El 28-A rompe la baraja del Pacto de Toledo

La convocatoria de elecciones quiebra el ritmo de las negociaciones, que fracasan sin consensuar unas recomendaciones para la reforma de las pensiones en lo que resta de legislatura. Tras el portazo de Podemos, los partidos podrán retomar las reuniones con el futuro Gobierno

27 feb 2019 / 09:04 H.

Justo cuando más cerca se estaba de alcanzar el acuerdo, el Pacto de Toledo escenificó a finales de este mes de febrero la fractura de las negociaciones para sacar adelante las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones, que finalmente y tras dos años y medio de trabajo no verá la luz en las pocas semanas que restan de legislatura, antes de la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril.

En la que se había fijado como la última reunión de los portavoces de la Comisión en la presente legislatura, con el objetivo de cerrar un acuerdo para anunciar al menos el texto con las 21 recomendaciones, Unidos Podemos se presentó con un ramo de votos particulares a los principales puntos del documento para sorpresa del resto de grupos, donde primaba el optimismo sobre la jornada. Sin embargo, tal y como afirmaban fuentes cercanas a la negociación a elEconomista Pensiones, tampoco el PP estaba convencido de llevar a término las recomendaciones, toda vez que estas deberían ser convalidadas con la nueva composición del Parlamento tras las elecciones generales, con lo que no veían procedente forzar un pleno para la primera semana de marzo. Sin embargo, fuentes internas aseguran que el partido presidido por Pablo Casado había echado el cierre al diálogo político con el anuncio electoral del presidente Sánchez, por lo que “se agarró como a un clavo ardiendo” a la postura mostrada por Podemos. De este modo, entre unos y otros han sustanciado la fractura de unas negociaciones que habían sido un quebradero de cabeza para los partidos por la dificultad de entendimiento en el amplio arco ideológico representado en la Comisión, desde que se impulsara este grupo de trabajo allá por octubre de 2016 tras la investidura de Mariano Rajoy.

“El adelanto electoral lo ha precipitado todo absolutamente. El Pacto de Toledo estaba cerca en algunas cuestiones importantes, pero las prisas no son buenas consejeras y a día de hoy no se puede llevar a pleno, porque hay recomendaciones importantes que aún están abiertas y cuestiones de fondo que no están acordadas”, argumentó la portavoz de Podemos en la Comisión, Aina Vidal, sobre el fracaso de las negociaciones.

Desde el otro partido señalado por la ruptura, el portavoz del PP, Gerardo Camps, señalaba del mismo modo que “es algo penoso que al final, después de tanto trabajo, no se haya conseguido un acuerdo”, lo que achaca a la convocatoria de elecciones anticipadas en escasas semanas y la “sorpresa que raya el engaño” de Podemos, a cuenta de la redacción alternativa propuesta en el último instante a las recomendaciones ya cuasi acordadas.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mercé Perea, mostró su decepción por el “electoralismo” de Unidos Podemos y PP, al considerar “injusta” la ruptura cuando el acuerdo “estaba hecho” en los puntos más delicados.

“Aquí no estamos implantando un programa electoral, estamos buscando el consenso, que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía”, afirmaba Perea, considerando una “falta de respeto al consenso venir con cien mil recomendaciones que no hemos visto, que no conocemos”, en referencia al documento de Unidos Podemos.

También en la línea de acusar a la formación morada, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, consideraba la actitud de Unidos Podemos “una irresponsabilidad”, aunque aseguraba que “tampoco ha ayudado la decisión del presidente Sánchez de convocar elecciones tan pronto”, vaticinando un acuerdo en el caso de que los comicios se hubieran celebrado en los meses de otoño.

“Desde 1995 nunca había ocurrido y es la demostración de que en la actualidad la política española tiene enormes dificultades para generar acuerdos en los temas que los exigen. En materia de pensiones no hay espacio para la disidencia partidista, debe haber esfuerzo en la construcción de los consensos”, añadía Campuzano, subrayando la trascendencia histórica de lo acontecido en el Congreso el pasado 19 de febrero.

De otro lado, el portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, manifestó que el problema es que se había llegado a un grado de acuerdo tan amplio que frustarlo en estos momentos hace casi imposible que se pueda retomar con el consenso que tenía en la próxima legislatura.

De este modo, al no lograrse alcanzar el acuerdo, la situación llevará a aparcar los trabajos de la Comisión, y eventualmente retomarlos con el inicio de la siguiente legislatura. Aquí, las previsiones son poco halagüeñas, toda vez que no se sabe si los trabajos se retomarían desde donde se dejen en estos momentos o habría que comenzar de nuevo la redacción de las recomendaciones por la incursión en el Congreso de nuevos actores políticos, que tendrían voz y voto en el Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Este es precisamente el escenario que buscaban evitar todos los partidos, ya que supone un borrón y cuenta nueva a los trabajos llevados a cabo durante los últimos dos años.

Acuerdo de mínimos

A todo esto, lo que sí parece claro entre los expertos en la materia y los propios implicados en la negociación es que el borrador de recomendaciones, al que ha tenido acceso elEconomista Pensiones, para la reforma del Sistema no entraba al fondo de la cuestión de la crisis de las pensiones y del déficit de la Seguridad Social. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, criticaba recientemente que la Comisión se estaba “quitando el marrón de encima” y que no podían seguir sacando unas recomendaciones genéricas y continuistas respecto a las que se hicieron en 2011. “No creo que estemos haciendo los deberes en el Pacto de Toledo”, apuntaba Del Campo durante su intervención en un Seminario de Pensiones organizado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondo de Pensiones (Inverco).

En esta misma línea se expresaron fuentes sindicales consultadas por este medio, las cuales aseguran que el documento contaba con un alto grado de consenso, pero que sin embargo está destinado a reiniciar de cero la negociación en la siguiente legislatura, una vez se vuelva a convocar la Comisión para dar salidad a la deseada reforma de las pensiones, aunque con la concurrencia de nuevos actores y contrapesos de poder en el órgano. “No entraba al fondo de las cuestiones aunque contaba con un elevado consenso”, explican desde el sindicato UGT.

Revalorización con IPC

Sin embargo, en medio del desentendimiento y los cruces de declaraciones en las últimas horas de la negociación, fuentes de la comisión parlamentaria advertían a este diario que “tan solo existe consenso en la recomendación 2”, que hace referencia al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, en virtud de lo cual se pactó en septiembre la vinculación de las pensiones con la evolución de la inflación.

De este modo, al Gobierno de Pedro Sánchez aún le queda la posibilidad, al menos, de aprobar la vinculación de las pensiones al IPC a través de un Real Decreto-ley. Sin embargo, ni siquiera esto parece seguro. Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por elEconomista Pensiones no confirman que el Gobierno vaya a tomar esta determinación en plena cuenta atrás para el final de la legislatura. De hecho, se ponen de perfil ante esta posibilidad, y ello a pesar de que fue uno de los principales compromisos del Ejecutivo en el inicio de su breve mandato.

Cabe recordar que de este acuerdo emana la subida de las pensiones efectuada este 2019 del 1,6 por ciento para el conjunto de ellas y de un 3 por ciento en el caso de las mínimas para alcanzar un gasto de 151.492 millones de euros. Del total, la partida más importante de gasto corresponde a las pensiones contributivas, que se incrementan en un 6,4 por ciento respecto al año anterior y suman más de 135.267,63 millones de euros, un 10,8 por ciento del PIB previsto.

Un desembolso, más allá, que se pretende sufragar con unos ingresos de la Seguridad Social previstos en un total de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales, más del 7,5 por ciento respecto a 2018. Una cifra que se basa como principal fuente de financiación en las cotizaciones sociales, que se elevan al 77,14 por ciento del total de los ingresos.

En esta vía de urgencia de fijar la revalorización por decretazo, se ha sumado Unidos Podemos desde la confirmación de la fractura. Aunque ya reflejaron recientemente la división que existe con el PSOE, su principal interlocutor durante los meses que lleva Pedro Sánchez en La Moncloa, y con el resto de partidos en varias cuestiones clave que se estaban negociando en la Comisión parlamentaria y que estaba demorando la consecución de un acuerdo sobre las recomendaciones para la reforma de pensiones en los tiempos y formas deseados.

Tal y como informó Efe, varios miembros de la formación morada habían advertido al Gobierno de que no se vendería humo sobre la situación del sistema de pensiones, en relación a los consensos que se están alcanzando en la Comisión y, más concretamente, sobre la división en cuestiones fundamentales como la separación de fuentes de financiación, el refuerzo de la contributividad y el establecimiento de un factor de suficiencia para la cuantía de las pensiones.

Concretamente, desde Podemos se criticaba sobre la recomendación segunda que se pide canalizar a través de un decreto que el Gobierno ha vendido la derogación del Índice de Revalorización de la reforma del PP de 2013 que vinculaba la subida de las pensiones a la coyuntura financiera de la Seguridad Social y que fue dado por muerto tras el acuerdo alcanzado en la Comisión entre los partidos el pasado mes de diciembre, toda vez que en el Real Decreto-ley para la subida de las pensiones de 2019 -firmado en el último Consejo de Ministros de 2018 y convalidado por el Congreso de los Diputados a finales de enero- se habla de acordar en un plazo de seis meses un nuevo modelo de revalorización en el marco del diálogo social. Además, se quejan de que no se ponga encima de la mesa la derogación completa del Factor de Sostenibilidad, ahora demorado hasta 2023.

La última baza socialista

El PSOE, sin embargo, lanzó después de la ruptura un último intento para salvar la reforma de las pensiones haciendo llegar a los grupos de la Comisión un documento que incluía tan solo las recomendaciones 1 y 2, referentes a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, con el objetivo de salvar los muebles después del desánimo global tras el fracaso de las negociaciones.

Sin embargo, las posibilidades de acuerdo se anularon, más aún cuando la mesa de portavoces de la Comisión y la presidenta de la misma, Celia Villalobos, votaron durante el día de ayer la convocatoria de una reunión extraordinaria que tan solo fue apoyada por PSOE y Unidos Podemos.