El PSOE gravará más al trabajador
para pensiones

El programa electoral que el PSOE presentó para los últimos comicios celebrados en noviembre permite dejar volar la imaginación, al menos en materia de medidas fiscales de cara a las medidas que en este campo pueda adoptar el futuro Ejecutivo. Los socialistas anuncian en dicho documento una reforma tributaria que no queda definida -más allá de la puesta en marcha de las tasas Google y Tobin, y la profundización en una fiscalidad más verde- y en la que no se concreta qué figuras fiscales se tocarán. Sin embargo, según ha podido saber en las últimas semanas elEconomista, parece claro que el IRPF estará sujeto a cambios si Pedro Sánchez permanece en Moncloa. Concretamente, se buscarán las alianzas parlamentarias necesarias para promover una subida de este impuesto en las rentas a partir de los 60.000 euros, que es el último tramo de este tributo a día de hoy.

Y todo ello a pesar de los mensajes contradictorios que han venido transmitiendo tanto Ferraz como Moncloa en los últimos tiempos respecto al futuro de este impuesto. Cabe recordar que su subida estaba incluida en la actualización del Plan de Estabilidad que el Gobierno enviara a la Comisión Europea a finales de abril. En él, se especificaba un alza de dos puntos de los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, así como subidas en el tipo del ahorro.

Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, descartó recientemente esta medida, cuya inclusión en los planes del Gobierno se debió al pacto presupuestario con Unidas Podemos alcanzado a principios del presente ejercicio, según argumentó. El propio presidente del Gobierno en funciones ahondó en esta idea en las fechas precedentes a la votación celebrada el pasado 10 de noviembre. Aseguró que no se iba a tocar el IRPF porque la ciudadanía está “cansada de ver que aquellos que cobran por la nómina y aquellos que tributan por rendimientos de capital sean siempre los paganos de las subidas de impuestos”.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, en la entrevista concedida a elEconomista también en periodo preelectoral admite los planes del Gobierno en este marco. “Prevemos incorporar ingresos con algunas de las medidas que proponemos, como el mayor aumento del IRPF a partir de una renta de 140.000 euros. Siempre cumpliremos con los requerimientos de estabilidad de Bruselas”, señalaba la dirigente socialista acerca de posibles cambios normativos en el impuesto sobre la renta para esta legislatura.

Ante este desconcierto, fuentes socialistas consultadas por este medio reconocen los planes socialistas para reformar el IRPF de las rentas del trabajo a partir de más de 60.000 euros, aparte de los planes conocidos de aumentar la tributación de las rentas del ahorro, aunque no se hayan incluido en el programa electoral.

Lo que no está claro es cuál es la fórmula que van a proponer los socialistas ni qué tramos van a añadir al IRPF. Las fuentes citadas indican que tal iniciativa se tomará si se logran suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados y será solo parte de su estrategia para lograr más justicia fiscal y gravar más a las clases altas, una línea similar a la que ya han puesto sobre la mesa, pero con medidas concretas, Unidas Podemos y Más País -futuros socios del Ejecutivo socialista-.

Cabe recordar que las propuestas en este campo de los partidos de izquierdas y derechas no pueden ser más antagónicas, puesto que, si bien las formaciones progresistas apuestan por alzar este tributo, PP, Cs y Vox quieren rebajar los tramos, en su propuesta determinada de bajar los impuestos de las clases medias.

Lo cierto es que la medida de alzar el IRPF, aunque sí estaba incluida en los Presupuestos alternativos que presentó el equipo de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, no se incluyó en el programa electoral del 28 de abril. Sin embargo, cabe recordar que los portavoces del PSOE han insistido en que su hoja de ruta económica y fiscal para la futura legislatura estará diseñada de acuerdo al proyecto de Cuenta que no pasó el corte de la Cámara Baja a principios de este año por la oposición de la derecha y los partidos independentistas y en los que sí estaba incluida la subida fiscal.

Pero lo cierto es que, como indican fuentes socialistas, el contexto económico ha cambiado y seguramente estas medidas tendrán que ser adaptadas. En esta situación pueden acabar algunas de las propuestas con más calado de los socialistas, como la reforma del Impuesto sobre Sociedades para que las grandes empresas tributen una tasa mínima del 15 por ciento y para limitar las exenciones para evitar la doble imposición.

Con el conjunto global de medidas, los socialistas ambicionan lograr unos 5.654 millones de euros en 2020. Sin embargo, parece difícil que esta recaudación se logre teniendo en cuenta que la reforma fiscal no se podrá activar hasta bien entrado el año. De hecho, algunas de las medidas con mayor margen de impacto, como el impuesto sobre los servicios digitales y el de transacciones financieras, se tendrán que tramitar como proyectos de ley independientes, cuya gestión dura de media seis meses.

En esta medida que plantean los socialistas y los miembros de Unidas Podemos, subyace el recurrente debate del destope de las bases de cotización, algo que implicaría que cada trabajador cotice por el total de los ingresos percibidos por rentas del trabajo con independencia de la cuantía. Sin embargo, como advierten los expertos, lo coherente sería en ese caso destopar la cuantía de la pensión máxima. En esta tesitura, defienden los expertos, se podría producir en un primer momento un fuerte incremento de los ingresos de la Seguridad Social, si bien se terminaría volviendo en su contra al tener que abonar pensiones en el futuro de niveles muy por encima de los 2.659,4 euros actuales. En ese caso, se pondría encima de la mesa el debate de la contributividad del Sistema de modo que los beneficiarios de las pagas siempre cobrasen en función de lo aportado y no se produjese la tentación del poder público de destopar la cotización, pero no la pensión.