El acuerdo PSOE-Podemos tensa
el debate del incentivo fiscal al ahorro

Ambos partidos coinciden en la determinación de repensar la eficacia y la estructura de incentivos a planes de pensiones privados. Desde la formación de Pablo Iglesias apuestan por la completa supresión de estos

27 nov 2019 / 08:57 H.

Era de esperar, pero el resultado de las elecciones del pasado 10 de noviembre pone aún más si cabe en el centro de la diana el futuro de las ventajas fiscales de las que actualmente disfrutan los ahorradores españoles. Así, la victoria en las urnas del PSOE y la futura concurrencia en la ecuación de Gobierno de Unidas Podemos, genera aún más incertidumbre sobre este tema teniendo en cuenta las medidas que enarbolan los programas electorales de ambos partidos. Ambos, asumen al cien por cien la necesidad de revisar la eficacia y la conveniencia de estas reducciones tributarias, un trabajo para lo que ayudará el informe que está preparando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por el lado del PSOE, estarían abiertos a revisar estos incentivos fiscales, si bien no se especifica en qué dirección se llevaría a cabo la reforma del actual sistema. En este sentido, a pesar de que los socialistas no comparten en su programa electoral la propuesta tanto de Unidas Podemos como de Más País de poner fin o reducir las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones privados, lo cierto es que el Gobierno socialista admite que en la próxima legislatura podría cambiar la fiscalidad de estas herramientas de ahorro. Así lo indicaba recientemente Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa en funciones, al ser consultada por elEconomista por las propuestas de los partidos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, admitiendo que “respecto a los sistemas complementarios de pensiones, hay que analizar en qué medida están funcionando o no los incentivos existentes. De hecho, la AIReF ya tiene encargado un estudio de todas las bonificaciones fiscales, y en particular sobre cómo han funcionado los incentivos correspondientes a los planes de pensiones. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de ese estudio, en el que estamos colaborando desde el Ministerio, antes de tomar una decisión específica en un sentido o en otro”.

Por su parte, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, reclama desde el prisma del sector asegurador “incentivos fiscales auténticos” para fomentar los planes de pensiones privados y “construir un segundo pilar” para el sistema de pensiones, el relativo a los planes de pensiones de empleo. “Actualmente no hay incentivos fiscales auténticos, sino un mero diferimiento de la fiscalidad”, subrayó en un encuentro celebrado en Madrid.

“Si me quitan la desgravación dejo de aportar”

Consultado sobre la posibilidad de que en el medio plazo se terminase de acabar con el sistema de reducciones en la cuota de IRPF por estas aportaciones a planes de pensiones privados uno de los expertos asistentes al Consejo Editorial de la Revista Pensiones de elEconomista reconocía su preocupación acerca de esta posibilidad. “Yo tengo plan de pensiones, pero si me quitan la desgravación fiscal dejaré de aportar”, aseguraba argumentando que de otro modo no sería rentable la inversión de ahorros en este tipo de instrumentos que, además, en nuestro país registran unas reducidas rentabilidades y, sin embargo, unos elevados costes de gestión en comisiones para el cliente, que estrechan aún más el rendimiento. En este sentido, una de las opciones que se barajan, y que consideran la más coherente desde el sector, es la de igualar los incentivos para las aportaciones a instrumentos financieros que puedan ser utilizados como un vehículo de ahorro finalista, lo que terminaría con la discriminación fiscal de ciertos productos respecto a otros.

En este sentido, en su programa electoral, la formación liderada por Pablo Iglesias aboga por “fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social”. Así, aparte de la creación de empleo y, por tanto, el alza progresiva de las cotizaciones, Unidas Podemos pide revisar el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, “que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3.000 millones cada año. Una propuesta en la línea de ahondar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social ya puesta sobre la mesa de las negociaciones del Pacto de Toledo con un alto grado de aceptación por parte del resto de fuerzas políticas.

Pero ahí no queda todo: “Eliminaremos los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados”, sentencia el documento aludiendo de forma clara a la retirada de cualquier tipo de incentivo para el ahorro a largo plazo.

No en vano, puede ser que el sistema de incentivos y reducciones no esté reportando los resultados para los cuales está concebido en un principio, en este caso, el de impulsar la tasa de ahorro de los hogares y familias españolas. Un área donde aún falta mucho camino por recorrer en términos de educación financiera y concienciación de la necesidad de ahorro de cara a la futura jubilación. En este sentido, no es la primera vez que el propio Banco de España sugiere a las autoridades competentes la necesidad de evaluar la efectividad de los incentivos fiscales para los planes de pensiones y demás productos de previsión social complementaria.

“La evidencia señala que los incentivos fiscales al ahorro tienen un efecto limitado en la generación de nuevo ahorro”, señala el director general de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), Óscar Arce, añadiendo que “dichos incentivos están concentrados en la parte alta de la distribución de la renta”. O lo que es lo mismo, desde el supervisor bancario cuestionan la idoneidad de estas ventajas teniendo en cuenta que la mayoría de beneficiarios de las mismas son personas con un elevado nivel de renta.

Cabe recordar que, en la actualidad, las aportaciones realizadas a los planes de pensiones permiten una desgravación fiscal a la hora de hacer la Declaración de la Renta. Es decir, se traducen en una reducción de la base imponible con un límite consistente en aportaciones de hasta 8.000 euros al año o el 30 por ciento de los rendimientos netos del trabajo o actividades económica, aplicados a la cifra que sea más baja.