Diez años para evitar la quiebra
del sistema de pensiones español

Apuntalar las pensiones pasa necesariamente por trabajar más y con más productividad para relanzar las cotizaciones y los ingresos de la Seguridad Social

30 ene 2019 / 09:12 H.

Tres son los frentes sobre los que deberán trabajar este Gobierno y los sucesivos, durante la decisiva próxima década, para garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones español: la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, el avance necesario de los salarios para elevar la necesitada recaudación por cotizaciones sociales aún insuficiente para sufragar un gasto creciente en pensiones, y la compensación de los desequilibrios demográficos previstos, derivados de una pirámide de población envejecida, el aumento de la esperanza de vida, y la próxima jubilación de la generación del baby-boom, que ejercerá una presión adicional sobre las cuentas.

Recientemente, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado evidenció, en un encuentro en el Consejo General de Economistas, que la próxima década es clave para afrontar los retos de la Seguridad Social. Dio por un lado una sólida esperanza, asegurando que el sistema de pensiones sí tiene arreglo, pero acotó la estabilidad sólo “para los próximos 10 años”, lo que obliga a adoptar medidas a corto, medio y largo plazo que modifiquen la actual inercia de insuficiencia de ingresos frente al gasto en pensiones.

En este sentido se pronunció recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al emitir su Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social. El organismo cuenta con una habilitación legal para emitir tal dictamen cuando detecta un desajuste en las cuentas del Sistema de carácter estructural, como así ha sido; es decir, un desequilibrio entre ingresos y gastos permanente, que no depende del ciclo económico ni la evolución de la actividad y el empleo. Sitúa AIReF esa brecha entre el 1,3 y el 1,5 por ciento del PIB, esto es entre 15.000 y 18.000 millones de euros anuales, así, de entrada. De hecho, el préstamo del Tesoro para evitar acudir -y agotar- el Fondo de Reserva se ha enquistado ya en los 15.000 millones de euros.

Por ello, el organismo que preside José Luis Escrivá invita a adoptar ya reformas encaminadas a rebajar ese suelo de 15.000 millones de números rojos, y su principal recomendación es abogar por reformas pactadas, habida cuenta de que las impuestas, como la de 2013, acaban quedándose en papel mojado por su impopularidad. La reforma de 2013 introdujo un mecanismo de actualización de las pensiones con el IRP, una fórmula que propició exiguas subidas del 0,25 por ciento, y una merma en las nuevas pensiones iniciales marcada por un coeficiente llamado factor de sostenibilidad. Esa norma ha caído en desuso por el lado de la revalorización, al retomarse por acuerdo político la actualización con la inflación, y por el lado del factor de sostenibilidad se mantiene inaplicada por el momento. De entrada, en 2018 y 2019 se operó un cambio para que las pensiones se revaloricen al 1,6 por ciento y se actualicen a posteriori al IPC definitivo, por encima del 0,25 que de facto se aplicaba en base al IRP desde el año 2014. El Banco de España señala que esta medida supondría un incremento del gasto de unos 2.500 millones de euros en 2018 y de unos 5.300 millones en 2019.

Tendremos que trabajar más

Con estas medidas en punto muerto, AIReF aboga por fórmulas que ahonden en las líneas de la anterior reforma, la de 2011, encaminada a retrasar la edad de retiro y a computar más años de vida laboral para la pensión. En un reciente encuentro con periodistas especializados, Granado manifestó su coincidencia con las recomendaciones de AIReF en este punto y recalcó que su Ministerio aboga -como adelantó elEconomista Pensiones en su edición de diciembre- por adoptar medidas que retrasen la edad efectiva de jubilación, sin tocar la edad legal -actualmente 65 años y 8 meses, en virtud del aumento paulatino marcado por la normativa para que esta se sitúe en los 67 años en 2027-. Esas actuaciones, aún por determinar, se basarán en incentivos a la permanencia en el mercado laboral, así como penalizaciones y recargos de cotización en las jubilaciones anticipadas.

Para aplacar el desafío demográfico, el Gobierno apuesta decididamente por la importación de mano de obra extranjera, y destierra los argumentos negativos sobre la inmigración, dado su fuerte potencial para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y su virtualidad para variar los patrones de la pirámide poblacional, al ofrecer escenarios más favorables de natalidad y una virtualidad de variar la actual composición de la pirámide poblacional.

Impulso a la productividad

Otro de los mantras que rodean al análisis de la maltrecha situación del Sistema son las condiciones actuales del mercado de trabajo, que pese a haber recuperado los niveles de afiliación del año 2007, previo a la crisis, y un paro en cifras cercanas a las de 2008, los salarios han continuado bajando durante los años de la recuperación. Según el último informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios reales registraron un retroceso del 1,8 por ciento en España en 2017, mientras que la economía creció en el mismo periodo un 3,1 por ciento.

Desde 2008, los salarios en España han bajado un 4 por ciento. De hecho, según los datos de la institución, los sueldos reales en España registraron una caída del 0,1 por ciento en 2016, tras aumentar un 1,6 por ciento un año antes, mantenerse estables en 2014 y bajar un 1,4 por ciento en 2013.

Precisamente, en la presentación de las cifras de desempleo y afiliación del conjunto de 2018, el secretario de Estado de la Seguridad Social explicaba que la evolución del empleo no es suficiente para reducir la tensión financiera sobre el Sistema, ya que entre otros motivos “los salarios siguen siendo bajos” e insuficientes para sufragar por vía cotizaciones unas altas de pensión que se sitúan de media en los 1.400 euros, muy por encima de los 1.106,18 euros de media que disfrutan los jubilados en la actualidad.

Y es que el alza salarial es una variable directamente relacionada con las ganancias de productividad, asignatura en la que pincha la economía española. Por ello, los expertos demandan políticas encaminadas a elevarla en orden a generar mayores cotizaciones y, por ende, superiores ingresos para las arcas de la Seguridad Social.

En cualquier caso, el Ejecutivo estudia fórmulas para propiciar esa nivelación entre ingresos y gastos, que pasan necesariamente por trabajar más, de modo que los años de vida laboral guarden una relación más proporcionada con la superior esperanza de vida, situada, en media, en los 83 años. La medida más inmediata es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, ya que tras elevarse la segunda se ha producido el efecto contrario del deseado: una anticipación de los retiros. La voluntad del Gobierno es llevar gradualmente la edad efectiva de retiro, actualmente inferior a los 63 años, hasta los 65,5 en 2048, momento en que las cuentas llevarán 20 años soportando las jubilaciones de la numerosa generación del baby-boom.

Por otra parte, se identifica como un gran avance la voluntad del Ejecutivo de consensuar cualquier medida o reforma, visto el fracaso de las no pactadas. Ello brinda a los agentes sociales un papel clave en el diseño del nuevo modelo, y sitúa al Pacto de Toledo en el centro del tablero, una comisión que en próximas semanas redefinirá sus recomendaciones.