El Gobierno gasta 1.000 millones extra
en pensiones por el desvío de IPC

El desvío de cotizaciones del Sepe a la Seguridad Social reportaría un máximo de 2.000 millones de euros al año, mientras que el desfase entre ingresos y gastos del Sistema público de pensiones asciende a los 18.650 millones en 2019. Tampoco se cubriría todo el gasto en pagas contributivas

30 oct 2019 / 08:42 H.

El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6 por ciento al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas, pero que vista la falta de presiones inflacionistas y el comportamiento de los últimos meses no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.

Todos los organismos internacionales han rebajado ya la previsión de inflación para nuestro país, siendo los primeros la Comisión Europea (1,1 por ciento) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1,2 por ciento). De hecho, con esta primera revisión las cuentas del Gobierno ya se descuadran ya que el coste de esta desviación de entre 5 y 4 décimas porcentuales, lo cual implicaba para la Seguridad Social un gasto extra de entre 500 millones y 625 millones de euros este año. Sin embargo, la puntilla la han dado recientemente el Banco de España y Funcas con su publicación sobre las perspectivas macroeconómicas para el resto del año de nuestra economía, en las que arrojaba una rebaja para el IPC del conjunto del año de ocho décimas, situándose este en el 0,8 por ciento y 0,7 por ciento, respectivamente.

Asumiendo esta desviación -que atendiendo la estimación del Panel de Funcas sería del 0,9 por ciento-, la factura de gastos extra en la partida de pensiones asumida por el Estado supera los 1.000 millones de euros, un tercio del coste de 2018 de la subida de pensiones en base a la inflación, tasada en algo más de 3.000 millones de euros. Del mismo modo, cabe recordar que, a finales del 2018, el Ejecutivo socialista aprobó un Real Decreto-ley en el que se fijaba la revalorización de las pensiones en el 1,6 por ciento para 2019 en base a la inflación prevista para el conjunto del año, además del incremento del 3 por ciento en el caso de prestaciones mínimas junto con el incremento de la base reguladora de las pagas de viudedad. Una medida prevista tras el acuerdo de Presupuestos Generales de 2018 -aún vigente tras el fracaso en el Congreso de las nuevas Cuentas que trató de aprobar el PSOE antes de la convocatoria de elecciones generales-, alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por el cual se daba un estocazo al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) contenido en la reforma de las pensiones de 2013 -impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy- y que operaba subidas del 0,25 por ciento para así volver a vincular la cuantía de las pagas a la evolución de la inflación.

Incremento del poder adquisitivo

En este sentido, tal y como informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el pasado mes de febrero, cuando abonó a los pensionistas la conocida como paguilla por el desvío de la inflación de 2018 respecto a la subida realizada -en ese caso el IPC del conjunto del año fue una décima mayor a la subida aplicada en enero y se compensó a la postre-, cada décima de desviación le cuesta al Estado 127 millones de euros. De modo que para mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas se llevó a cabo un desembolso por ese valor ya que
la subida efectuada fue del 1,6 por ciento mientras la inflación cerraba el ejercicio en
el 1,7 por ciento.

Ahora bien, teniendo en cuenta el comportamiento de la inflación de 2019,
la situación resulta ser la inversa. Si bien el Gobierno no parece dispuesto a meter la mano en el bolsillo de los pensionistas ante una subida de las pagas mayor que la reglada en base a IPC, que será del 0,7 por ciento, -y así lo confirman fuentes del Ministerio a elEconomista Pensiones-, parece que el resultado de la subida aplicada será el de un importante incremento del poder adquisitivo de los pensionistas para este año, ya que sus ingresos crecerán el doble que los precios de consumo. Una ganancia de poder de compra que,
no en vano, había sido frenada en los años de la recuperación económica al entrar en vigor el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que instauró durante cuatro años consecutivos hasta el pasado 2018 subidas de las pagas del 0,25 por ciento.

De hecho, no existen señales de que la tendencia de la evolución de los precios se pueda revertir en los tres meses que restan de año. Según los últimos datos del INE el IPC no experimentó variación en septiembre en relación al mes anterior, si bien recortó dos décimas su tasa interanual, hasta el 0,1 por ciento, su menor nivel desde agosto de 2016. Desde el organismo estadístico se atribuye el descenso de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de la electricidad, además de un comportamiento de los carburantes y los productos energéticos a la baja en plena coyuntura de desaceleración de la economía internacional y desequilibrios comerciales generados por la guerra comercial que librea Estados Unidos y China.

Para el próximo ejercicio, parece que el Gobierno mantendrá el mismo patrón de revalorización de las pagas, realizando la subida de enero en base a la inflación prevista para el conjunto del año. Concretamente, según el Plan Presupuestario de 2020, este alza será del 0,9 por ciento, si bien en esta ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez se guarda un exiguo margen de maniobra ya que la inflación estimada por mayoría de organismos estadísticos -consenso de Funcas- se sitúa en el entorno del 1 por ciento, de modo que si todos los preámbulos fueran ciertos los beneficiarios del sistema de clases pasivas terminarían perdiendo una décima de poder adquisitivo. No en vano, teniendo en cuenta el comportamiento de los precios de este año, y asumiendo que las componentes de desequilibrio permanecerán activas el próximo año, cuando se dirimirán las cuestiones más concretas del Brexit y
se espera dar solución al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que además tendrá como tercer protagonista a la Unión Europea.