El déficit de la Seguridad Social enquista
la deuda pública en el 98,5% del PIB

El desequilibrio en el sistema de protección para las clases pasivas supone el mayor punto de presión en estos momentos para el desempeño financiero del Estado. Su pasivo se incrementa un 4,6% hasta situarse en los 43.068 millones de euros, impulsado por el incremento de las pensiones del 1,7% y 1,6% de 2018 y 2019, respectivamente

29 may 2019 / 09:34 H.

La deuda pública prosigue su incesante escalada ante las previsiones de un año que será menos fructífero para la economía española, lo que aporta más incertidumbre a una ecuación donde la principal incógnita será comprobar los efectos de la paulatina retirada de estímulos económicos anunciada por el Banco Central Europeo, principalmente en términos de encarecimiento de los intereses de la deuda. Un hecho, que impactará con mayor agresividad entre las regiones europeas más endeudadas, como también es el caso de Italia. En este sentido, el Banco de España dio a conocer recientemente la evolución de la deuda pública donde se refleja un avance de su volumen que en el mes de marzo alcanzó el 98,5 por ciento del PIB.

Concretamente, la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas superó los 1,19 billones de euros en marzo, lo que supone un incremento de 11.652 millones con respecto a febrero (+0,98 por ciento), y que se traduce en el quinto mes al alza de este indicador.

De esta manera, según los datos publicados por el Banco de España, la deuda registró un nuevo máximo al situarse en los 1.199.773 millones de euros. Con este registro, encadena 59 meses por encima del billón de euros. Con respecto al mes de marzo de 2018, la deuda subió en 38.064 millones, lo que representa un alza del 3,28 por ciento.

En este sentido, el Ministerio de Economía y Empresa estimó que al final de marzo, el ratio de deuda sobre PIB se situó en el 98,5 por ciento, inferior al 98,61 por ciento de marzo de 2018, el 99,79 por ciento del mismo mes de 2017 y al 100,6 por ciento registrado en 2016.

El organismo que dirige la ministra en funciones Nadia Calviño destaca que el dato de deuda pública del tercer mes del año es “plenamente consciente con el objetivo de ratio deuda de las administraciones públicas sobre PIB del 95,8 por ciento para final de 2019 que figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022”.

En cualquier caso, explicó que el saldo mensual tiene una evolución “volátil” que está condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio y octubre. En esos meses se producen habitualmente reducciones del saldo, mientras que en los restantes meses el saldo aumenta, según Economía.

Según los diferentes niveles, los datos del Banco de España detallan que, de los 1,199 billones de euros de deuda pública registrada en el tercer mes del año, algo más del billón corresponde al resultado del Estado. Esta administración incrementó su deuda un 1,1 por ciento con respecto a febrero, equivalente a 11.963 millones. Pero 29.892 millones correspondieron a otras unidades de la administración central, con una reducción del 4,8 por ciento; 296.009 millones de euros corren a cargo de las comunidades autónomas, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento; 26.143 millones corresponden a corporaciones locales (+0,05 por ciento) y 43.068 millones de euros a la Seguridad Social, experimentando así un avance del 4,6 por ciento.

De hecho, el desequilibrio en el sistema de protección para las clases pasivas supone el mayor punto de presión en estos momentos para el desempeño financiero del Estado. Según la AIReF, el desfase entre ingresos y gastos de este organismo será del 1,5 por ciento del PIB, en lugar del 0,9 por ciento previsto, es decir, 7.500 millones más. Esto se debe principalmente al incremento del gasto ligado a la subida de las pensiones para este año un 1,6 por ciento, además de un 3 por ciento para las pagas mínimas y el aumento de la base reguladora de la prestación por viudedad del 56 al 60 por ciento, y por la previsión de una menor recaudación del Estado por el incremento de la base mínima de cotización ligada a la subida del SMI -la AIReF prevé ingresos extraordinarios por valor de 650 millones de euros contra los 1.300 millones estimados por el Gobierno-.

Un déficit ‘petrificado’

Todo esto tiene una implicación directa en el déficit anual del Estado, indicador vigilado por la Comisión Europea, que dio un respiro a España en el 2018, cuando se abandonó el procedimiento de déficit excesivo -se activa al superar el 3 por ciento del PIB en el conjunto del año- mediante la ejecución de Presupuesto elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que aún permanece prorrogado.

El consenso de analistas privados que integra el panel de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) cree que el déficit público cerrará este año en el 2,3 por ciento del PIB, y se desviará tres décimas frente a la estimación que el Ejecutivo envió a Bruselas en el programa de Estabilidad Presupuestaria. Según los expertos de Funcas, el déficit del conjunto de las administraciones será del 2,3 por ciento del PIB en 2019 y del 1,9 por ciento en 2020, frente al 1,1 por ciento estimado por el Ejecutivo para el próximo año.

En el análisis publicado, el Panel argumentaba que, en los primeros meses de 2019, tanto el Estado como la Seguridad Social han empeorado su saldo en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las Comunidades Autónomas mejoraban el suyo.