La demora del factor de sostenibilidad
suma gasto y resta reputación

El Gobierno ha retrasado hasta 2023 la entrada en vigor de este elemento corrector que recalcula el importe de la pensión en función de la esperanza de vida. Ello supone una marcha atrás en la reforma de 2013 que critican los expertos por el daño que ocasionará a la credibilidad de nuestro país ante Bruselas

30 may 2018 / 19:14 H.

El retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad ha supuesto, a juicio de los expertos consultados por elEconomista Pensiones, un daño reputacional para nuestro país. La decisión supone una marcha atrás en una reforma de las pensiones, la de 2013, que fue validada por nuestros socios europeos. A juicio de los analistas, el hecho de haber suspendido su activación ocasiona problemas de credibilidad para nuestra clase política, además de suscitar dudas sobre la fiabilidad de los planes presupuestarios del Gobierno y elevar el gasto estructural a futuro.

El factor de sostenibilidad fue introducido, junto al índice de revalorización, por la reforma de las pensiones de diciembre de 2013 y estaba llamado a entrar en vigor en 2019. Se trata de un elemento corrector que periodifica en razón de la esperanza de vida el montante total de la pensión que recibirá cada beneficiario. A través de una fórmula que contempla las estimaciones de longevidad recalculadas cada cinco años, se genera un coeficiente reductor que minora la pensión a medida que crece la expectativa de vida para, de este modo, repartir en más años el montante total a recibir. En el primer año de aplicación previsto, ese coeficiente se cifró en el 0,57 por ciento, lo que implica que una mensualidad tipo de 1.000 euros se reduciría a 994,3 euros para las jubilaciones causadas en ese ejercicio. El índice tiene carácter acumulativo, de modo que en su segundo año de aplicación ascendería al 1,14 por ciento y se aplicaría a los nuevos pensionistas incorporados ese año, nunca a los anteriores.

Finalmente, y en virtud del acuerdo entre el partido en el Gobierno y el PNV, se ha retrasado su entrada en vigor a 2023, lo que implicará un nuevo cálculo de la fórmula en función de la longevidad prevista en el lustro inmediatamente anterior. Ello supone, de entrada, y según los expertos consultados “un paso atrás en el control del gasto estructural recurrente que suponen las pensiones”, explica la directora general de Freemarket, María Gómez, algo que viene a engordar el problema de la sostenibilidad de las pensiones, puntualiza el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, ya que se ha retrasado su activación agravando y posponiendo un mecanismo clave para embridar las cuentas del Sistema. Máxime si tenemos en cuenta que en cinco años comienza a jubilarse la generación de los baby boomers, que desnivelará aún más la relación entre cotizantes y beneficiarios.

Política vs. economía

El denominador común en la opinión de los expertos consultados es la percepción de que, con esta decisión de posponer la reforma, nuestro país pierde credibilidad, reputación y fiabilidad presupuestaria ante Europa. Lo sintetiza la secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur: “Además de entrañar los riesgos de deshacer una reforma, nos puede hacer un enorme daño reputacional, al evidenciar que la política enturbia la economía, sin tener en cuenta el coste futuro del retraso en la adopción de la medida”. Coincide en esta visión el secretario general del Ocopen (Organización de Consultores de Pensiones), Manuel Álvarez, quien matiza que los ajustes que se diseñaron para hacer viable la Seguridad Social fueron validados por la UE, y ahora serán sustituidos por otros que no están claros. “Debilita la fiabilidad presupuestaria de un Gobierno que no se atreve a aplicar las medidas que aprobó. ¿Cómo explicar eso a nuestros socios europeos?”, concluye Álvarez. Ello deriva, en palabras de Santacruz, de que su efectiva aplicación conllevaba un coste político que ni el Gobierno ni la oposición estaban dispuestos a soportar.

Con todo, el principal daño es económico. Santacruz recalca que se ha tomado una determinación cortoplacista en busca de un rédito político inmediato, que finalmente hará más costosa y difícil la solución al problema de las pensiones, que pasa necesariamente por actuar sobre los gastos y una mejor gestión de los ingresos. El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, abunda en estos argumentos para inferir que la decisión se ha tomado “sin tener una alternativa que garantice la sostenibilidad del Sistema, lo cual hace muy difícil volver a la disciplina en los próximos dos años”.

María Gómez, de Freemarket, razona cómo esta marcha atrás ha supuesto renunciar a uno de los escasos mecanismos que ya estaban establecidos por el Gobierno para introducir racionalidad en un sistema en el que la gente se jubila cada vez más y vive más, frente a unos cotizantes que se van a ver, en cuestión de dos o tres décadas, asfixiados por la presión económica de sufragar el gasto de un mayor número de gente”. En resumen, al final se trata de un juego de suma cero, desgrana Álvarez, de Ocopen: “Si los jubilados reciben más ahora, en el futuro, una de dos: o bien aumentan las contribuciones empresariales o del trabajador, o bien las futuras generaciones afrontarán mayores recortes”. En definitiva, concluye el profesor del CEF Juan Fernando Robles, “cualquier retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad supone comprometer el equilibrio financiero del Sistema y cargar a los contribuyentes mayores costes”.

Lo cierto es que las cuentas de la Seguridad Social de las economías avanzadas afrontan la tensión del envejecimiento y que todos los países están aplicando mecanismos para abordar el creciente gasto futuro. De hecho, como explica Álvarez, hay muchos precedentes en otras economías. Portugal, Finlandia, Francia, Italia, Grecia, Dinamarca, Holanda: todos ellos han introducido o planificado parámetros que introduzcan la esperanza de vida como factor determinante del cálculo de la pensión.