiza los efectos del envejecimiento de la población sobre la economía española y que, a grandes rasgos, se pueden resumir en una reducción del crecimiento potencial, del empleo, de la tasa de ahorro, del consumo, de la inversión, de los salarios y de la recaudación fiscal y por cotizaciones sociales.

La ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación -mayores de 66 años- y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre 2020 y 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

Pérdida de impulso reformista

Además, el banco central destaca que la economía española ha contado con el apoyo de las reformas estructurales de años pasados y afea que ese espíritu reformador se haya detenido en los últimos años. Es más, el BdE advierte de que “uno de los riesgos es la reversión de algunas de las reformas que han resultado eficaces para favorecer la actual recuperación”. Las reformas realizadas durante los años más duros de la pasada crisis han sido vitales para recuperar el ritmo de crecimiento y reducir las vulnerabilidades de la economía española. “En el ámbito nacional, destacan el inicio del proceso de consolidación fiscal y las sucesivas reformas del sistema de pensiones para hacerlo más sostenible a largo plazo. Asimismo, en el mercado de trabajo se flexibilizó la contratación y se introdujeron elementos para facilitar el ajuste de las condiciones laborales a las circunstancias de las empresas, lo que contribuyó a la mejora de su competitividad y a la recuperación del empleo”, indica.