El jubilado capea la ‘congelación’
de las pensiones

La ganancia de riqueza en 2019 cubrirá la inflación lo que dure la suspensión. El pensionista recibió una subida un 0,9% ‘extra’ el pasado ejercicio y, mientras, el Ejecutivo reitera: “Las pensiones subirán con efecto a 1 de enero de 2020”

29 ene 2020 / 09:01 H.

Saltó la noticia en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.

Sin embargo, pese a las soflamas de la oposición criticando la pirueta del Gobierno para no aplicar la ley vigente que rige una subida del 0,25% -introducida en la reforma del PP de 2013- los pensionistas españoles no han perdido poder adquisitivo en el inicio de año debido a la ganancia extra de riqueza que experimentaron en este último ejercicio 2019 donde la revalorización aplicada a comienzos de año del 1,6% para todas las pensiones y del 3% para las mínimas cubren sobradamente el incremento de la inflación para el conjunto del año (0,7%) y aporta además una ganancia de poder de compra igual a la diferencia entre el incremento y el IPC, del 0,9%.

En este sentido, si nos vamos a las proyecciones de Funcas sobre la evolución mensual del IPC para el presente ejercicio se observa como la variación de los precios se situó en el entorno del 1% en el primer mes del año -teniendo que esperar hasta el final del mes para conocer el dato definitivo-. Esta subida del IPC hubiera impactado de entrada como una merma para el bolsillo de los pensionistas al haber el Gobierno congelado las revalorizaciones anteriores si no fuera por la ganancia extra de poder adquisitivo del pasado año 2019 que, más allá, ya garantizaba el mantenimiento de la riqueza de pensionistas y jubilados el tiempo que durase la suspensión de la subida.

“Pueden estar tranquilos”

Sobre este aspecto, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, salió rápido al quite de las críticas de la oposición realizadas durante ese fin de semana, más cuando el PP anunció que recurría la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

“Los pensionistas pueden estar tranquilos: el gobierno cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en el próximo ejercicio a través de una actualización de las pensiones del 0,9% desde el 1 de enero de 2020”, remitía el gabinete de la ministra Magdalena Valerio en un comunicado ese mismo fin de semana de la congelación.

Así, explicaba que estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, era “razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa, y sin perjuicio de que los efectos de la revalorización sean retroactivos desde el 1 de enero de 2020”.

Además, ya apuntaban al mantenimiento del poder de compra gracias a las subidas efectuadas. “Hay que tener en cuenta que en el año 2019 todas las pensiones han ganado poder adquisitivo dado que la variación media del IPC a lo largo del año va a resultar sensiblemente inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo”, apuntaba el comunicado.

Las razones de la suspensión

En la nota, el gabinete del ministerio de Trabajo explicaba que se trataba de una decisión con sentido pragmático de la propia operatividad de efectuar la revalorización. Así, confirmaron que este Gobierno mantendría la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada en su día de forma unilateral por el PP porque “ha sido ampliamente cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, hasta el punto de que no ha sido aplicado en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas”.

Y también porque una subida mínima del 0,25% “obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema”, aseguraron desde Moncloa.

Las tres posibles vías

Finalmente, el Ejecutivo decidió la vía de la suspensión del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que fija una subida de las pensiones del 0,25%, y la posterior subida del 0,9% una vez haya Ejecutivo como medida cautelar.

“Si se decide mantener en vigor el artículo 58 de la ley de Seguridad Social computará el 0,25% hasta que se pueda revertir. Pero la decisión aún no está tomada”, apuntaba la ministra sin descartar tampoco la posibilidad de que se emitiera un Real Decreto-ley similar al de diciembre del pasado 2018 que fijo la subida del presente ejercicio durante un acto del INSS celebrado recientemente.

Otra de las alterativas que se barajaban era la aplicación del actual índice de revalorización de las pensiones (0,25%) para que, una vez que se constituyese el Ejecutivo, se adoptara la subida restante hasta llegar al 0,9% previsto en el Plan Presupuestario.

No obstante, también cabía la posibilidad, aunque menos viable, de que el Ejecutivo aprobara ese mismo viernes la subida del 0,9% enviada a Bruselas para 2020 con efectos al primer día de año, lo que hubiera actualizado las nóminas de manera automática. Siendo esta la opción menos factible ya que dependía de un informe favorable de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de llevar a término esta medida estando en funciones, cuestión que provocó el mutismo por parte del Gobierno durante esas últimas semanas del año.

Esto quiere decir, de facto, que los pensionistas españoles, como el resto de agentes sociales, se encontraban a la espera del éxito o el fracaso de las conversaciones que está manteniendo el PSOE con ERC para buscar la cuadratura de un círculo que finalmente les llevó a una investidura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, si bien no es el único obstáculo hasta lograr la revalorización de las pagas con carácter retroactivo tal y como prometió el Ejecutivo ya que una vez conformado el Gobierno todavía será necesario articular un texto que recoja los incrementos para las pensiones de este 2020.

Ahora, con la subida ya aprobada y pendiente de ser efectiva a partir de febrero, y asumiendo que el colectivo no tiene pérdida de poder adquisitivo pese a la congelación de enero, aún queda por conocer la subida que experimentarán las pensiones mínimas, que el Gobierno subirá en mayor medida precisamente para cerciorarse de que no existe merma del poder de compra de sus beneficiarios.

Aumenta el consumo entre los jubilados
Desde el pico de la burbuja inmobiliaria, el consumo de los jubilados ha crecido un 20%, según los datos de la ‘Encuesta de presupuestos familiares’, publicada por el INE. En el año 2018, el gasto en consumo de cada jubilado se situó, de media, en 13.482 euros. Este ascenso ha permitido a los jubilados convertirse en el grupo social que más consume: cada uno gasta ya un 13,4% más que los trabajadores y un 80,6% más que los parados, que son realmente el colectivo social que peor lo ha pasado y lo sigue pasando.

En 2018 cada jubilado gastó un 3,3% más que en el año anterior, marcando un nuevo récord histórico de consumo. Este crecimiento supera claramente al del resto de ciudadanos, de modo que la brecha sigue aumentando.

El incremento del gasto del conjunto de la población fue del 2,2% en 2018, esto es, 1,1 puntos menos que los jubilados. La subida de las pensiones del 1,6% aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para ese año y el pasado 2019 impulsó el consumo de los jubilados por encima de la inflación y del propio crecimiento de la economía española. Se entiende así, que el sistema de pensiones ha protegido durante estos años de crisis la suficiencia de las pagas de los beneficiarios, mostrándose clave en muchas ocasiones para el sostenimiento de la renta de los hogares.