El factor de sostenibilidad salta por los aires

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende eliminar el ‘piloto automático’ del IRP y el coeficiente reductor de la pensión inicial, introducidos por el PP en 2013 para cauterizar el déficit del Sistema

29 ene 2020 / 08:50 H.

Tanto Unidas Podemos como el PSOE, partidos que conforman la coalición llamada a gobernar durante los próximos cuatro años, han fijado uno de sus objetivos de cara al mandato que inicia este 2020: la derogación de la reforma del sistema de pensiones impuesta por el PP de Mariano Rajoy en el año 2013. La clave está en que la medida se propone en la peor de las coyunturas financieras de la Seguridad Social, que asume déficits anuales cercanos a los 18.000 millones de euros, y que precisamente fiaba a la aplicación de los preceptos introducidos en la reforma la recuperación de su salud financiera en el medio plazo, fundamental para garantizar la sostenibilidad de las pensiones de cara a los futuros jubilados y beneficiarios de las prestaciones.

Concretamente, la intención del Ejecutivo en materia de pensiones pasa por realizar dos cambios que, de facto, modificarían la senda de la Seguridad Social: la eliminación del Factor de Sostenibilidad y la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Si bien es cierto que el cambio de tendencia ya asume algunas consecuencias en la previsión de gasto, esta fue alumbrada por el propio impulsor de la medida: el PP cuando firmó con el PNV los Presupuestos Generales de 2018 donde se recogía una suspensión cautelar hasta 2023 para la aplicación del Factor de Sostenibilidad y de dos años (2018 y 2019) para la revalorización de las pagas del 0,25 por ciento -se estableció un incremento de las pensiones del 1,6 por ciento para el conjunto de ellas y del 3 por ciento para las más bajas para los dos ejercicios mencionados-.

La utilidad de los dos elementos introducidos en la reforma es de carácter puramente financiero y se establecieron con el objetivo de revertir el desfase entre ingresos y gastos que acumula la tesorería del Sistema cada año. El primero de ellos, el Factor de Sostenibilidad, se concibió como un Factor de Equidad Intergeneracional. Ahora mismo la pensión se calcula en función de los años cotizados, la edad de jubilación y la cuantía cotizada principalmente. El factor de equidad intergeneracional lo que hacía es añadir la esperanza de vida al cálculo y revalorización de las pensiones. Esta medida tendría en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilados en el momento de cobrar su primera pensión y se revisaría cada cinco años.

En términos cuantitativos, la aplicación del factor de sostenibilidad hará que las pensiones pierdan valor cada año. Conforme aumente la esperanza de vida habrá que repartir el mismo dinero en un periodo de tiempo mayor. Según los Analistas Financieros Internacionales (AFI) para una pensión pública de 1.000 euros pasaría a ser de 992,8 euros en la primera aplicación. En otras palabras, el factor de sostenibilidad sería del 99,28%. Si se mantiene la tendencia actual en 2030 el factor sería de 92,8% y en 2045 de 843,8 euros. A efectos prácticos, para el primer momento la pensión se quedará en 920,8 euros y para el segundo en 843,8 euros.

El piloto automático del déficit

El otro pulmón de la reforma del PP de 2013 sería el de la norma para el incremento anual de las pensiones, el conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), y que también caería de confirmarse la derogación total de la reforma. Se trata de un factor que pone la Seguridad Social en piloto automático hasta el reversión completo de su coyuntura deficitaria. En este sentido, se estableció un suelo por el cual los aumentos de la pensión no podían ser nunca menores del 0,25%, si bien se fijó que esta sería la revalorización aplicable para cada año en el que el Sistema registrase un déficit -subida que computó entre los años 2014 y 2017, ambos incluidos-.

De este modo, se terminaba con la indexación al IPC de la revalorización, cuestión que, más allá, implica una senda de gasto difícilmente asumible por las arcas del Estado. De hecho, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones conforme a la inflación, y su voluntad de que esta sea la norma para actualizar las pagas de forma anual, puede traer más de un dolor de cabeza a los gestores del organismo encargado de pagar las pensiones en España. De hecho, si por el camino no se toman medidas complementarias de ajuste del gasto o incremento de los ingresos, el Ejecutivo de turno habrá de lidiar con un déficit contributivo de las pensiones que crecerá progresivamente en las próximas décadas hasta alcanzar un volumen anual cercano a los 100.000 millones de euros. Es decir, casi un 5% del PIB. Por contra, en un escenario en el que se levantase la actual suspensión que pesa sobre el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -en el que volvería a aplicar la subida del 0,25% hasta revertirse la coyuntura deficitaria de la Seguridad Social- el sistema de pensiones entraría en superávit a partir del año 2030 y para ese 2050 el remanente anual alcanzaría el 2,14% del PIB.

Derogación parcial de la reforma laboral del PP

“Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del 2012”, dice el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, está por ver si esta derogación de la norma es parcial o sobre la totalidad de la misma. Y es que, sobre la mesa, de momento se encuentran tan solo las cuestiones que ya avanzó el Ministerio de Magdalena Valerio con los sindicatos antes de la convocatoria de elecciones en el mes de abril. En realidad, sólo se anularán los preceptos de la ley que afectan a la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, a la ultraactividad, a la limitación temporal de los convenios colectivos tras perder su vigencia (se recupera la ultraactividad) y a la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Una de las novedades más llamativas incorporada al acuerdo sobre esta materia es el compromiso de “revisar las causas del despido”.