Gestha calcula un agujero de
2.000 millones en incentivos fiscales

Los sindicatos piden revisar las desgravaciones tributarias en el IRPF ante el abultado déficit de la Seguridad Social, que superará los 17.000 millones de euros al cierre del presente ejercicio

27 nov 2019 / 08:40 H.

En pleno cisma por la crisis financiera que atraviesa la Seguridad Social, órgano encargado de pagar las pensiones en nuestro país y que se encuentra sumido en un déficit estructural que ronda los 18.000 millones de euros, la ampliación de las fuentes de financiación para hacer frente a la abultada nómina mensual de pensiones de 9,6 millones de personas supone un elemento crucial en el debate de la futura reforma del Sistema que habrá de diseñar, ya en su tercer año de vigencia, el Pacto de Toledo.

En este punto, uno de los conflictos que permanece abierto es el de la tributación favorable de los planes de pensiones privados como una merma para los ingresos de la Agencia Tributaria, a través de unos beneficios fiscales en el IRPF que desde diferentes ámbitos sindicales critican por su diseño ineficaz y dirigido tan solo hacia las rentas del mayor caudal. Pues bien, según los datos obtenidos por elEconomista a través del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), estos beneficios fiscales suponen cada año una pérdida de recaudación para el Estado de 2.000 millones de euros, si bien el Gobierno tasa el coste de estas desgravaciones en 771 millones de euros para 2018, según los últimos datos del Presupuesto aún prorrogado.

“El Gobierno estima en el presupuesto de beneficios fiscales el impacto sobre la cuota estatal”, explican fuentes de Gestha, añadiendo que si las autonomías de régimen común tuvieran una escala de gravamen igual a la estatal el beneficio fiscal ascendería a 1.573 millones, sin incluir el coste fiscal en el País Vasco y Navarra, por lo que “los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman en unos 1.900 millones el coste global para el Tesoro Público de este ahorro fiscal en 2017”.

Eficacia de los beneficios fiscales

El debate sobre la idoneidad de ciertas ventajas fiscales al ahorro se ha recrudecido, no obstante, en los últimos años -con el acicate que supone la delicada situación financiera de la Seguridad Social- a partir de una modificación de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que incluso desde el sector interesado califican de inservible por cambiar la naturaleza de los planes de ahorros a largo plazo pensando en el momento de la jubilación al permitirse su rescate en el plazo de diez años.

Ello, siendo un incentivo en desuso y que, en términos estadísticos, no consigue el objetivo de fomentar el ahorro individual. Concretamente, desde el comienzo de la crisis el volumen de partícipes y, por lo tanto, de beneficiarios de este incentivo ha caído un 10 por ciento, desde los 10,6 millones hasta los 9,6 millones que registra en 2019.

Concretamente, los cambios normativos ejecutados en febrero del pasado año añadían un nuevo supuesto de liquidez a los ya existentes en 2014: el anteriormente mencionado de antigüedad superior a diez años. Eso sí, también incluyó una reducción de las comisiones desde el 1,75 por ciento a una escala de varios tramos según la política de inversión del fondo.

Precisamente, en este cambio normativo basan los sindicatos su argumento de pérdida de eficacia de estos instrumentos de ahorro complementario por no ser ya un producto destinado a complementar la jubilación, sino que se pueden utilizar como una vía de escape fiscal para las rentas más altas donde refugiar su patrimonio de la tributación a Hacienda.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, explica que su organización no se opone a que la banca oferte planes de ahorro individual si bien, “el análisis de los fondos de pensiones muestran que no son un instrumento válido para generar ahorro” y reclama que se revise el pliego de incentivos fiscales para este tipo de inversiones ya que esos 2.000 millones de euros “podrían ser un ingreso más para hacer frente al incremento del gasto en pensiones del 1,5 por ciento previsto entre el 2024 y 2045” por las jubilaciones del baby-boom.