El Pacto de Toledo suma a Vox
en las negociaciones

La Comisión deberá revisar con los nuevos actores elementos de consenso como la revalorización de las pensiones con la inflación y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social

27 mar 2019 / 11:00 H.

Parece evidente que tras el estrepitoso fracaso de los miembros del Pacto de Toledo para acordar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones se jugará una segunda vuelta de esta contienda, una vez se conforme un Gobierno a partir de los resultados de las Elecciones Generales del próximo 28 de abril. Una cuestión que parece ineludible después de dos años y medio de trabajos, la encomienda del entonces Gobierno de Mariano Rajoy y la confianza de los pensionistas depositada en las medidas que salgan de las recomendaciones para revertir la situación deficitaria de la Seguridad Social y garantizar unas pensiones dignas para el futuro.

Ahora bien, los partidos deberán abordar esta empresa en nuevo entorno, con una nueva configuración del Congreso de los Diputados -al margen de la renovación o cambio del Gobierno-, lo que implica la entrada de nuevos actores a la Comisión del Pacto de Toledo. Concretamente, el elemento que más incertidumbre generará entre los partidos es la concurrencia de Vox en las negociaciones de cara a la aprobación de medidas.

De hecho, tal y como aseguran a elEconomista Pensiones fuentes cercanas a la comisión, este era uno de los motivos por el cual los partidos, principalmente el PSOE, trató de acelerar la presentación de un documento pactado de recomendaciones que sirviese como base para votar, antes de la celebración de elecciones, una reforma de la ley de la Seguridad Social. Sin embargo, este escenario no fue posible y la culminación se deberá llevar a cabo después de los comicios, en la nueva legislatura.

En este sentido, la preocupación reside en el hecho de que el denostado borrador con las 20 recomendaciones ya supuso un esfuerzo titánico de entendimiento entre partidos situados en las antípodas del espectro ideológico, como puede ser Podemos y ERC por un lado, o el PP y Ciudadanos por el otro. Y además, la primera reunión que mantenga el Pacto de Toledo incluirá en la coctelera a Vox, que ha mostrado su reticencia al diálogo con otras fuerzas contrarias, y viceversa.

Y de esta incertidumbre proviene la preocupación y la decepción escenificada por los partidos políticos después de que se quebrase el diálogo entre los mismos el pasado mes de febrero. Ahora tocará conocer la opinión y la postura de los nuevos partidos representados en algunas materias de elevado consenso que no se han llegado si quiera a canalizar a través de un Real Decreto-ley, como son la revalorización de las pensiones en función al avance del IPC real o la separación de fuentes para consolidar en el sistema los gastos que sean estrictamente contributivos, llevando el resto a los Presupuestos.

PP

Incentivar los planes de ahorro privado

Lo intento impulsar, sin éxito, en las negociaciones durante los dos años y medio que han estado las espadas en alto, si bien con muy poco éxito. El PP trató, y ha expresado que volverá a hacer después de las elecciones según se

desprende del programa económico de los populares, de ampliar la ventaja fiscal de los planes de pensiones privados, los correspondientes al tercer pilar de la jubilación. Los populares proponen actuar sobre dos frentes: por un lado estaría la exención fiscal a la hora de rescatar el plan de pensiones –ahora tiene un gravamen a pesar de estar bonificadas las aportaciones– y por otro lado la igualación de estas ventajas al resto de productos destinados al ahorro en el largo plazo.

PSOE

Sostiene la revalorización con el IPC

El PSOE ha sido, junto con Podemos y los partidos del espectro de izquierda, el adalid en la comisión parlamentaria de la vinculación de la revalorización de las pensiones en relación a la evolución de la inflación. Tal y como reflejó en su proyecto de Presupuestos para 2019 que no ha visto luz y recogía subidas del 1,6 por ciento, en línea con la inflación. Precisamente, este es uno de los pocos puntos del documento que contaba con un cuasi pleno consenso de los partidos, a excepción de ERC. El PSOE también mantiene la demora del Factor de Sostenibilidad y pide derogar la reforma del sistema del 2013 aprobada por el PP al considerar que carece de aceptación social y de consenso político.

Podemos

Reclaman un indicador de suficiencia

Uno de los elemento que exigió Unidos Podemos durante las negociaciones del Pacto de Toledo, y más concretamente, en la recomendación número 15 sobre solidaridad y garantía de suficiencia de las pensiones. Aquí, la formación morada presionó para que se incluyera en el denostado borrador de la reforma que se establezca una referencia y un ámbito territorial de medición que sirva para alcanzar el objetivo marcado de suficiencia de las cuantías. Se propone el modelo establecido en la Carta Social Europea por el que el Gobierno debe hacer un seguimiento continuado de las estadísticas que delimitan los umbrales de pobreza de con arreglo a los criterios adoptados por la Unión Europea.

Ciudadanos

Implantar el modelo de la mochila austríaca

Una de las principales medidas de Ciudadanos en el ámbito de las pensiones es la implantación de la conocida como mochila austriaca. En este caso, constaría de un nuevo seguro contra el despido, con el cual el trabajador irá acumulando dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador podrá cobrar esa cantidad acumulada, o bien llevársela consigo si cambia de puesto de trabajo. La aplicación de esta medida, conllevaría no en vano una extensión de la previsión social complementaria en la empresa, ya que se refiere a la movilidad flexible de los ahorros para que ello no implique una penalización sobre el rendimiento a la hora de rescatar el dinero.

vox

Suprimir el IRPF en pagas contributivas

“Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral”, recoge el programa electoral de Vox en el ámbito de pensiones. Además, abogan por un nuevo modelo para el sistema de pensiones que sea mixto, tanto de capitalización como de reparto. Asé se configuraría un sistema basado solidaridad entre generaciones, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida, y en la protección a la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas, en relación a los planes privados.

PDECAt

Pide la reforma de la pensión de viudedad

Es una de las apuestas del grupo catalán en el Pacto de Toledo. Se recoge en la recomendación 13 sobre prestaciones de viudedad y orfandad, y propone que, ampliando la acción protectora sobre aquellos beneficiarios que hayan perdido al o la referente de ingresos en la familia, se plantee un nuevo escenario para las nuevas prestaciones por muerte y supervivencia, acomodada a la realidad social del momento. En este sentido, se propone que las nuevas cuantías estén sometidas a una prueba de rentas, es decir, que deberán pasar un filtro de suficiencia y necesidad del beneficiario o beneficiaria, llegando en algún momento a vincular esta cuantía al nivel de renta del perceptor, con la consecuente variación de cuantía.

PNV

Extender el ahorro a través de la empresa

Gracias a la prolongada experiencia, y siendo además un caso de éxito, en el País Vasco, desde el PNV están decididos a dar la batalla para que el modelo vasco de previsión social complementaria en la empresa se extienda al resto del territorio. Encajado en la recomendación 16, se busca un impulso a estos planes complementarios a la pensión pública, pero centrado en el ámbito del empleo, una propuesta que ha chocado sobre todo entre los partidos de la izquierda, que tan solo creen viable la propuesta en una coyuntura de crecimiento de los salarios y avance del empleo. Además, en el modelo vasco, las entidades encargadas de gestionar el ahorro son sin ánimo de lucro e independientes.

ERC

Separar las fuentes de financiación

Es una de las propuestas más debatidas de ERC ya que es uno de los dos elementos centrales de la futura reforma del sistema público de pensiones, junto a la revalorización de las cuantías, dado que busca la atribución al Presupuesto de la Seguridad Social de los gastos que sean estrictamente contributivos y no aquellos que tengan un carácter asistencial o incentivador. Desde la formación catalana, en una primera aproximación, estimaron que estos costes referidos a gastos de gestión y de personal, además de esas paridas ya mencionadas podría ascender a más 10.000 millones de euros al año, lo que supone casi la mitad de todo el déficit de la Seguridad Social, y que se pagarían con la recaudación de impuestos.

compromís

Cerrar la brecha de género en las cotizaciones

Desde Compromís aseguran que uno de los salvavidas de las Seguridad Social está en la equiparación del trabajo entre los hombres y las mujeres. Concretamente, según la formación, cerrar la brecha salarial de género reportaría al Estado hasta 10.000 millones de euros extra procedentes de cotizaciones sociales, lo que supone la mitad del déficit que registra anualmente el sistema de pensiones. Además, aboga por que los traspasos que se realicen por parte del Estado a la Seguridad Social computen como transferencias y no como préstamos, que implica un incremento del pasivo de la Tesorería del sistema de la Seguridad Social, en torno a los 19.000 millones de euros al año.

Eh bildu

Transferencia de la Seguridad Social

Desde EH Bildu se viene reclamado, también en la sede del Parlamento la transferencia de la Seguridad Social al Gobierno del País Vasco por ser la llave para construir un sistema público de protección social sólido y equilibrado que incluya un sistema regional de pensiones que posibilite el pago de pagas dignas en el futuro. Propone para la región un complemento de ingresos mensuales mínimos nunca inferiores a 1.080 euros. Una cifra que equivale al 60 por ciento del salario medio. En total, casi 160.000 personas se beneficiarían del complemento, todas las que cobran pensiones de jubilación inferiores a 1.080 euros. El coste en el País Vasco sería de 400 millones de euros en el primer año.