El pacto PSOE-Podemos arriesga 75.000 millones de ahorro privado

La formación liderada por Pablo Iglesias recoge en su programa electoral la supresión de los incentivos fiscales para el ahorro privado. El patrimonio de estos productos
ha crecido un 3,5% en el último año

29 may 2019 / 09:33 H.

Tras la celebración de las elecciones generales del pasado 28 de abril y la constatable victoria del PSOE, el juego de alianzas y la eventual formación de Gobierno pondrán sobre la mesa de las negociaciones algunos elementos de importancia crucial para el futuro del sistema público de pensiones, como es el asunto de la fiscalidad del ahorro. Y más concretamente, el relativo a los planes e instrumentos de ahorro privado e individuales. En este sentido, una alianza de los socialistas junto con Unidas Podemos pondría en riesgo el futuro desempeño del sector de los planes de pensiones individuales, que en nuestro país mueven, según los últimos datos publicados por Inverco, hasta 75.048.787 euros, cifra registrada a cierre del pasado mes de marzo de 2019 y que supone una cifra un 3,5 por ciento mayor que en el pasado año.

El elemento de riesgo para este patrimonio es en términos de producción normativa y parte de dos premisas. La primera es que el resultado de las elecciones generales y las posturas expuestas públicamente por los líderes de los partidos de cara a los eventuales pactos de gobierno o investidura sitúan dos escenarios como los más probables. En el primero de ellos, los partidos del bloque de izquierda -incluidos Unidas Podemos y las fuerzas independentistas- se abstendrían para facilitar un Gobierno en solitario del PSOE, que buscase posteriormente las alianzas específicas para sacar adelante el programa político. En el segundo escenario, en el que el PSOE no gobernaría en solitario -y descartado el pacto entre los socialistas y Ciudadanos por parte de Albert Rivera- el pacto con mayor posibilidad de fructificar sería con la formación de Pablo Iglesias que pudiese sumar al resto de fuerzas del espectro de izquierda bien por la vía del apoyo directo o mediante una abstención.

En este punto entra en juego la segunda premisa que plantea un riesgo para esos más de 75.000 millones de euros de patrimonio en planes de pensiones privados al año. En su programa electoral, la formación morada aboga por “fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social”. En este sentido, aparte de la creación de empleo y, por tanto, el alza progresiva de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, la formación de Pablo Iglesias pide revisar el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, “que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3.000 millones cada año. Una propuesta en la línea de ahondar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social ya puesta sobre la mesa de las negociaciones del Pacto de Toledo con un alto grado de aceptación por parte del resto de fuerzas políticas presentes en la Comisión parlamentaria encargada de reformar el sistema de pensiones público español.

Pero ahí no queda todo: “Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados”, sentencia el documento aludiendo de forma clara a la retirada de cualquier tipo de apoyo a la industria aseguradora de ahorros a largo plazo.

Una postura que, sin embargo, ya mantuvo Unidas Podemos en el seno de las negociaciones del Pacto de Toledo que transcurrieron durante dos años y medio hasta la ruptura de las mismas dos meses antes de la celebración de las elecciones de abril. En este punto, la formación de Pablo Iglesias rechazó frontalmente la ampliación de incentivos a los planes privados como pedían PP y Ciudadanos
y mostró reservas sobre el impulso de los planes de ahorro colectivos a través de la empresa al considerar como una condición sine qua non la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 por laminar los salarios. Esta última, más allá, fue la propuesta que más consenso obtuvo entre los partidos ya que partía de una idea de replicar a nivel nacional el modelo de previsión social complementaria en la empresa del País Vasco, en lo que el PNV tuvo un papel activo, y que parecía haberse encaminado al acuerdo total, incluida la prerrogativa exigida por Unidas Podemos que estos ahorros fuesen gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, este fue otro de los puntos que saltó por los aires el día de la ruptura en el Pacto de Toledo.

En este punto, más allá, los socialistas serían el contrapeso de las extremas intenciones de Unidas Podemos, toda vez que durante las negociaciones del Pacto de Toledo mantuvieron una posición equidistante en lo relativo a la recomendación 16 correspondiente a los sistemas complementarios de ahorro, centrándose en la extensión de los planes de pensiones de empresa pero sin abogar decididamente por mayores ventajas fiscales a la contratación de instrumentos individuales, y rechazando también acabar con ellas de pleno, ya que supondría un impacto de inciertas consecuencias en el sector asegurador de España.

“La Comisión subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro”, señala el borrador del texto finalmente no aprobado al que ha tenido acceso elEconomista. En este sentido, los partidos coinciden en “dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria” impulsando su validez como cobertura para las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.

Sobre este aspecto, en una entrevista reciente para elEconomista Pensiones de este mismo medio, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, señalaba que “los incentivos fiscales para el ahorro son siempre necesarios, porque revierten en forma de menos gasto de intereses de la deuda pública, al Presupuesto. Los incentivos actuales deben mantenerse, y fijar nuevos para el desarrollo del sistema colectivo
o de empresa”.

Cabe recordar que el flujo de ahorro privado mantiene una tendencia alcista en los últimos años en España. Según los datos de coyuntura del sector
a cierre del primer trimestre de 2019, los españoles cuentan con un volumen de patrimonio ahorrado por valor de más
de 75.000 millones de euros, tras registrar un avance intertrimestral de 550 millones de euros. Así, el sistema individual suma a 7.579.738 de partícipes, dando cuenta de la expansión del sector en los últimos años, coincidiendo con los peores diagnósticos financieros de la Seguridad Social con déficits anuales de 18.000 millones de euros.