El Pacto de Toledo estudia ligar
la pensión de viudedad al nivel de renta

El Gobierno elevará la base reguladora de la prestación por muerte y supervivencia del 56 al 60% en 2019, lo que implicará una revalorización media de las cuantías cercana al 7%

30 ene 2019 / 09:14 H.

El Pacto de Toledo estudia reformular las pensiones de viudedad para adaptarlas a la nueva realidad del momento social. El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.

Así lo recoge el documento sobre el que está trabajando la Comisión parlamentaria y donde los grupos políticos deberán consensuar cuál es la fórmula para reformar las prestaciones por muerte y supervivencia de la Seguridad Social, al cual ha tenido acceso elEconomista Pensiones.

Actualmente, la pensión de viudedad de la Seguridad Social es una prestación económica de carácter vitalicio y de naturaleza contributiva, es decir, exige que el causante acredite unos requisitos mínimos de cotización y se concede a aquellos que han tenido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida, que será el causante de la pensión. Y el cálculo de la cuantía se establece en el 56 por ciento de la base reguladora del causante, desde agosto de 2018, elevándose al 60 por ciento para el recién iniciado año, tal y como se aprobó por Real Decreto-ley en el último Consejo de Ministros del pasado año y como aparece recogido en el proyecto de Presupuestos Generales de 2019 que se encuentra en vías de aprobación en el Congreso, siempre que el beneficiario no tenga derecho a pensión pública y que no perciba ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o propia, y que no reciba otros rendimientos en cuantía superior a los límites exigidos para acceder a la pensión mínima por viudedad.

Capacidad económica

Concretamente, lo que está a debate en el Pacto de Toledo no es la conveniencia del modelo actual, sino cuál debería ser el modelo de las futuras prestaciones. De hecho, el texto preambular habla de “garantizar una cobertura adecuada” de los beneficiarios, centrando la intensidad protectora en los mayores de 65 años, donde la pensión supone la principal fuente de ingresos “con el objetivo de garantizar una situación equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge”. Es decir, se recomienda que para los casos actuales se continúe elevando el porcentaje de la base reguladora de la prestación.

Sin embargo, los grupos estudian la introducción de algunos elementos en el cálculo de la pensión que podrían reducir su cuantía para los nuevos viudos y viudas. El primero de ellos constaría -algo que ya se sugiere en la recomendación 13 de 2011, elaborada por la Comisión- en el encargo al Gobierno de un informe que determine el impacto en la cuantía de la prestación de tenerse en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante con una fórmula similar a la utilizada para el cálculo de la pensión de jubilación. Esto supone que el cálculo de la pensión de viudedad se realice como si fuera a percibir una paga por jubilación -ya que se cuantificaría sobre los mismos criterios- del causante de la misma.

Otro elemento que podría distorsionar la futura cuantía de las pensiones, a la baja, es la eventual introducción, como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea, de una prueba de rentas como criterio de acceso a la prestación, en el que se tendría en cuenta la situación financiera de todo el núcleo familiar. Cabe recordar que para los futuros beneficiarios será habitual que se hayan labrado una carrera de cotización, en el caso de la expedidas en periodo de retiro, o cuente con un empleo en el caso de las expedidas a menores de 65 años. Por ello, la naturaleza de garantizar el poder adquisitivo que el beneficiario tenía en estado de convivencia o matrimonio quedaría supeditado al nivel de renta o las necesidades familiares de cada caso. O lo que es lo mismo, se compensaría la falta de rentas por el fallecimiento del causante no a partir de sus derechos generados en términos de aportaciones a la Seguridad Social, sino con la referencia de la renta disponible del beneficiario contribuyendo con una dotación suficiente para no ver mermado su nivel de vida y su poder adquisitivo.