Elevar la edad de retiro, clave de la reforma
en brasil

El país presidido por Jair Bolsonaro se adentra en una profunda del sistema
de pensiones con el que se pretende recortar en una década el gasto del Estado
en cerca de 240.000 millones de euros. Agosto es el mes definitivo para la aprobación del texto final en la Cámara de Diputados carioca

31 jul 2019 / 10:52 H.

Brasil asiste a uno de los momentos más cruciales de su historia moderna en términos de racionalización de la economía del país. Este mismo mes de julio la Cámara de Diputados ha iniciado los trámites para la aprobación de la reforma del sistema público de pensiones, con el objetivo principal de reducir el gasto del Estado en esta partida, que desde hace años supone un agujero anual difícil cubrir por el Presupuesto que elabora el Gobierno. Esta reforma fue unos de los puntos centrales de la campaña electoral que llevó a la presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro, y pese a las enmiendas introducidas por la oposición parece que finalmente verá la luz durante este mes.

Pero, ¿cuáles son las claves del texto legal que pretende sacar adelante el Gobierno de Brasil? Concretamente, se trata de una amalgama de medidas que según las previsiones oficiales del Ejecutivo conllevaría un ahorro para las arcas públicas de 240.000 millones de euros en los próximos diez años. Y la principal vía de ajuste se producirá por el incremento de la edad legal de jubilación, elemento clave en un país donde el requisito para acceder a la prestación de jubilación es la suma de 30 años de cotización en el caso de las mujeres y de 35 años para los hombres, de modo que hay casos en los que es posible acceder a esa prestación con unos 50 años.

Se incrementa el periodo de cálculo

El texto prevé una edad mínima de jubilación, pero algunas categorías, como la de los profesores o de los cuerpos de seguridad federales, contarán con un régimen diferenciado. Así, para los trabajadores del sector privado en zonas urbanas la edad mínima de jubilación será de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años; para los trabajadores de zonas rurales la edad será de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años; y los funcionarios públicos federales deberán jubilarse a los 62 años si son mujeres y a los 65 años para los hombres, con un tiempo mínimo de contribuciones por trabajo a las arcas públicas de 25 años en ambos casos.

Otro de los aspectos fundamentales de la medida es que el valor de la jubilación será calculado teniendo en cuenta la media de contribución de cada trabajador. Así, al alcanzar el tiempo mínimo de contribución, los trabajadores del régimen general tendrán derecho al 60 por ciento del beneficio integral, con un aumento de dos puntos porcentuales para cada año más de contribución. De esta forma, para obtener el 100 por ciento del beneficio será necesario alcanzar la edad mínima exigida, así como 35 años de contribución para las mujeres y 40 para los hombres, es decir, cinco años más de lo actualmente reglado.

Sin embargo, el documento aprobado en la primera votación no modifica las reglas para la jubilación de los funcionarios públicos de los estados y municipios, solo para los federales. Y según datos oficiales, los funcionarios públicos municipales representan el 57 por ciento del total en el país, mientras que los regionales equivalen al 33 por ciento y los federales apenas al 10 por ciento, aunque poseen los sueldos y las pensiones más elevadas.

En el plano laboral, la reforma establece cambios en las retenciones de los trabajadores, que serán progresivas. Los que tengan un salario mayor, contribuirán más al sistema y los que perciban un sueldo menor, se les retendrá menos. En el sector privado, los tipos efectivos varían del 7,65 por ciento al 11,68 por ciento, mientras que los funcionarios van del 7,5 al 16,79 por ciento, dependiendo de la franja salarial.

La reforma deja fuera el sistema capitalización individual, similar al chileno y en el que la jubilación de cada trabajador dependerá de su capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral. El Gobierno, no obstante, pretende insistir en el asunto y podría proponer un proyecto de ley específico sobre ese punto, con el fin de que sea opcional para cada trabajador.